Violencia en Perú: Las bandas que operan en el país y que complican a Boluarte

El asesinato del vocalista de la agrupación Armonía 10, Paul Flores, “El Russo”, la madrugada del domingo 16 de marzo, generó una gran indignación en Perú, al punto que diversos colectivos, gremios y ciudadanos comunes salieron a las calles este viernes en una marcha nacional contra la violencia e inseguridad ciudadana, bajo el lema: ¡Para que no nos sigan matando! ¡Vamos todos!

El crimen puso de manifiesto la crítica situación que afecta al país, que vive uno de los años más mortíferos por la ola delincuencial, donde -por ejemplo- entre el 17 y el 18 de marzo al menos siete personas fueron asesinadas en Lima, Callao y otras ocho provincias. Los crímenes incluso ocurrieron apenas unas horas después del anuncio del gobierno de Dina Boluarte de establecer un estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, que ya se encuentra efectivo. Y, además, algunos políticos hablan de instaurar la pena de muerte.

Esta ola de delincuencia gatilló que el viernes el Congreso aprobara una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su “incapacidad” para gestionar la seguridad nacional.

En medio de este contexto, a fines de enero, Perú calculó que más de 200 organizaciones criminales operan solo en la capital y son causantes de que el país sudamericano viva una ola de violencia que ha dejado más de 120 muertos y al menos 26 ataques con explosivos en lo que va del año.

“En Lima Norte tenemos 70 organizaciones criminales que están disputándose un control territorial, en Lima Este más de 100, en Lima Oeste un número similar. Si estamos hablando de la ciudad de Lima, la policía ha identificado más de 200 organizaciones criminales”, dijo en conferencia de prensa el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En Lima viven 10 millones de personas, casi un tercio de los que habitan en todo el país.

Fue la primera vez que el gobierno entregó una cifra de bandas delincuenciales operando en Lima. Las declaraciones del ministro del Interior ocurrieron un día después de que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, admitió ante la prensa que Perú sufre una “ola criminal” y que los delincuentes a veces desbordan el “control policial”.

La policía dice que las bandas cambian de rubro y de nombre con la finalidad de no ser rastreadas. “Unos se hacen llamar Los Injertos, luego se hacen llamar Los Dinamiteros, luego se hacen llamar Los Deza, después se hacen llamar Los Mexicanos... Parece que hubiera como 40 bandas criminales, pero en realidad son grupos que nosotros ya los tenemos rastreados”, afirmó en una conferencia de prensa Franco Moreno, jefe de la División de Investigación de Secuestros.

Según catastros realizados por la prensa, entre las bandas locales se cuentan Los Pulpos del Norte, que operan en Piura; Nueva Generación, en Trujillo; Los Injertos del Norte, que se encuentran en Piura, Lambayeque y La Libertad. En Lima están Los Charlys de Ventanilla, Los Elegantes de San Juan y Los Sanguinarios de Carabayllo. Mientras que en Arequipa figuran Los Malditos del Sur, Los Piratas del Callao, Los Trenes de Tumbes y Los Intocables de Puno.

En cuanto a las bandas internacionales, el último número de la publicación Tendencia de la Criminalidad Organizada en el Perú: Enfocada en la Trata de Personas, del Centro de Altos Estudios Nacionales, señaló que entre las que operan en el país están Los Gallegos, que es una célula del Tren de Aragua, bajo el supuesto liderazgo de Félix Anner Castillo Rondón. También se encuentra Pura Hampa Seria, que es una facción de la organización criminal “La Cota 905″. Otra derivación del Tren de Aragua la constituyen Hijos de Dios y la Dinastía de Alayon, que tiene vínculos con organizaciones venezolanas.

En este contexto, el Tren de Aragua fue declarada el miércoles como una organización terrorista por parte del Congreso, debido a su “estructura jerárquica, métodos violentos y fines desestabilizadores contra el orden constitucional peruano”.

El parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que para que una decisión así tenga efectos legales, se deben modificar las normas peruanas: “No se les va a considerar terroristas en nuestra legislación o cuando afronten un juicio por los delitos que cometan. Para lograr eso se tendría que modificar la ley marco del terrorista, que fue aprobada años atrás, cuando vivíamos los peruanos en la época del terrorismo”.

“Se puede hablar de una fecha de corte donde se hace más visible la presencia de criminales extranjeros y es más o menos después de la pandemia. Esto ha venido aparejado naturalmente con la crisis migratoria, que recorre un poco la región y ha tenido impacto sobre todo en muchas redes vinculadas al Tren de Aragua”, explicó a La Tercera Nicolás Zevallos, fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y exviceministro de Seguridad Pública de Perú.

