Un balazo en el pie: el castigo a las prisioneras del Tren de Aragua

Una mujer llega de urgencia al Hospital del Profesor. Es el 6 de enero del 2023. La mujer, con evidentes muestras de dolor, cuenta que tiene una bala en el pie. Esa mujer, según lograron reconstruir investigadores en base a testimonios de terceros, se llamaba Isabel. La dirección que entregó como domicilio en el servicio de urgencias era una en la calle Lira, en el centro de Santiago. Explicó que la habían asaltado unos chilenos. Pero luego se contradijo en una declaración posterior.

La bala llegó al pie de Isabel por una razón. Se explica por todo lo que tuvo que pasar desde que había llegado a Chile.

Ella, una venezolana de 20 años, necesitaba dinero. La situación económica de ese país, donde ella vivía, era límite. Era 2022. Su familia pasaba por un mal momento económico y ella era uno de los principales sostenes financieros para su madre. Trabajar, en esas condiciones de crisis, apenas le permitía alimentarse y cubrir gastos básicos.

En eso una persona se fijó en Isabel -no es su nombre real, para protegerla-. Era alguien cercano a su entorno. Le dijo que tenía contactos en Chile. Que allá tenía una oportunidad laboral.

Todo esto lo relata la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Carolina Suazo.

-Ellas acceden a venir por su voluntad. Pero ese consentimiento no importa, según el protocolo de trata de personas. Porque la necesidad económica de ellas es muy alta -dice Suazo-. Casi todas tienen hijos menores de edad o familia que mantener en su país de origen. Están desesperadas por lograr, incluso, la alimentación básica. Por eso, una oferta de trabajo de este tipo es muy tentadora para después enviar dinero a su país.

El país que tiene más víctimas captadas, dice Suazo, es Venezuela. “Vienen tanto de ciudades grandes como de pueblos pequeños”, asevera.

La captación tiene dos tipos de víctimas, detalla la subprefecta Elena Hidalgo, que es la jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana.

Unas a las que les dicen que van a trabajar en actividades no relacionadas al sexo. En cambio, hay otras a las que sí les dicen que van a venir a ofrecer servicios sexuales, “aunque con condiciones muy diferentes a las que les ofrecieron”.

Lo que dice la persecutora es que a Isabel la engañaron. Los miembros de la organización le explicaron de qué se trataba el trabajo: la iban a llevar a Chile a ganar dinero. Le iban a costear los pasajes y coordinar su ingreso a Chile, pero ella tenía que devolver el dinero en cuotas. Le dijeron que eran cinco millones de pesos. Pero ellas entendieron que eran pesos colombianos (casi $ 1.165.000). Recién en Santiago les aclararon que eran pesos chilenos. A otras víctimas les cobran hasta 10 millones de pesos.

-Primero les dicen que les va a ir súper bien, que van a ganar dinero -dice Hidalgo-. Pero luego empiezan las ambigüedades: les dicen que el ingreso al país va a ser por la vía regular y luego se enteran que es por vía irregular.

A la deuda, dice Suazo, se le llama “multa”. Es uno de los varios modismos que usan las bandas extranjeras para identificar aspectos de su negocio.

-Les empiezan a hacer cobros para que la multa crezca mucho más de lo que originalmente habían acordado. Por ejemplo: si se demoró mucho con el cliente, tiene que pagar más. Les cobran arriendo, les cobran alimentación. Por eso, hemos visto casos en que las víctimas para poder alimentarse tienen que cobrar servicios adicionales, con un costo tremendo para ellas, obviamente.

La multa así se iba haciendo cada vez más grande. Es una parte esencial para que el mercado de trata de personas sea uno de los más grandes y lucrativos para el crimen organizado, detalla Hidalgo.

Así, cuando Isabel llegó a Chile le dijeron que el trabajo que debía realizar era prestar servicios sexuales. Y que no podía intentar escapar. Le dijeron que no era un juego: le mostraron armas de fuego para intimidarla. Le mostraron dónde tenía que vivir: un domicilio en el centro de Santiago con otras seis mujeres.

Luego, le mostraron el trabajo: tenía que pararse en la Plaza de Armas a ofrecer sus servicios. Por pararse al día en la plaza tenía que pagar $ 50 mil. Por pararse durante toda la semana, además, tenía que pagar $ 100 mil.

