Una decisión crucial: Fiscalía interrogó a ex ministros Chadwick y Blumel por delitos de lesa humanidad tras estallido social

“Impunidad. Tenemos que concentrarnos en impedir la impunidad, porque en este país esa palabra la tenemos en la memoria reciente. Hay que intentar reforzar el Servicio Médico Legal (SML), tienen sólo 99 peritos calificados por Estambul, lo que es poco. Ustedes saben que la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich está persiguiendo lesa humanidad y se va a nutrir de las investigaciones que hagan todos ustedes, así que hay que investigar de forma amplia”.

Uno de los presentes en ese consejo general del Ministerio Público, en que por primera y única vez se habló en extenso de violencia institucional tras el estallido social del 18 de octubre, recuerda la enérgica intervención de la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, que quedó plasmado en un acta. Fue el 12 de diciembre y el encuentro se vio marcado por la decisión del Senado, que un día antes había aprobado la acusación constitucional en contra del exminstro del Interior Andrés Chadwick, por no haber adoptado medidas “para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

No pocos fiscales regionales han recordado esa reunión tras cumplirse un año del estallido, sobre todo por estos días en que la indagatoria de la fiscal Perivancich se reactivó y entró en una fase crucial. La persecutora deberá determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de las autoridades tanto civiles como uniformadas que aparecen individualizadas en las treintena de querellas presentadas en su contra: el Presidente Sebastián Piñera, los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, el Intendente metropolitano Felipe Guevera, y el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas.

Según el primer y segundo artículo de la Ley 20.357, los crímenes de lesa humanidad-que no se imputan en Chile desde los ocurridos en dictadura- son aquellos actos cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” y requiere que ese ataque “responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

A pesar de que los fiscales regionales han vuelto a conversar sobre esta indagatoria durante estos meses, en ese encuentro formal del año pasado comenzaron a delinear cómo se tratarían las denuncias de violaciones a los DD.HH.-para entonces había 7.800- y cuál sería el impacto que el actuar de la fiscalía frente a estos hechos tendría sobre la imagen del Ministerio Público. Incluso esa preocupación quedó en las actas de la reunón.

Según los documentos, tras la exposición de Ymay Ortiz, varios acordaron que el concepto de “sistematicidad” en las acciones estaba más menos configurado por la cantidad y concentración de actos que afectaban a la población civil. Día a día se registraban traumas, lesiones e incluso en los casos más graves, como el de Gustavo Gatica, la ceguera total a causa del uso de perdigones.

Luego, uno de los primeros en tomar la palabra fue Xavier Armendáriz, quien tiene a su cargo la persecución penal en la zona más conflictiva: la Plaza Baquedano. Tras agradecer el trabajo de las Unidades de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas de la Fiscalía Nacional, así como además el rol que ha jugado la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, el jefe regional Centro Norte advirtió: “Tenemos un problema como país, nos guste o no, Chile va a terminar con una responsabilidad de Estado a nivel interno y externo”. Recordó entonces los informes de Amnistía y de Human Rights Watch, y lo que calificó como un hecho histórico: “Ayer acaban de destituir al exministro del Interior por su papel en esta materia”.

Tras hacer una pausa, recuerdan algunos presentes, Armendáriz miró a cada uno de sus pares e hizo una advertencia que quedó en el registro de ese consejo: “Como Ministerio Público haríamos un triste papel si en X cantidad de años se dice que la fiscalía actuó mal, en forma omisiva”. La mayoría de sus pares asintieron y apoyaron su intervención cuando sostuvo que era difícil trabajar con Carabineros, pues no entregaban toda la información requerida, o les desaparecían las cámaras que eran claves para la investigación. Por lo mismo, los conminó a hacer más diligencias para identificar a los policías responsables. “No podemos archivar masivamente estas causas porque no logramos identificarlos. Haríamos un tristísimo papel si no somos capaces de investigar a la institución que es nuestro brazo derecho, yo personalmente creo que el Ministerio Público se iría al suelo”, dijo. “No podemos aceptar que una institución tenga un espíritu corporativo para encubrir delincuentes (…), acá hay una responsabilidad de mando, ha habido una forma de enfrentar los problemas de orden público que es francamente inaceptable”, remató Armendáriz.

Luego vino el turno del fiscal regional de la zona Oriente, Manuel Guerra. Su propuesta fue usar los recursos del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos para realizar una georreferenciación de delitos de violaciones a los derechos humanos: día, hora y lugar. “Porque si fuere requerido el día de mañana por delitos de lesa humanidad, la masividad de los casos, el grado de permanencia podrían generar una responsabilidad a título de lesa humanidad y deberemos tener información adecuada que permita identificar una pauta de conducta que se pueda prolongar en el tiempo”, sostuvo.

Más adelante tomó la palabra el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien secundó a Armendáriz y recordó lo vivido hace algunos meses en su zona con los montajes policiales en el caso Catrillanca y la Operación Huracán. En esa oportunidad Paredes dijo suscribir que “estamos en una coyuntura histórica, en que seremos juzgados por nuestros actos”. En esa línea, agregó que era complejo trabajar con una policía que viene cuestionada desde hace tiempo y que, a su juicio, “no hay voluntad de intervenir”. Fue entonces cuando Ymay Ortiz advirtió a los fiscales regionales la importancia como “imperativo ético y de derecho internacional” de no cerrar las causas, ya que “muchas de ellas nos van a permitir detectar un patrón y una responsabilidad de mando”.

