Un werkén en rebeldía: el camino a la fuga que le abrió la justicia

Jorge Huenchullán Cayul, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, esperaba en silencio la visita de los médicos del Hospital de Victoria, emplazado en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía. Sentado en una habitación del sector sur del centro asistencial, la mañana del 26 de julio el comunero se alistaba a dejar atrás el complejo cuadro de Covid-19 que lo obligó a abandonar la impenetrable comunidad mapuche e ingresar de urgencia al recinto hospitalario donde permaneció intubado por 15 días.

Luego de casi un mes hospitalizado, Huenchullán esperaba esa mañana de lunes recibir el alta médica que le permitiría regresar a la comuna de Ercilla. Sin embargo, en lugar de batas y estetoscopios, en los pasillos del hospital el werkén vio armas, chalecos antibalas y esposas. Después de 167 días desde que recibiera la instrucción, la policía concretaba así el arresto del hombre acusado de liderar un clan dedicado al tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Lo que en un principio pareció ser el fin de una intensa búsqueda, en cuestión de horas se transformó en una cadena de decisiones judiciales que no solo dejó sin efecto el arresto del comunero, sino que le pavimentó el camino para partir a la “clandestinidad política” en la que Huenchullán hoy dice estar.

Estos son los principales hitos que marcaron el caso de un werkén en rebeldía.

El 4 de enero de este año parte este entramado judicial. Ese día, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía solicitó una orden de entrada y registro de la casa de Jorge Huenchullán Cayul, su pareja Carolina Padilla Manquel y sus hijos. Tras varios días de preparación, el operativo antidrogas en Temucuicui -que contempló un despliegue de más de 800 efectivos de la PDI, casi el 10% de la dotación de la policía civil- se transformó en una emboscada que terminó con la muerte del subinspector Luis Morales Balcázar (34), tras recibir un disparo en el cuello.

En la casa no encontraron a ninguno de los habitantes. Lo que sí encontraron fue un arma, 68 municiones, 12,7 kilos de marihuana, 500 plantas de cannabis sativa y $ 4,1 millones en efectivo.

Con esos antecedentes, el 9 de febrero la fiscalía solicitó una orden de detención contra Huenchullán, “atendida la gravedad y naturaleza de los hechos por los cuales se le formalizará, unida a la ruralidad del domicilio y el difícil acceso al mismo para la práctica de alguna notificación, su comparecencia pudiere verse demorada y dificultada, sea por voluntad de los imputados, sea por imposibilidad de ubicar su domicilio”, detalla la orden de arresto dictada por el tribunal. Se sabe que entrar a Temucuicui es un desafío mayor y la balacera se activa en segundos. Basta ver lo que ocurrió este jueves cuando de nuevo la PDI y Carabineros intentaron ingresar para, entre otras misiones, detener al werkén. Fueron repelidos a balazos.

Quienes conocen de cerca la situación judicial de Jorge Huenchullán aseguran que gran parte del tiempo -al menos desde febrero hasta el 30 de junio- estuvo viviendo en su casa en Temucuicui. Así lo dejó claro el mismo Huenchullán, cuando, por ejemplo, se conectaba vía remota a las audiencias judiciales telemáticas que la fiscalía seguía en contra de alguno de los 20 imputados que quedaron tras el operativo de la PDI dentro de la comunidad.

Por ejemplo, en la formalización del joven A.M., el 29 de abril, las fuentes del caso aseguran que estaba conectado el werkén. En esa ocasión, la fiscalía reveló una serie de escuchas telefónicas para mostrar la forma de operar del clan que presuntamente dirigía Huenchullán para la venta de drogas cultivadas en Temucuicui y también para la compra de armas.

Por otra parte, dicen las fuentes, aunque sus salidas de la comunidad eran limitadas, Jorge Huenchullán mantenía vínculos con medios e, incluso, participó en conversaciones con estos cuando su orden judicial se mantenía vigente.

Antes, el 22 de febrero, luego de que se conociera el proyecto de construcción de un Centro de Entrenamiento para Operaciones Policiales de Carabineros en el sector de Pailahueque, comuna de Ercilla, Jorge Huenchullán había alzado la voz: “Si el Estado no va a cesar su invasión, el mapuche tiene la obligación de defenderse, y eso va a generar un conflicto a una escala que el Estado no ha visto todavía”, advirtió.

Hasta que vino el Covid.