Los servicios, tanto de Isabel como de las otras víctimas, los tenían que entregar en distintos lugares del centro de Santiago, arrendados por la misma organización: cinco departamentos en un edificio residencial en la calle Lira y tres departamentos en el Portal Fernández Concha. También, cuando se tenían que parar en la esquina de 10 de Julio con Vicuña Mackenna, utilizaban uno ubicado en la calle Argomedo, a dos cuadras.

Por eso, cuando los investigadores ya tenían identificada a la banda, llegaron al dato de que una mujer en el Hospital del Profesor con un balazo en el pie había entregado la misma dirección del edificio de Lira. Allí, cruzaron los datos y se dieron cuenta de que ese balazo no era una casualidad, sino que un castigo.

-Así funcionaba esta banda. No hay amonestaciones. Cuando las víctimas no pagan la multa, son castigadas con un “patero”. Es decir, con un balazo en el pie.

Lo que le pasó a Isabel no era aislado. La fiscal Suazo dice que si bien en esta causa es el único caso, en otras investigaciones por trata han encontrado en los teléfonos de los imputados fotografías de balazos en pies. “Esas imágenes eran enviadas al extranjero o dentro de Chile para acreditar los castigos y mostrar que estaban cumpliendo con sus tareas”, dice.

Suazo recuerda que la primera vez que escucharon del “patero” fue en una causa por trata a mediados de 2022. Allí, una víctima explicó que recibió un balazo en el pie porque no pagó. Luego se fue repitiendo, en base a fotografías, conversaciones y relatos.

El balazo también es una muestra de poder hacia las otras mujeres que estaban siendo tratadas. Es una señal, dicen las investigadoras, de la violencia con la que actuaban estas bandas.

Lo otro que encontraron en las indagatorias es la forma en que funcionaba el negocio.

Las víctimas eran explotadas en “plazas”, es decir, sectores donde debían ofertar sus servicios sexuales. Podía ser 10 de Julio, la Plaza de Armas o el mismo Parque Bustamante.

Los miembros de la organización que captaban clientes se llamaban “llaveros”. Eran los encargados de coordinar el traslado de las víctimas a los lugares donde iban a prestar el servicio. También gestionaban los clientes que llegaban a través de páginas web de escorts, haciéndose pasar por las víctimas para agendar un servicio.

Los “llaveros” contactaban a los “taxistas” o “transportistas”: choferes dedicados a prestar servicios a la empresa para transportar a las víctimas a domicilios particulares, moteles o los departamentos de la organización.

-Cuando se presta el servicio sexual y el cliente transfiere la plata, el “transportista” espera a la víctima y la lleva al siguiente lugar donde será explotada- dice Suazo.

Las víctimas, suma la subprefecta Hidalgo, eran obligadas a tener relaciones de siete a 12 veces por día.

En todo momento, tanto los “llaveros” como los “taxistas” están vigilando las acciones y movimientos de la víctima para evitar un escape.

La banda que explotaba a Isabel tenía un vínculo con el Tren de Aragua. Si bien, dice Suazo, no era directo, es con el mismo mecanismo con el que el Tren funciona: de forma descentralizada, con muchas células dedicadas a distintos negocios. Una fuente policial indica algo más: “Las bandas de trata que operan en la RM son del Tren de Aragua y de Los Orientales: Los Piratas y Los Gallegos”.

El líder de la organización, quien arrendaba los domicilios, era Lewis Ponce. Otros dos, José Rodríguez y Luis Osal, coordinaban la captación y la explotación de las víctimas, incluso estando privados de libertad.

La banda se comportaba como una empresa, con una jerarquía establecida y proyecciones de negocio. Por eso, dice Suazo, tienen la necesidad de mantener contacto y coordinarse con sus competidores. Hay al menos cuatro bandas identificadas en la RM, dice la fiscal.

Osal es un ejemplo de esto: también tenía la labor de resolver conflictos con otras organizaciones. Uno de ellos fue un homicidio a un miembro de una banda rival.

-Hemos constatado en causas formalizadas -dice Suazo- que existen conflictos acreditados por quitadas de mujeres. O, también, cuando una banda exige una multa más alta que el resto.

En este tipo de organizaciones hay más reglas: “Algunas establecen que los tratantes pueden explotar ellos mismos libremente a la víctima. En cambio, otras dicen que no puede haber relaciones afectivas ni sexuales con las víctimas. Y si las hay, ese integrante debe hacerse cargo del pago de la multa. Porque finalmente esto tiene que ver con que la víctima se va a ir. Y ellos quieren que la víctima se mantenga”, dice Suazo.