“La presencia de estas organizaciones tiene que ver con delitos en zonas mucho más urbanas, vinculados a la extorsión, a la trata de personas para explotación sexual. Pero en paralelo, lo que también se ha estado evidenciando es la presencia de otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, a minería ilegal, sobre todo en la franja de la Amazonía. En la zona de la frontera hay una presencia de desmovilizados, de la guerrilla colombiana. Hay también presencia de grupos ecuatorianos, como Los Choneros, Los Tiburones, vinculados también a esas actividades económicas más de mercados ilegales”, dice.

“Pero, dentro de todo esto, tal vez lo más importante es entender que la forma en la que trabajan en nuestros países es a través de actores locales, de pequeñas organizaciones, que son las que pelean o compiten por el espacio, por el control territorial de determinadas zonas y espacios, para poder hacer actividades predatorias”, añadió.

Para César Baza, abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “la delincuencia vinculada a las economías ilegales tiene un componente transnacional. “Es el caso, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas. En la coca que sale de aquí o los derivados, hay una cadena y parte de ella es peruana y otra es internacional. Esto ocurre también en el caso de tala ilegal, del oro ilegal. Entonces hay una necesidad de conexión para determinados delitos con organizaciones criminales de otros países que permitan precisamente la exportación de estos productos. Si uno piensa en organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, que tiene vínculos con determinadas organizaciones que se encargan de la extorsión, hay un aprendizaje y una necesidad de trabajar mutuamente entre organizaciones criminales pensando que el crimen es transnacional”, comentó a La Tercera.

La lucha por el control territorial de las bandas se ha vuelto uno de los mayores problemas en Perú. Zevallos explica que si bien hay zonas donde han llegado a acuerdos para poder trabajar conjuntamente y estas organizaciones pueden trabajar de forma articulada, en otras compiten y se han producido peleas intensas. “De hecho, un margen importante de los homicidios vinculados al crimen organizado tiene mucho que ver con ese tipo de encuentros y de competencias. Entonces, es variable de acuerdo a la zona. Hay zonas de Perú donde hay mayor predominio de algunas organizaciones. Ahí la cosa ha sido un poco más tensa. En zonas como Trujillo, por ejemplo, donde se sabe que ya hay otras redes y bandas, es más difícil que ingresen los extranjeros. En Callao, ha sido un poco más fluido y más flexible su posibilidad de ingreso”, detalla.

Uno de los fenómenos que más preocupan a los peruanos es la extorsión. La costa norte, sobre todo La Libertad, es el principal foco de ese delito en el país, pero ha ido extendiéndose, indicó el diario El Comercio.

De hecho, el accionar de los extorsionadores se ha ido expandiendo cada vez más a diversos sectores y negocios. Ya no solo afecta a empresas constructoras, transporte público, bodegas o panaderías, sino también a centros educativos privados, donde incluso se han registrado ataques contra sus instalaciones. En los últimos meses, varias escuelas han sido blanco de atentados, con disparos contra sus fachadas, lanzamiento de granadas o artefactos explosivos, como cartuchos de dinamita acompañados de amenazas dirigidas a los directores. Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú, señaló a El Comercio que en 2024 se registraron entre 300 y 320 escuelas extorsionadas, y que en lo que va del año se han reportado más de 450 instituciones educativas víctimas de los extorsionadores.

Si bien hace cinco años, entre enero y octubre de 2019, se presentaron 2.910 denuncias por esa razón en todo el Perú, en 2024, la cifra fue de 18.246, indicó el periódico. En Lima, el incremento ha sido bastante notorio: el último año antes de la pandemia, en la capital hubo 862 denuncias por extorsión, mientras que el año pasado llegaron a 7.535, casi nueve veces más.

“Toda actividad económica local que produzca algún tipo de ingreso es susceptible de ser víctima de la extorsión. Entonces, si yo tengo un negocio, fuera una bodega, una peluquería, un restaurante, un colegio, si quiero operar tranquilo, tengo que pagar un cupo, tengo que pagar una cuota, una cuota periódica. Es así como funciona el crimen predatorio. Entonces yo, que soy un actor que genera riqueza formal o informal, o incluso ilegal, o lo que sea, si quiero seguir trabajando tranquilo, sin ninguna amenaza, tengo que pagar una cuota a la organización, que es la que la que controla el barrio”, concluyó Zevallos.