Tomas, balas y abandono: La olla a presión de Alto Hospicio

Víctor Vega (34), enfermero iquiqueño, está a cargo del Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU) de Alto Hospicio. Con 200 funcionarios bajo su mando, organiza el trabajo de las ambulancias que deben ir a las tomas de terreno que hay en la ciudad, que han tenido un alza explosiva: en cuatro años, la cantidad de familias que viven en campamentos se triplicó.

Cuando Vega llegó a Alto Hospicio en 2010, las emergencias tenían muy poco que ver con delitos: “En ese tiempo atendíamos harto accidente de tránsito o caídas de altura. También teníamos que trasladar a muchas mujeres en labor de parto, porque no había hospital”.

Cuando se acuerda de esos primeros años en el servicio, y piensa en lo que ha tenido que ver en las tomas de la comuna, como El Boro, La Mula o La Pampa, asume que es un cambio del cielo a la tierra.

“Es que ya no podemos trabajar tranquilos”, lamenta.

Desde el inicio de la pandemia, Alto Hospicio ha experimentado un vertiginoso aumento en sus campamentos. Su alcalde, Patricio Ferreira (DC), lo grafica:

“Estimamos que hay unas 40 mil personas en la comuna viviendo en tomas. De esas, unas 28 mil son migrantes, y la mitad de estos, irregulares -dice el edil-. Si consideramos que la población de Alto Hospicio son aproximadamente 120 mil personas, tenemos un cuarto de la población viviendo sin servicios básicos”.

Ferreira acusa que esta situación tiene a la comuna colapsada. Primero, porque tiene un presupuesto menor comparado a otras comunas con la misma o menor cantidad de población: “Estamos gastando cerca del 10% del presupuesto anual de la comuna ayudando a las tomas, retirando la basura o entregando agua -asegura-. Pero los tenemos que ayudar por un tema humanitario, para que vivan lo mejor posible”.

Lo otro que lamenta Ferreira es que no han parado de llegar inmigrantes ilegales, sin identificación. Esta situación también colapsa los limitados servicios públicos de la comuna: la salud, la labor de Carabineros e incluso la justicia.

Ferreira dice que los delitos en la comuna están más violentos. De hecho, en la toma llamada La Mula, que nació durante la pandemia, se supo en marzo pasado que operaba un brazo del Tren de Aragua.

Cuando Vega y su gente deben ir en ambulancia a esas tomas, se encuentran con emergencias cada vez más brutales: “Vemos heridos de bala de armas cortas y metralletas -declara Vega-. Salimos entre cinco y siete veces al mes por impactos de bala”.

La fiscal jefa de Alto Hospicio, Virginia Aravena, asegura que los delitos en la zona tienen directa relación con el narcotráfico, el control territorial y la guerra entre bandas. Lo califica como una lógica “mexicana” de cometer crímenes.

Y como son migrantes ilegales quienes están detrás de esos delitos, es más difícil perseguirlos: “Aparecen cuerpos baleados en el desierto, pero no sabemos quiénes son -señala Aravena-. Solo sabemos que son extranjeros porque no encontramos sus huellas en el sistema”.

Vega dice que su personal de ambulancia ha sufrido agresiones y aprietes. De hecho, semanas atrás les ocurrió una situación insólita mientras trasladaban a un paciente riesgoso desde la Cárcel de Alto Hospicio al Hospital Regional de Iquique.

“En la ambulancia iban el paramédico, el conductor y dos gendarmes. En eso, un vehículo se empezó a poner al frente de la ambulancia, forzando a que bajara la velocidad -recuerda Vega-. Un gendarme le dijo al chofer que no frenara y que lo esquivara. De hecho, ellos cargaron su armamento. Pudo haber pasado a mayores”.

Lo que interpretaron era que los del vehículo querían rescatar al reo. Ese episodio marcó a los funcionarios. “Fue fuerte. Quedaron todos asustados”, comenta Vega.

Cuando el alcalde se enteró, reaccionó de inmediato. Mandó a comprar seis cascos y seis chalecos antibalas para los paramédicos y choferes de las ambulancias. Se los ponen cada vez que van a lugares de alto riesgo. A Vega, si bien agradeció la gestión, no le gustó una cosa:

“La indumentaria nos puede salvar la vida de un impacto de bala. Pero nosotros deberíamos ir a un lugar que ya está asegurado -critica-. Eso lo dice la literatura: si la escena es insegura, yo debería volver a la base con mi equipo profesional”.