En la organización también había mujeres: una de ellas era Alexandra Milano, quien administraba el dinero que recaudaban las víctimas y las vigilaba para que no escaparan.

“Hay mujeres que generan lazos de pertenencia. Por esta condición de vulnerabilidad desarrollan afectos y lazos de permanencia. Luego, van escalando y pasan a ser parte derechamente de la organización o se descuelgan. Y se transforman derechamente en tratantes. Y tienen relaciones con gente de la estructura”, dice una fuente policial en reserva.

La crueldad que vieron en estos castigos es algo inédito en Chile, dicen las investigadoras. Algo que les sorprende es que los miembros de esas bandas sean tan crueles con mujeres de su mismo país. Muchos de ellos, incluso, son jóvenes. La edad promedio de ellos, añade otra fuente policial en reserva, es de unos 26 años.

Suazo cuenta que el “patero” ha ido en declive. Una de las razones por las que se ve menos, conjetura Suazo, es que al ser heridas y necesitar asistencia, pudieran rastrear a los miembros de la organización.

El “patero”, eso sí, mutó a otra forma de castigo: dejar a las víctimas encerradas y amarradas, sin comer, durante varios días.

Hasta hoy no se sabe quién le pegó el balazo a Isabel en su pie. Ella no declaró. Luego, desapareció. No se supo más de su paradero.

Suazo dice que es una muestra de por qué es tan difícil reunir testimonios de las víctimas.

-Si a usted le pegan un “patero” y la tienen amenazada durante meses, ¿qué hace? Evidentemente, se escapa y no quiere saber nada más.

La banda que tenía cautiva a Isabel cayó a los pocos meses.

En el marco de las investigaciones que realiza Interpol dentro de las Operaciones Turquesa, que buscan focos de trata de personas, se encontró en una fiscalización en la Plaza de Armas el 26 de noviembre de 2022 a una víctima menor de edad. Gracias a ella llegaron a otras dos víctimas mayores de edad. Los siete integrantes fueron detenidos en Santiago.

Luego de desbaratar la red, se dieron cuenta de otra cosa: dos PDI, Nicolás Ortega y Sebastián Peredo, estaban colaborando con información a la organización. “Les entregaban información de las bases de datos de la PDI a los imputados, además de futuros procedimientos relacionados con las víctimas”, detalla Suazo.

Según lo que logró determinar la fiscal Suazo, la organización tuvo, a lo largo de 16 meses, cerca de 100 mujeres explotadas en distintos momentos. Iban rotando a medida que pagaban la multa.

Lo otro que se dieron cuenta al abrir los movimientos bancarios: la organización generó 106 millones de pesos mensuales en ganancias. Es decir: 1.700 millones de pesos durante todo el tiempo que funcionó.

En otra banda que cayó en diciembre, dice Hidalgo, hallaron una ganancia de cuatro mil millones de pesos. Explotaban entre 50 y 60 mujeres.

En enero pasado, el Centro de Políticas Migratorias publicó un informe sobre la trata de personas en Chile. Allí, mostraron un aumento fuerte en el número de víctimas en la última década.

Juan Pablo Ramacciotti, director ejecutivo de esa institución, según datos del Ministerio Público a los que accedieron, se han registrado 771 víctimas de trata de personas en Chile entre el 2011 y el 2023. “De ellas, más del 90% son mujeres víctimas de trata sexual”. Y agregó: “Esto va al alza: si el 2012 había ocho casos, el 2023 tuvo 102″.

A los siete imputados de la banda de calle Lira se les acusa de asociación ilícita y trata de personas. Arriesgan presidio perpetuo simple.

El domicilio en Lira ya no se usa más. La banda cayó. Aunque el miedo de la fiscal Suazo es que estas bandas se reorganizan rápidamente. “En diciembre hubo un procedimiento donde se encontraron personas siendo tratadas en la Plaza de Armas. Y no descartamos que tengan vínculos con esta organización”.

De todo esto, hay algo que les llama mucho la atención a las investigadoras: la alta demanda que existe por servicios sexuales.

-Lo interesante de este fenómeno es ¿qué pasa que les va tan bien? ¿Por qué les va tan bien? Porque hay demanda. Para que una mujer sea explotada seis a 12 o 15 veces al día algo está pasando.

Hidalgo suma algo más.

-Hoy, es probable que si buscas a una escort en un sitio como Skokka, Chimbis o Sexosur, te encuentres una persona que está siendo tratada. Lo digo porque hemos encontrado a las víctimas publicadas en esas páginas.