Un padre, dos hijos y 19 kilos de droga

Era mayo del 2022 y la PDI estaba tras los pasos de Daniel Ulloa Gatica, un exfuncionario de la PDI que fue cesado de su cargo tras ser condenado en una causa por tráfico de drogas. Había salido en libertad hacía semanas, tras 20 años de presidio, y se dieron cuenta de que estaba volviendo a su antiguo negocio: envió un kilo de cocaína a través de un tercero para comercializarlo en la Región de Aysén. Poco después, ese colaborador de Ulloa fue detenido por Carabineros en Puerto Cisnes.

Sólo que las escuchas traían algo más: al personal de la PDI le llamó la atención que había una serie de llamados telefónicos de otros sujetos que tenían contacto con esta red de narcotráfico.

Cuando localizaron de dónde venían las llamadas, se dieron cuenta de que quienes hablaban pertenecían a una familia de ingenieros del sector oriente de Santiago. Tenían una empresa, GMS Mining Technologies, dedicada a prestar servicios a la minería.

Los llamados continuaron. Dejaban entrever, según detalla la fiscal María Inés Núñez, que estaban organizando la internación de un cargamento de droga a Coyhaique. Uno de los empleados de la empresa también fue apuntado como parte de la organización.

“Las personas de esta empresa -sigue la persecutora- tenían un plan para ir al norte del país, a Tarapacá, transportar la droga a Santiago, compactarla, dimensionarla en la empresa, para luego llevarla a Coyhaique”.

Pronto se dieron cuenta de que los tres profesionales que oían en las interceptaciones telefónicas tenían una relación de parentesco entre sí: el padre era Fernando Yáñez (65). Junto a su hijo Felipe Cid Thielemann (47), fruto de la relación anterior de su exesposa, e Ignacio Yáñez Thielemann (36), su hijo biológico, estaban planificando otro tipo de negocio, según determinó la PDI: comprar droga con los contactos de Ulloa Gatica en Bolivia, internarla al país, procesarla y venderla en Coyhaique.

“Es que vender droga en la Región de Aysén -explica el subprefecto Jorge Collao, jefe de la Brigada Antinarcóticos Coyhaique- suponía un beneficio económico mayor: el gramo de cocaína acá cuesta 25 mil pesos, unas dos o tres veces más de lo que vale en Santiago”.

En las escuchas, relata la fiscal, las conversaciones mezclaban temas propios del negocio que llevaban, junto con el narcotráfico. Todo esto motivó la detención de la banda, conformada por nueve sujetos.

Según el subprefecto Collao, cuando la PDI allanó la empresa GMS, encontraron un kilo de cocaína en la oficina de Felipe Cid. A Fernando Yáñez, el padre, lo detuvieron en flagrancia en el norte transportando droga. También se incautó una escopeta con 37 cartuchos perteneciente a otro miembro de la banda. A los hermanos los detuvieron en sus domicilios en la comuna de Las Condes.

Fernando Yáñez Fuentes, el dueño de la empresa minera GMS, era una persona atípica. Según comentan sus colaboradores, tenía una personalidad muy exigente y agresiva.

“El ambiente lo echaba a perder Fernando -comenta en reserva una administrativa de la empresa-. Tenía un genio medio complicado. Era bipolar: a veces explotaba en rabia, les gritaba a los empleados, pero otras veces andaba tranquilo”.

La empresa inició sus actividades en febrero del año 2010. Abrieron sus oficinas en la calle Samoa, dentro de la comuna de Vitacura. Al principio la cosa iba bien, dice una antigua colaboradora: “Teníamos contratos, por ejemplo, con la minera Quebrada Blanca o Pascua Lama. Se invertía en tecnología y trajeron más ingenieros, gente muy preparada”.

A la empresa llegaron a trabajar sus dos hijos. Su hijastro, Felipe Cid Thielemann (47), un ingeniero mecánico que nació en el matrimonio anterior de su exesposa. Su padre falleció en 1981 de una insuficiencia respiratoria, cuando Cid tenía seis años. Al tiempo, se formó una relación con la madre de Felipe, de la cual nació cinco años después Ignacio Yáñez Thielemann (36), ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Ambos egresaron del Colegio San Ignacio de El Bosque, con 10 años de diferencia.

