Una década perdida: la pelea inmobiliaria de 239 personas contra el alcalde Jadue

Cuando María José Espinoza (40) y su marido pagaron el pie de un departamento en el edificio Conjunto Bellavista de Recoleta, jamás pensaron que doce años más tarde aún seguirían sin poder vivir ahí.

Era enero de 2013 cuando firmaron la promesa de compraventa. Espinoza, entonces de 29 años, era dueña de casa y madre de dos mellizas de un año. La idea de comprar ahí era regresar a Santiago. Estar más cerca de sus padres y suegros y dejar atrás la vida en Antofagasta, hasta donde llegaron siguiendo la carrera de empleado público de su marido. La vida que proyectaban estaba en Santiago no solo por eso: en el futuro también imaginaban a sus hijas estudiando allí. Por eso se fijaron en Recoleta. Era céntrico, con viviendas a precios razonables y cerca del metro Baquedano y diversos campus universitarios. Estaban caminando por Bellavista cuando vieron los edificios a la altura de Dardignac, donde antes funcionaba el Liceo Alemán. En el complejo había dos torres construidas: la primera ya estaba operativa, la segunda solo necesitaba la aprobación municipal para que los nuevos propietarios pudieran firmar sus escrituras. También se proyectaba la instalación de una tercera: todas de 19 pisos.

Al matrimonio le gustó un departamento en el quinto piso de la segunda torre. Tenía dos piezas, dos baños, una terraza y 52 m2. El precio era 2.450 UF, $55 millones de entonces. Según sus cálculos, pagarían un dividendo de 300.000 pesos mensuales.

Espinoza y su marido pusieron un pie de $10 millones, que pudieron costear con un crédito de consumo, pensando que ese mismo 2013 serían vecinos de Recoleta. Mientras los trámites y papeleos se resolvían, ella y su marido se trasladaron de forma temporal a vivir con los suegros de Espinoza en el Cajón del Maipo. Después arrendaron un departamento en La Reina. Allá el alquiler costaba más del doble de lo que planeaban pagar en Recoleta.

El problema fue que ahí comenzó una espera que aún no termina. Por razones que Espinoza no entendía, la entrega del departamento se postergaba durante meses.

Lo que ella no sabía es que había un conflicto que llevaba tiempo. En 2012, durante los últimos meses como alcaldesa de Sol Letelier (UDI), se descubrió que el exdirector de Obras Municipales de Recoleta, Carlos Reyes, además de cometer delitos de cohecho y falsificación de instrumento público, autorizó los planes de construcción de las dos primeras torres del Conjunto Bellavista, a pesar de que infringían la Ley de Urbanismo y Construcción, al exceder la altura máxima permitida, que era de diez pisos.

En diciembre de ese año, el arquitecto comunista Daniel Jadue ganó la elección en Recoleta. Su postura no solo era negar la aprobación municipal de la segunda torre, sino que demolerla. Lo intentó hacer en 2014, a través de un decreto.

“Esperamos que este hecho siente un precedente histórico a nivel nacional, para que las empresas constructoras entiendan que no pueden abusar de nadie ni pasar por encima de la ley”, dijo esa vez.

Tras anunciar el decreto, la inmobiliaria presentó un recurso en la Corte de Apelaciones aludiendo a la ilegalidad de la solicitud de demolición por parte del municipio. Además, argumentaban que no había tales irregularidades y que la altura de los pisos estaba en orden, ya que se edificaron con la autorización del permiso de construcción.

Fue por esa época que María José Espinoza recibió la noticia: mientras la disputa se resolvía en tribunales, no podría mudarse a su departamento nuevo.

El impacto fue grande no solo para ella, sino que también para los 239 copropietarios que quedaban amarrados al edificio que Jadue quería botar. Eran, en promedio, personas de 50 años, de clase media, comenta Jorge Díaz (70), uno de los afectados. Eran matrimonios, también familias. Eran, por sobre todo, personas que querían ser propietarias.

Solo que la Municipalidad de Recoleta no los vio como eso.

“El único propietario del edificio en cuestión es la inmobiliaria que lo construyó -explica el alcalde Daniel Jadue-, puesto que en nuestro país edificios nuevos no pueden venderse cuando estos no han obtenido recepción final”.

