Yanina Welp, politóloga: “No hay un cambio radical del modelo democrático chileno en esta nueva Constitución”

Investigadora asociada en el Albert Hirschman Centre on Democracy del Graduate Institute de Ginebra, la politóloga argentina Yanina Welp hace una constatación libresca para luego cotejarla con la evidencia.

“La filosofía del derecho dice que lo ideal es que una Constitución se elabore en un momento de calma, en que los individuos puedan reunirse y buscar el mejor sistema político para su comunidad”, observa. Sin embargo, “los datos nos dicen que las constituciones se cambian cuando algo funciona mal, o bien porque hay revoluciones políticas, o porque las constituciones ya no cumplen su función, o porque hay enormes crisis de desencanto e insatisfacción con el sistema, como sería el caso de Islandia o de Chile en los últimos tiempos”.

Y así es como “las constituciones se cambian cuando algo va mal y es necesario reformarlo, lo que no quiere decir por defecto que las reformas implementadas las vayan a mejorar, o incluso que vayan a entrar en vigor, como en Islandia, donde no entró en vigencia la nueva Constitución”, remata la coordinadora editorial de la web de análisis político y económico Agenda Pública, quien, llegado el minuto, no esconde su inclinación por el “Apruebo”.

¿Qué tipo de crisis se dio en Chile a partir de octubre de 2019?

Yo no situaría la crisis en octubre de 2019. Lo que hay entonces es un estallido, pero el germen de la crisis venía de mucho antes. Chile venía de prácticamente una década y media de movilizaciones sectoriales que finalmente derivan en esa gran crisis. Y lo que más llama la atención es cómo una diversidad de actores es capaz de articular un reclamo común que se materializa en la demanda por una nueva Constitución. Y si bien los datos de participación han mejorado, la mejora es muy relativa: está muy por debajo de otros países del entorno, incluso de democracias con voto voluntario, como la española. Hay una parte de la sociedad que no participa y otra que se aboca a la participación. Ahí, diría que lo particular de la experiencia chilena es que, si bien los partidos tradicionales pierden muchos apoyos, tienen cierta capacidad de reacción. El acuerdo por la nueva Constitución, que da la posibilidad de que esta se elabore en un marco legal, es algo muy valioso. Habría que valorar mucho más que al menos ciertos sectores movilizados de la sociedad civil puedan conformar nuevas alternativas políticas. Parte de estas alternativas son nuevos partidos, como algunos que integran la coalición que aupó a Boric al poder, y otra parte son independientes. En cualquier caso, esa capacidad de organizar y canalizar demandas en la arena electoral me parece muy novedosa en el marco chileno y puede invitar a un relativo optimismo si se coteja con otras experiencias donde las cosas no se han dado de esta manera.

¿Incorpora el proyecto constitucional lo que han llamado “innovaciones democráticas”?

El concepto de innovación democrática siempre me ha parecido poco útil, porque hace mucho énfasis en la novedad y presupone que hablar de innovación democrática es hablar de participación ciudadana, cuando en realidad las mejoras en la calidad de la democracia o en su buen funcionamiento refieren a otro tipo de diseños institucionales. Ahora, si la pregunta se orienta a determinar si hay en el proyecto de nueva Constitución un cambio en la incorporación de mecanismos que permitan canalizar la participación ciudadana, la respuesta contundente es que sí.

Primero, hay una apelación general a la consulta, a la participación, etc., lo que a mí me parece más una expresión de buenas intenciones que algo que vaya a derivar claramente en un cambio muy radical de las prácticas. Y luego, creo que en el capítulo sobre mecanismos de democracia directa, el referendo derogatorio de leyes tiene un potencial muy importante para ajustar las preferencias de la ciudadanía y las decisiones de los representantes. Creo que obligará a quienes toman decisiones a dialogar antes si saben que una ley puede ser vetada. En este sentido, hay una apuesta muy fuerte, y creo que es muy débil la iniciativa legislativa de ley, pero habrá que ver en la práctica cómo funciona. En cualquier caso, el proyecto muestra avances bastante marcados en la incorporación de estos mecanismos. No en cantidad, sino en calidad, que es lo que importa.