Con algo de impotencia, Vega lanza:

“Estamos asumiendo como profesionales de la salud un riesgo que les corresponde a los cuerpos de seguridad pública”.

Alto Hospicio surgió como un apéndice de Iquique, ciudad con la que colinda: solo una cadena de cerros los divide. La comuna es relativamente nueva. Fue fundada el año 2004, y desde entonces ha tenido solo dos alcaldes: Ferreira y su antecesor, Ramón Galleguillos (ex UDI).

Galleguillos vive en la comuna desde hace 25 años. Dice que en Alto Hospicio había plantaciones de hortalizas, pero que fue creciendo durante la dictadura, cuando se empezó a ubicar en esos terrenos a los habitantes más pobres de Iquique.

El exedil explica en sencillo la razón por la cual en el lugar tienden a aparecer campamentos: “Iquique es un lugar estrecho, entre el mar y el cerro. Hay poco lugar para construir. No como Alto Hospicio”.

En esos años, dice Galleguillos, eran chilenos, bolivianos y peruanos quienes se tomaban los terrenos. Pero hacia el año 2016, empezaron a ver la inmigración masiva de colombianos, ecuatorianos y venezolanos, que fundaron nuevos campamentos.

Esto lo respaldan las estadísticas: según cifras de Techo, en 2016 había siete campamentos en Alto Hospicio. Al año siguiente, ya eran 21. Al 2021, ya son 49. Desde la institución confirman que Alto Hospicio es la segunda comuna con más tomas en Chile, detrás de Viña del Mar.

Eso sí, la migración no es la única explicación a las tomas en esta parte de Tarapacá. Diana Vargas, periodista, dirigenta y pobladora desde hace seis años de El Boro, dice que antes de vivir en el campamento ella arrendaba una casa en la comuna.

“Pero con el terremoto del 2014, los precios de los arriendos se dispararon -lamenta-: pasé de pagar 250 mil pesos a 600 mil. La única solución para vivir con mi familia fue una toma”.

Esto le hace sentido a Isidora Lazcano, directora social de Techo.

“No es solo la migración lo que explica el crecimiento exponencial de los campamentos -sostiene-. Según nuestro último catastro, el 50% de las familias que llegan a vivir a campamentos fueron empujadas a vivir ahí por razones económicas: porque perdieron el trabajo o porque les subió el arriendo”.

Así, Alto Hospicio pasó de los 50 mil habitantes de 2002 a tener 131 mil en 2018, según cifras del censo.

El problema, afirma el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, es que la infraestructura de servicios de la ciudad no creció a la par de su población. “El Estado no acompañó ni reguló ese crecimiento, ni aportó el equipamiento para que la comuna pueda sostenerse por sí misma”.

A todo esto se suma el factor económico: Alto Hospicio sigue siendo de las comunas más pobres de Chile, con una tasa del 7,6% según la Casen del 2017. En esa línea, Tarapacá es la tercera región más pobre de Chile, según la misma encuesta del año 2020.

Pero el punto de quiebre, según la fiscal Aravena, llegó el 2021: a fines de septiembre, un grupo de iquiqueños, en una marcha en contra de la migración descontrolada en el balneario, quemaron las carpas y ropas de migrantes venezolanos que, literalmente, quedaron sin nada. Después de eso, muchos huyeron a Alto Hospicio, donde se instalaron definitivamente.

Así, en muy poco tiempo, las tomas crecieron de forma explosiva. Una de ellas, La Mula, es el lugar que todas las autoridades catalogan como crítico.

Con esa llegada, relata Aravena, aparecieron crímenes inéditos: “Empezaron a cobrar por tomarse terrenos, a cobrar por peaje en las tomas. Si tienen problemas, los solucionan a disparos”.

Diana Vargas dice que las poblaciones están prácticamente secuestradas por la delincuencia. “En La Mula estaban pidiendo dinero a cambio de protección. Hay vecinos que se negaron y les quemaron las casas”.