Y vino el turno del fiscal nacional, Jorge Abbott. Según quedó registro en el acta ahí la máxima autoridad del Ministerio Público sentenció: “lo que tenemos que buscar es tener investigaciones que puedan orientar hacia el punto siguiente, que es la responsabilidad de mando, que cada una de las investigaciones que llevemos adelante no sólo las llevemos pensando en el caso concreto, sino en la responsabilidad de mando, porque no es posible tolerar las actuaciones que estamos viendo. Creo que debemos pedir los sumarios, porque pueden salir antecedentes para las investigaciones que están llevando adelante, porque esto debe ser un acto más bien comunicacional”.

Hoy, casi un año después de ese encuentro, la fiscal Perivancich debe tomar decisiones sobre las hipótesis judiciales que se levantarán. La primera de ellas es si se configura lo que la ley considera delitos de lesa humanidad.

Con el propósito de despejar esa interrogante, hace una semana tomó declaración como imputado al exministro Andrés Chadwick. Lo mismo hizo el martes 17 y miércoles 18 con el también extitular de Interior Gonzalo Blumel, quien -acompañado de su abogado Eduardo Riquelme- habría entregado todos los oficios con solicitudes de información que hizo cada vez que se provocó alguna lesión, apremio o denuncia de tortura de algún manifestante. En los próximos días será el turno del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, quien estaba citado para esta semana, pero la reagendó por problemas de tiempo, justo antes de ser removido del cargo. El uniformado, ahora retirado, es uno de los principales blancos de la indagatoria y se busca despejar qué hizo para detener las vulneraciones por parte de uniformados, en especial las decisiones que adoptó con el uso de perdigones en contra de la población civil, muchos de los cuales causaron cientos de traumas oculares e, incluso, en el caso de Gustavo Gatica, la ceguera total.

Dentro de las pesquisas pendientes –y que, aseguran, deberán concretarse en las próximas semanas- está la invitación a declarar al Presidente Sebastián Piñera, quien aparece como querellado en decenas de libelos que son tramitados hoy por la fiscal Perivancich.

El desafío de la persecutora, dicen, será establecer que en los delitos del estallido aparezcan las condiciones que requieren ese tipo penal. Por lo mismo, la indagatoria ha puesto el foco en las lesiones oculares para determinar si cumplen con el “ataque generalizado y la masividad” , y ha tenido reuniones con sus pares que investigan causas similares para comparar los patrones de comportamiento y determinar si existió o no una “política de Estado o de sus agentes” para atacar a los manifestantes.

Consultada por las complejidades de su indagatoria, Perivancich se limitó a aclarar que la investigación a su cargo “debe indagar si en el contexto del denominado estallido social se cometieron delitos de lesa humanidad por parte de las autoridades que individualizan las querellas: el Presidente de la República, el general director de Carabineros, los exministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y el intendente de Santiago, Felipe Guevara”.

En ese sentido, agregó que “el estándar para acreditar la comisión de estos delitos es bastante alto. Es necesario probar que existió una política o plan del Estado o sus agentes para atacar a la población civil de manera generalizada, desde el punto de vista del número de afectados o sistemática, desde el punto de vista de su reiteración en el tiempo. La ley define qué tipo de delitos pueden ser comprendidos en este ataque a la población civil, entre ellos, homicidios, lesiones de distinta consideración, agresiones sexuales o secuestros. Entonces, es necesario que la comisión de estos delitos sea parte del ataque y responda a la política acordada. Cada autor debe tener ese conocimiento, al menos en términos generales”.

A juicio de Perivancich, también “es posible acreditar el delito a través de la conducta omisiva del superior, pero ello exige que ese superior tenga conocimiento del hecho que se va a producir y haya estado en situación de poder evitarlo. Es decir, que de mediar su intervención, estando obligado a la misma, no lo haya impedido, y solo por ello se produce el resultado”.

¿Hasta dónde llegará la fiscal? Es la pregunta que ronda en el Ministerio Público. Y la decisión de Abbott en esa materia -aseguran- fue clara: “Si hay mérito para investigar aguas arriba, es su obligación hacerlo”, le habría dicho.

A un año del estallido, son dos las principales visiones del Derecho para abordar estos temas. Una de ellas es la que plantea el profesor de Derecho Juan Pablo Mañalich, quien sostiene que se puede configurar la responsabilidad penal incluso del Presidente, por la responsabilidad que le da su posición de máxima autoridad civil y “pudiendo hacerlo”, según dice el tipo penal, “no haya impedido la perpetración de crímenes que tipifica la ley.

En tanto, el profesor Antonio Bascuñán sostiene que si bien puede haber responsabilidades políticas, administrativas o penales en particular, bajo ningún caso esto configuraría una responsabilidad penal como crímenes de lesa humanidad, pues, a su juicio, junto a tener que configurarse el ataque generalizado o sistemático, se debe probar que esos hechos responden a una política de sus agentes.