¿En qué dirección ve encaminado el sistema político que propone el proyecto constitucional? ¿Cuánto ve de continuidad y cuánto de quiebre ?

Creo que la continuidad o el quiebre se van a ver si se aprueba la Constitución y entra en vigor. Hubo muchos aspectos inéditos en la elaboración de la Constitución, aunque en el articulado no me parece que haya tantos componentes inéditos, lo que no tiene nada ni de bueno ni de malo per se. La novedad no hace de un diseño institucional algo mejor o peor, sino de que pueda o no canalizar demandas y ordenar el funcionamiento de una comunidad política. En general, algunas de las distintas reformas que se han planteado me gustan más, otras me gustan menos, pero no veo elementos realmente disruptivos. O sea, Chile va a seguir siendo un país democrático, con un Estado de Derecho en el marco de los acuerdos internacionales y de las democracias existentes. Y creo, también, que el proyecto constitucional, por ejemplo en aspectos que han sido muy controvertidos a nivel mediático, como la plurinacionalidad, no hace más que reconocer un estado de cosas que es reconocido en democracias muy avanzadas. Tampoco veo ahí elementos disruptivos. Pero los marcos constitucionales son eso, unos marcos que luego se ponen en marcha, son interpretados por las cortes constitucionales y son completados por la actividad legislativa.

Cuando dice que lo plurinacional reconoce “un estado de cosas reconocido en democracias muy avanzadas”, ¿se refiere a un reconocimiento constitucional?

Me refiero a que Chile ha sido uno de los países latinoamericanos que ha tardado más en reconocer a los pueblos indígenas en su territorio, sobre todo considerando la importancia cuantitativa de estos grupos de población. En cuanto a la forma del reconocimiento, hay diversidad en qué implica reconocer esa plurinacionalidad. Quizá el mejor caso para considerar respecto de Chile es Canadá, donde hay un reconocimiento en la legislación de los últimos años de los pueblos indígenas y un avance hacia acordar con ellos distintas formas de reconocimiento y ampliación de sus derechos.

En un país que ha sido en el último medio siglo un “laboratorio” de proyectos, ¿hay cierto vanguardismo en una Constitución con bicameralismo asimétrico, derechos de la naturaleza y primacía de las perspectivas de género e intercultural?

Disiento del enfoque de la pregunta: hablar de vanguardismo se corresponde con una linealidad en el avance, y de eso disiento. Creo que hay elementos novedosos, en particular en la primacía de las perspectivas de género y lo intercultural. Pero hay muchas otras comunidades políticas, por no dejarlo solo en el marco constitucional, que también han avanzado en esta línea. Podría decirse que Chile está aportando elementos novedosos, pero mucho más importante que lo innovador es que dan respuesta a problemáticas que estaban presentes en la comunidad política chilena.

¿En qué aspectos ve la continuidad?

Veo continuidad en un sentido general, en que Chile es una democracia y que va a avanzar en muchos aspectos, y no me parece que estos aspectos representen un quiebre, sino una continuación. Si pensamos que la democracia es un proyecto que está siempre en construcción, creo que muchas de las reformas que se incorporan en el ámbito de la participación ciudadana, de la plurinacionalidad, de la paridad, etc., no hacen más que avanzar en derechos. Y lo mismo vale para el Estado social.

Cuando se analizan los sistemas políticos sólo por sus marcos regulatorios, piensa Welp, “rápidamente se puede ver que el análisis es incompleto. Hay que mirar también otras variables. Chile ha estado ranqueado, hasta ahora, como una de las tres democracias más fuertes de América Latina, y vivió un estallido mientras ocupaba las primeras posiciones en los rankings. Por lo tanto, hay apreciaciones que se deben matizar. También se puede decir que, históricamente, el constitucionalismo latinoamericano ha sido muy avanzado y ha sido muy poco avanzada la puesta en marcha efectiva de los marcos regulatorios”.