El ingeniero comercial Cristián Lewis (37) observa la ciudad desde el balcón de un departamento que lleva doce años sin poder habitar y donde las ventanas están cubiertas por un papel de color café.

“Yo me imaginaba aquí, en la terraza, haciendo asados con los amigos”.

Sus padres, Edwin Lewis (71) y Melba Escobar (72), pagaron el pie de dos departamentos en 2011. Uno para su hijo —quien recién había terminado de estudiar en la universidad— y otro como inversión para complementar la jubilación de él y su esposa.

A Cristián el regalo de sus padres le permitiría independizarse. Además, se demoraría menos de 30 minutos en llegar a su nuevo trabajo en el BancoEstado. Como la demora en la entrega del edificio de Recoleta se extendía, Lewis cambió de planes. Compró un departamento en la Villa Olímpica de Ñuñoa sin conserjería ni estacionamiento. Ese 2013 pidió un crédito hipotecario a 30 años para pagarlo.

Cuando aún se acomodaba en su nuevo hogar, Lewis recibió un golpe que no esperaba. “Mi madre comenzó a enfermar en 2014. Un desprendimiento macular le afectó el ojo izquierdo, hasta que lo perdió. Por el derecho ve muy poco. Coincidió con el inicio de los problemas con el departamento en Recoleta y ella decidió no seguir involucrándose”.

A partir de ese momento, Lewis se convirtió en el representante de su familia en la pelea contra la municipalidad. El desgaste de ese proceso judicial lo volvió más escéptico y pragmático. Cuando se enteró del fallo de la Corte de Apelaciones en 2016, que dejaba sin efecto la orden de demolición, nunca se ilusionó. Sabía que el conflicto no terminaría ahí.

A pesar de que lleva 10 años pagando el dividendo del departamento en Ñuñoa, aún se imagina en Recoleta, mirando la ciudad desde su terraza. Incluso si el barrio ya no es el mismo que antes.

Eso piensa Andrea Ortega, arquitecta y urbanista de la UDP.

Que en los últimos 20 años esta parte de Recoleta se convirtió en un lugar “de bohemia, nocturno, en donde también hay ciertas calles que tienen un carácter distinto”. Y eso ha afectado el valor de vivir ahí, piensa Teodosio Cayo, experto inmobiliario U. Chile. Los teatros, restaurantes y comercios de entretenimiento que se expandieron por el barrio mientras los propietarios del Conjunto Bellavista esperaban la resolución, encarecieron el costo de vivir ahí.

“En 2013 había departamentos con un valor promedio de 46 UF el m2. Hoy, esos departamentos fluctúan entre 58 y 56 UF el m2″, añade Cayo.

Las tasas de interés también han aumentado. En 2013, recuerda Cayo, para créditos hipotecarios estaban en 4,45%. Hoy están en 5,21%.

Si bien la inmobiliaria ofreció la posibilidad de devolver el dinero del pie, solo 60 personas de 239 han tomado esa alternativa. “Casi nadie lo ha pedido de vuelta porque la inmobiliaria va a mantener el mismo valor en UF de los departamentos”, cuenta Lewis.

Solo que la UF tampoco es la misma que en 2013.

Cuando Edwin Lewis y su esposa firmaron la promesa de compraventa, el valor de esta fluctuaba entre los $22.640 y $22.900 pesos. Eso dejaba al departamento en $55 millones de pesos de ese 2013.

Actualmente el valor de la UF es de $36.852 pesos. Con ese precio el mismo departamento tiene hoy un valor de $90 millones.

Las condiciones laborales del ingeniero comercial también son distintas. Ya no trabaja en BancoEstado, sino que tiene un gimnasio con su padre. Vivir de las ganancias del emprendimiento familiar lo obliga a buscar nuevas formas para poder financiar el departamento.

“Tal vez lo pague con ahorros propios y con favores de amigos y familiares. Ya no me puedo anticipar”, comenta Cristián Lewis.

Esto también afectó a María José Espinoza. Se tuvo que ir a vivir a Rancagua, siguiendo a su marido, y, además, por las condiciones del mercado y bancarias, se duplicó el precio del dividendo que proyectaba pagar en Recoleta.