Tras varias semanas incomunicado, y aquejado de una grave falta de oxígeno, el 30 de junio Huenchullán no aguantó más y partió al Hospital de Victoria. A la policía se le prendieron las alarmas. Lo dice una presentación del Ministerio del Interior: que se generó una oportunidad para “materializar la orden en su contra”. Ese mismo día el tribunal controló su detención y la defensa del imputado aseguró que este no estaba en condiciones médicas para comparecer ante la justicia, por lo que se fijó una nueva fecha de formalización. Sería el 29 de julio.

El paso de los días y la positiva evolución de salud de Huenchullán reactivaron el plan de la fiscalía de concretar su arresto, frente a la posibilidad de que le dieran el alta antes de la fecha de formalización y evadiera a la justicia. Fue el 22 de julio, a través de la instrucción Particular N° 1511 que el Ministerio Público ordenó a la PDI “que indagaran respecto a determinar la posible salida o retiro del Hospital de Victoria”.

De acuerdo con el documento, “el imputado se encontraría en el área de hospitalización ubicada en el sector sur del centro asistencial, el cual mantiene seis vías de acceso, tanto principales como de emergencia, de las que una de ellas se ubica a una distancia de menos de 50 metros de la vía pública. Se informa, además, que teniendo presente esta alta vulnerabilidad y considerando la posible mejoría del imputado, facilitaría una eventual salida anticipada del paciente antes de ser dado de alta médica o una posible extracción o retiro del mismo por parte de terceras personas”.

A punto de tener a Huenchullán en sus manos, la fiscalía generó una arremetida para asegurar su comparecencia ante la justicia. Pero la decisión de la jueza Sandra Nahuelcura, que fijó una fecha para la formalización de Huenchullán, tuvo un efecto inmediato e inesperado: anuló la orden de detención que por casi seis meses estuvo vigente contra el comunero. Esto, porque al estar notificado de la próxima audiencia, ya no se requería que la orden de detención se mantuviera activa.

Las preocupaciones en el ente persecutor se incrementaron cuando en reiteradas oportunidades solicitaron al Hospital de Victoria actualizaciones del estado de salud de Huechullán, sin obtener una respuesta.

Así, el 22 de julio, a las 20.08 horas, el fiscal Felipe González -que ya tenía en sus manos el informe de la PDI respecto de la seguridad del hospital- telefoneó a la jueza Nahuelcura indicando que las posibilidades de fuga eran elevadas y, por lo tanto, era necesario dictar una nueva orden de detención para asegurar que el comunero asistiera a su formalización. Pero las pretensiones del Ministerio Público se vieron frustradas cuando la magistrada negó la petición, indicando que ya estaba vigente una hora para la presentación y que el imputado estaba notificado de su situación judicial.

Al tratarse de una petición y una negación vía telefónica, no estaba el sustento material para presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones, pues el tribunal de alzada requería los documentos con los argumentos y explicaciones para evaluar la apelación. Por eso, al día siguiente, el fiscal González presentó una nueva petición de detención -ahora por escrito- y Nahuelcura volvió a negarse, también por escrito.

Ese mismo viernes 23 de julio el Ministerio Público presentó la apelación y solicitó al Juzgado de Garantía de Collipulli que de manera exprés derivara el requerimiento a la Corte de Apelaciones de Temuco, para que pudiera alegarse al día siguiente.

Solo pasadas las 15.45 del 23 de julio la apelación ingresó al tribunal de alzada. Y contra todo pronóstico, la decisión de la corte cayó como un balde a agua fría en la fiscalía: los jueces fijaron los alegatos del recurso recién para el lunes 26. En paralelo, Huenchullán continuaba con su proceso de recuperación en el Hospital de Victoria.

Pese a que la semana laboral finalizaba, la contienda judicial que se desató entre fiscales y jueces recién comenzaba. Fue así como el sábado 24, tras una petición del Ministerio del Interior, el fiscal González se comunicó con el juez de garantía de Collipulli, Claudio Campos, quien empezaba su turno. González, en específico, pidió de forma telefónica al juez que se le autorizara requerir al Hospital de Victoria el estado de salud de Huenchullán y que le señalaran cuándo podría estar en condiciones de recibir el alta.

A las 18.03 se obtuvo la autorización y a los pocos minutos funcionarios de la PDI se estaban entrevistando con el médico Jorge Ramírez, quien indicó que “el paciente actualmente se encuentra en buenas condiciones generales, con hemodinamia estable, sin embargo, aún de cuidado, ya que hoy (24 de julio) a las 18 horas aproximadamente completó las primeras 24 horas sin oxígeno adicional, con lo que satura en un rango de 90-93% ambiente. Debe al menos completar 48 horas sin oxígeno para considerar la posibilidad de alta y saturar sobre 93% ambiente, siempre que su condición médica lo permita”.