De hecho, el mismo alcalde Ferreira denuncia que en esa población encontraron a una persona con signos de tortura: le habían cortado la nariz y parte del labio.

La situación llegó a tal punto, dice Víctor Vega, que días atrás una de sus ambulancias fue a El Boro a atender a un paciente con ocho balazos en el cuerpo. Cuando el equipo llegó, vieron que había una muchedumbre que los rodeaba. Uno de los paramédicos no podía dar crédito a lo que veía, cuenta Vega:

“Se dio cuenta de que varios tenían pistolas en sus manos”.

El alcalde Ferreira acusa que el Estado tiene totalmente abandonado a Alto Hospicio: “Llevamos tres gobiernos y no hemos recibido ayuda de ninguno. No tenemos colegios para matricular más niños, nos faltan más Cesfam, pavimentar calles, más cuarteles de bomberos… Estamos colapsados”.

Galleguillos, tras dejar la alcaldía, fue electo como diputado por la zona. Fue allí, dice, que perdió la esperanza de conseguir ayuda para la comuna. “Confirmé que Santiago es Chile. Allá se cuecen las habas y a las autoridades no les importamos”.

El delegado Quinteros también lamenta el abandono que ha tenido el Estado en la comuna. Al respecto, asegura que están empujando para que en la zona de La Mula se construya una comisaría y que el gobierno regional comprometió un proyecto de cámaras de vigilancia. Pero en lo otro que hace énfasis Quinteros es que hace falta mucha infraestructura para la gente de la comuna.

En Alto Hospicio no hay hospital. Fue anunciada la construcción de uno en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero aún no se inaugura. Toda esa carga se la llevan los Cesfam y recintos menores. La salud en la comuna, dice el alcalde, está desbordada, considerando que también atienden a la población migrante.

“El Cesfam Pedro Pulgar atiende a más de 70 mil personas -explica-. Un Cesfam debería atender a la mitad de esa gente”.

La fiscal Aravena advierte que de los 40 homicidios que van en la región en el año, 18 son en Alto Hospicio. Preocupante, considerando otro dato: desde enero del 2021 a la fecha, en Hospicio van 855 robos violentos: 246 más que en Iquique, una ciudad que tiene casi 100 mil habitantes más.

La dotación de carabineros y fiscales, apunta Aravena, es insuficiente para perseguir todos los delitos de la comuna: “Tenemos solo una fiscalía, con cuatro fiscales. Hay 160 carabineros en una sola comisaría, para 160 mil personas”.

Aravena revela otro dato que da cuenta de la falta de recursos del Poder Judicial en la zona: “Los tribunales ya no van a notificar a los imputados a esos lugares, porque es muy peligroso: van los carabineros. Al final retrasa a la justicia y recarga a Carabineros”.

La situación es tan grave que este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Iquique a liderar la cuarta sesión del Consejo Asesor Regional Contra el Crimen Organizado. Allí, confirmó que a fines de octubre le entregarán al Presidente un documento con una propuesta para enfrentar ese problema.

Desde el Serviu de Tarapacá adelantaron que el Minvu está construyendo en Tarapacá 4.500 casas y se están haciendo estudios de suelo con la idea de construir más.

Todo esto mientras las salidas de Vega y sus colegas paramédicos se vuelven cada vez más tensas. Pero el problema se está trasladando a los recintos asistenciales:

“Una vez ingresó al SAR La Tortuga un paciente baleado. Tuvimos que cerrar con rejas el perímetro, porque andaban unos vehículos dando vueltas. Lo querían rematar”.

Vega dice que su equipo está en constante chequeo psicológico. Incluso, han aplicado pausas activas, para descomprimir a los que han estado muy expuestos. En las salidas, como un ritual, se ponen el chaleco antibalas, el casco y, quienes son creyentes, se encomiendan siempre a Dios.

De tanto recorrer las calles de Alto Hospicio y hablar con la gente, Vega no se saca de la mente una idea: hay un descontento creciendo todos los días.

“Yo creo que la gente se va a terminar defendiendo sola. Va a manifestar su descontento saliendo a las calles. Es el caldo de cultivo de un estallido social o como quieras llamarlo. Es que si no pescan a las autoridades, al alcalde, que nos representan, tarde o temprano el pueblo se va a manifestar”.