“El obtener un crédito es difícil, porque ven el tema de la renta y debes justificar que puedes pagarlo”, subraya. “Ya después se nos va a hacer más largo pagar el departamento. Vamos a estar más viejos y los bancos no nos van a dar el crédito”, agrega Espinoza.

Al final, su lamento se reduce a esto: “Perdimos 12 años de haber podido pagar el departamento”.

“Pensé en buscar otro lugar dentro de Santiago y pedir el subsidio. La situación se estaba haciendo insostenible”, menciona Leyla Zúñiga (30), quien vive en Rancagua hace años. La ingeniera comercial tenía 18 años cuando su padre pagó el pie de dos departamentos en la segunda torre del Conjunto Bellavista. El de una pieza y un baño, de 42 metros cuadrados, era un regalo para su hija.

Pero ese regalo nunca se concretó.

Actualmente Zúñiga arrienda un departamento por $500 mil y es dueña de un centro de estética en la capital de la Sexta Región. Ahí estaba cuando, durante 2021, pensó en pedirle a la inmobiliaria que le devolviera los $10 millones que había puesto como pie. No lo hizo por la misma razón del resto: consideraba beneficioso que le mantuvieran el precio en UF del departamento.

La larga extensión del juicio les llamó la atención a los copropietarios. Pero Christian Wulf, abogado especialista en materias corporativas e inmobiliarias, explica que, en este caso, no es tan raro.

“No es un solo juicio, son varios juicios. Hubo juicios por temas penales, por temas civiles, por los permisos de edificación”. Todo eso fue alargando una situación que, cree Wulf, terminó dañando, sobre todo, a los compradores que dependían de créditos hipotecarios.

De hecho, dice Lewis, hubo casos dramáticos.

“Algunas personas se salieron del grupo de WhatsApp porque llegaron a algún acuerdo. Otros porque murieron. El resto, por la angustia de esperar. Y ceden la promesa de compraventa o abandonan“.

Aun así, todos los juicios llegan a su fin. En el caso del Conjunto Bellavista, eso ocurrió el 5 de enero pasado. Ese día la Corte Suprema anuló definitivamente el decreto de la Municipalidad de Recoleta que buscaba demoler una de las torres. También planteaba otra cosa: para que el edificio pudiera ser habitado, el municipio debe recepcionar una rampa de acceso vehicular, que ya está construida, por calle Pío Nono. Para esto último, la corte no fijó ningún plazo.

El fallo, dice el alcalde Jadue, lo recibió con la “absoluta tranquilidad de haber actuado siempre en el marco de la ley y con mucha satisfacción de haber recibido un respaldo de la Corte Suprema, en el rechazo de la recepción final que es lo fundamental”.

Para María José Espinoza fue distinto.

“El fallo me dio esperanza. Pero, aun así, no podemos decir que estamos conformes”, comenta.

Para el abogado de la inmobiliaria, Christian Espejo, ya no quedan más pasos a seguir en términos judiciales.

“Pronosticamos que en más o menos 24 meses los propietarios podrían habitar el edificio. Si todo fuera con autoridades razonables, en tres meses nosotros deberíamos tener recibido el edificio”.

Tras el fallo, lo único que estaría separando a los propietarios de sus departamentos sería la aprobación municipal de la rampa como medida mitigadora. Sobre esto, Ciro Colombara y Aldo Díaz, abogados representantes de Recoleta, explican por correo que “la municipalidad no está obligada a entregar la recepción final, solo está obligada a pronunciarse, validando lo sostenido por la municipalidad, que actuó de acuerdo a la ley”.

Por lo mismo, sostienen los abogados, “este caso no ha terminado”.

Esa postura es la que le genera incertidumbre a María José Espinoza. Por eso no quiere ilusionarse, al menos no todavía.

“Estoy con esperanza, pero aún queda el recelo de que el alcalde entregue su autorización para habitarlo. Somos 250 familias que aún esperamos nuestro hogar”.

Eso, después de todo, es lo único que no ha cambiado en este tiempo.

A pesar de llevar doce años peleando contra el municipio, María José Espinoza todavía quiere ser una recoletana.