La familia, según cuentan quienes trabajaron ahí, no tenía un perfil clásico de clase alta: “Ellos aparentaban que eran gente de plata, pero en el fondo no lo eran -indica la administrativa-. Intentaban serlo, quizás”.

También notaban una diferencia de las personalidades: mientras Felipe era gentil, pero más desordenado y explosivo, Ignacio era más bien estructurado.

El negocio tuvo un buen comienzo. Lo que llamaba la atención de todos en la empresa era que Fernando Yáñez se definía a sí mismo como un innovador. Tenía una visión muy grande de lo que quería lograr.

“Él siempre decía que era un visionario -dice una administrativa-. Se la creía. Decía que él podía ver más allá que nosotros, que nosotros no veíamos nada. A algunos les hizo leer la biografía de Steve Jobs para que entendieran lo que él buscaba”.

Las labores entre sus dos hijos se marcaban de forma evidente: mientras Ignacio Yáñez, recién egresado, se quedaba en la oficina viendo temas administrativos y de la gerencia, a Felipe Cid lo mandaban a cumplir labores en terreno. Esto fue generando roces entre la familia. Desde afuera, se notaba que había una preferencia de Yáñez por su hijo biológico.

“Entre ellos la relación no era la mejor, porque siempre la plata estuvo de por medio -comenta la colaboradora-. Como que Fernando miraba para abajo a Felipe. Era una relación súper tóxica. Peleaban mucho. Lo tiraba para abajo, porque era el hijastro, entonces siempre era el que no sabía cómo hacer las cosas, pero Ignacio era el más inteligente”.

Los negocios de la compañía continuaron, pero la situación empezó a tambalear. Un empleado que duró un año en la empresa comenta que la falta de experiencia y profesionalismo empezó a generar una mala impresión con los clientes.

“No tenían una buena gestión. Fernando te miraba siempre para abajo y no sabía liderar a los equipos. Felipe también era desordenado y poco prolijo. Recuerdo que una vez fuimos a una maestranza, donde hay fierros y máquinas, y él andaba con hawaianas”.

El punto de quiebre de GMS vino después.

“Empezamos a perder contratos grandes, como el de Quebrada Blanca -explica la colaboradora-. Y no se podían pagar los sueldos. Ahí se empezó a ir gente, porque era inviable mantener el equipo. Se llenaron de deudas con los bancos para hacer la bicicleta”.

Esos problemas económicos afectaron la relación de Yáñez Fuentes con su hijastro.

“Felipe lo pasaba pésimo en terreno -dice una prevencionista-. Además, Fernando lo llamaba para retarlo, le decía que poco menos que no servía para nada. Cuando cortaba, a Felipe lo veía ansioso, fumando más de la cuenta. Se comía las uñas y los cueros hasta que se rompía los dedos. Él necesitaba la aprobación de su papá, pero no le decía papá: le decía Fernando”.

En 2013 GMS sufrió un éxodo masivo de trabajadores. Los colmó la incierta situación financiera que había tomado la empresa.

“Nos empezaron a decir que querían pagarnos por partes los sueldos -indica una administrativa-. Luego, dejaron de pagar las cotizaciones. De hecho, con un grupo demandamos a la empresa después. Hasta hace poco quedamos con lagunas previsionales”.

De acuerdo al reporte comercial de Equifax, la empresa adeuda 20 millones de pesos en documentos impagos, entre imposiciones y pagos de seguro de cesantía.

En medio de ese escenario la relación de Fernando Yáñez con su hijo biológico también se resintió: a veces se encerraban en su oficina para discutir a gritos. “A Ignacio lo tiraba para abajo -comenta una ingenie-ra-. Siempre lo criticaba, pero nunca lo felicitaba. Me llamaba la atención que siendo una persona inteligente, era muy capaz de haber migrado a otra empresa. Pero se quedaba para ayudar al papá”.

Luego de detener a los miembros de la banda, la PDI procedió a decomisar la droga que iba a traficar la organización. Fue una cifra récord: 19 kilos y 200 gramos, entre Santiago y Alto Hospicio, incautados antes de que la sustancia ingresara a la Región de Aysén.