En el Ministerio Público, esta información fue interpretada como que el alta de Huenchullán era inmediata y ni siquiera se podía esperar a la audiencia de apelación del lunes. Por esta razón, el fiscal se comunicó de urgencia con el juez Campos, le explicó la situación, le indicó que la jueza Nahuelcura había negado la petición, pero que ahora sí existían nuevos antecedentes que justificaban la aprehensión inmediata del comunero, frente al peligro de no volver a verlo.

Fue el domingo 25 de julio, a las 11.29 horas cuando se dictó una nueva orden de detención contra el werkén de la comunidad Temucuicui. La única salvedad fue que la captura debía concretarse solo una vez que Huenchullán fuera dado de alta. La luz verde del tribunal dio paso a un intenso operativo de la PDI en torno al hospital, alerta a la inminente detención.

En paralelo, el Ministerio Público se comunicó con la Corte de Apelaciones de Temuco para indicarle que se desistirían del recurso de apelación, pues ya contaban con una orden de arresto contra el comunero. No obstante, esta acción llevaría a un desenlace inesperado.

El arresto ocurrió a las 12.55 del lunes 26. La aprehensión la realizó la PDI en el segundo piso del Hospital de Victoria, bajo un contexto de manifestaciones que se desarrollaban en el exterior del recinto y luego de más de cinco meses de espera.

Tras la captura de Huenchullán, la policía consideró trasladarlo al cuartel de Angol. Sin embargo, la idea fue desechada frente al riesgo de una emboscada. Por eso se optó por llevarlo al cuartel general de la PDI, ubicado en calle Prat, Temuco.

En paralelo al operativo de detención, cerca de las 13 horas de ese lunes, la defensora del comunero, Karina Riquelme, se comunicó vía telefónica con la Corte de Apelaciones de Temuco. En la llamada interpuso un recurso de amparo preventivo en contra del fiscal González y contra el juez Campos, acusando que se había dictado una orden de detención ilegal contra su defendido.

Por esto, pidió que se dictara una Orden de No Innovar (ONI) y que, de manera inmediata, quedara sin efecto la orden de detención.

A las 13.08 la abogada llamó a la jueza Nahuelcura para presentar un recurso de amparo, alegando que ningún familiar sabía del paradero de Jorge Huenchullán. Esto, pues la PDI había decidido trasladarlo a Temuco.

Con estos antecedentes, Nahuelcura decidió citar a una audiencia vía telemática con la defensa, el fiscal González y el Ministerio del Interior (querellante en la causa). La audiencia se realizó cerca de las 14.00. Allí la jueza desestimó la petición de la defensa e indicó que para las 15.30 se iba a realizar el control de detención.

En la ocasión, el fiscal indicó que también estaba en condiciones de formalizar a Huenchullán por los delitos de narcotráfico e infracción a la Ley de Armas. Sin embargo, el trámite quedó en suspenso, pues la jueza debía antes conocer si la corte -superior jerárquico del juzgado de garantía- aún no se pronunciaba sobre el requerimiento de no innovar que había presentado la defensa.

Pasaron algunos minutos y se conoció la decisión del tribunal de alzada, que se decantó a favor de los intereses de Huenchullán. La resolución de los ministros Adriana Aravena López y Federico Gutiérrez Salazar (S), más el abogado integrante Alexis Gómez Valdivia, ordenó que “se suspende la orden de detención despachada en contra del imputado Jorge Huenchullán Cayul, hasta la realización de la audiencia de formalización decretada para el próximo 29 de julio del año en curso”.

Así, ante la mirada de los detectives y del fiscal, el werkén de Temucuicui recuperaba su libertad.

Tres días después se llevó a cabo la audiencia de formalización. Huenchullán se conectó a través de Zoom junto a su abogada para escuchar los cargos. La jueza Nahuelcura dictó la prisión preventiva contra el comunero y un plazo de 24 horas para entregarse. Esto no es inusual, pues a los imputados se les otorga este plazo entendiendo que se encuentran en zonas alejadas y deben acercarse a las unidades policiales.

Pero no volvió a conocerse el paradero del imputado.

“Hoy nos encontramos con que Jorge Huenchullán es un prófugo de la justicia, no pretende entregarse y, por el contrario, repelen con armas de fuego la acción de la policía. Pero tenemos la convicción de que la justicia debe actuar y las policías lo detendrán dentro del menor plazo posible”, dice un esperanzado subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

¿Y el recurso ante la Corte de Temuco que otorgó la libertad a Huenchullán a través de la Orden de No Innovar? El 31 de julio, con el werkén ya prófugo, fue rechazado.