“Es una cantidad histórica para la región -detalla el subprefecto Collao-: cuando incautamos, por lo general es un kilo, máximo cinco. Es un decomiso avaluado en 350 millones de pesos”.

Luego del procedimiento, el Ministerio Público elaboró una tesis sobre cómo la droga llegaba a Aysén. En ese plan, cada uno de los miembros de la familia tenía una misión: los ingenieros se coordinaban con los proveedores para importar cocaína desde Bolivia, procesarla y llevarla a Coyhaique. En el esquema que plantea la fiscalía, Fernando Yáñez habría planificado y ejecutado el transporte de la droga, Ignacio Yáñez financiaba y Felipe Cid colaboraba con el transporte y el almacenamiento.

“Determinamos que en Fiestas Patrias la organización concurre a dejar droga a Aysén, y luego vuelven a Santiago a planificar un nuevo viaje a la zona norte -añade la fiscal Núñez-. Adquirieron una prensa para compactar y dimensionar la droga”.

Para financiar parte de la operación, comenta la persecutora, arrendaron un vehículo en un rent a car en Arica, para luego pasarlo en parte de pago a los proveedores. El auto fue reportado como robado posteriormente por Fernando Yáñez.

En las conversaciones, dice la fiscal, si bien ocultaban algunos temas, hay elocuencia en cuanto a que hablan de droga. “No está claro si sabían que estaban siendo escuchados o no”, sostiene.

Se detuvo a nueve personas en total en la organización. Entre ellos los empresarios, tres extranjeros, un exmilitar, el ex PDI y una persona que prestaba servicios al seremi de Agricultura de Alto Hospicio, que fue candidato a concejal por Iquique el año 2016, quien es acusado de ser uno de los proveedores.

Por todo lo expuesto en la audiencia de formalización, se les imputaron cargos por tráfico de drogas, asociación ilícita, apropiación indebida y estafa. El Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó que todos quedaran en prisión preventiva. Actualmente están recluidos en el penal Santiago 1.

Según el defensor público de Coyhaique, Ricardo Flores, que representa a Fernando Yáñez, a Felipe Cid y a un empleado de la empresa, Yáñez confesó tras ser detenido. Dijo ser culpable de traficar droga. Cuando lo hizo, explicó que sus hijos y el trabajador no tenían responsabilidad en la operación. Que respondía por la droga que encontraron en la oficina de la empresa. Según la fiscalía, solo Cid y Yáñez Fuentes declararon tras la detención.

Flores suma a esto que las llamadas telefónicas son interpretadas como tráfico, pero no se habla expresamente de eso en las conversaciones.

“Esperamos que para la sentencia de Yáñez Fuentes se reconozcan dos atenuantes: la irreprochable conducta anterior y la cooperación con la investigación -indica Flores-. Estamos pidiendo una pena que pueda cumplir en libertad, con arresto domiciliario, de un rango máximo de cinco años”.

Además, la defensa solicitó la incompetencia del tribunal de Coyhaique, para que el caso lo tramite el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La defensa de Ignacio Yáñez Thielemann no quiso participar de este reportaje.

La fiscalía, en tanto, tiene otros planes. “Esos imputados que tienen parentesco están formalizados por tráfico de droga, delito que tiene una penalidad que comienza en cinco años y un día a 15 años de privación de libertad -asevera Núñez-. En tanto, por el delito de asociación ilícita, por el que también fueron formalizados, la pena comienza en 10 años y un día hasta 20 años”.

Según las escuchas, la idea de ingresar al negocio fue motivada por la estrechez económica que tenían en la empresa en ese minuto. El cómo se generó el primer vínculo entre los Yáñez y el exfuncionario de la PDI aún está en investigación. El subprefecto Collao, eso sí, aporta que se produjo durante ese lapso de tiempo cuando el traficante salió de la cárcel. “Ahí hicieron el primer contacto”.

El jefe de la Brianco aporta algo más:

“Ellos tenían la intención de seguir. Y como lo veían como un negocio, querían eliminar a los intermediarios y quedarse con el proveedor directo para obtener el menor costo posible. Se proyectaban como narcotraficantes”.