¿Se integra la idea de democracia participativa al momento político chileno?

Creo que la democracia participativa es una expresión de buenas intenciones. No hay un cambio radical del modelo democrático chileno en esta nueva Constitución. Lo que hay es una intención de abrir más ese modelo representativo a otras formas de participación ciudadana, que tampoco podría decirse que son tan radicales. Hablamos del referendo derogatorio de leyes, pero no hay referendos obligatorios ni iniciativas constitucionales. Por lo tanto, no es que haya un empoderamiento radical de la ciudadanía en este sentido. Creo que se hace mucho énfasis en variables que más bien tocan una de las demandas de algunos sectores movilizados, pero que no son tan coherentes con lo que registra la nueva Constitución. Y eso no me parece una lectura que lleve a pensar que la Constitución es mala.

Los partidos políticos son muy importantes, son claves en el funcionamiento de la democracia, y ampliar mecanismos de participación ciudadana, si se hace con una regulación que no empodere a los más poderosos, sino que dé voz y voto a la ciudadanía para intervenir en el policy making, lo que se hace es ajustar esa relación también con los partidos. La intención es mejorar también a los partidos. En cualquier caso, lo que consagra la nueva Constitución es una democracia representativa con más elementos de participación ciudadana.

Juan Pablo Luna declaró a La Tercera que “mientras unos buscan revivir partidos que están muertos en la práctica, otros apuestan mágicamente a independientes”, y que hay un vacío que nadie sabe llenar. ¿Cuál diría que es el presente del sistema chileno de partidos?

Coincido con Juan Pablo Luna. Creo que hay dos dinámicas que no se deben perder de vista: hay un sector del electorado chileno altamente movilizado -una mitad, digamos-, que tiene sus derechas y sus izquierdas, incluso sus extremas derechas, y una mitad que está desmovilizada. Y ahí hay mucha apelación de ciertos sectores muy movilizados a esta idea de las bondades del ciudadano y la ciudadana comunes, y su capacidad de tomar decisiones. Yo creo que los ciudadanos tienen capacidad de tomar decisiones, pero que es un gran error pensar que los independientes son buenos sólo por ser independientes. ¿Independientes de qué? De los partidos. Yo creo que no es ahí donde es tan importante la independencia. Ni siquiera es importante. Son eslóganes que tienen calado en una sociedad desencantada, muy distanciada de sus representantes, pero que no resisten una discusión profunda.

Entonces, es difícil pronosticar lo que viene con el sistema chileno de partidos. Los partidos tradicionales han sido relativamente desplazados de la escena, pero no han muerto, y hay partidos nuevos. La experiencia europea reciente ha mostrado, además, que sacar muy rápido los certificados de defunción de los partidos políticos tradicionales es un error. En este momento el Partido Popular y el PSOE, los dos partidos tradicionales de España, vuelven a concentrar las preferencias de la mayor parte del electorado, mientras el Partido Socialista francés prácticamente ha desaparecido, pero han emergido nuevos partidos que siguen controlando el acceso al poder. Entonces, no hay que sacarles el certificado de defunción a los partidos chilenos. Más bien, habrá que ver cómo resisten los movimientos independientes, cómo pueden seguir usando esa apelación. Cuando un movimiento independiente se presenta dos y tres veces a una elección, por ejemplo, pasa a ser un partido.

Puesta en el contexto latinoamericano, ¿cómo observa la brecha entre partidos y ciudadanía?

Veo ciertos paralelismos, en la arena electoral, entre Chile y Costa Rica. Son países muy diferentes en muchos sentidos, pero son de las democracias más estables y fuertes de la región de acuerdo con muchos indicadores. Sin embargo, en ambos países la abstención iba creciendo, también la polarización, y la salida electoral ha sido muy distinta. Mientras en Costa Rica asumió la Presidencia un líder que venía de crear su propio partido y que genera expectativas desinstitucionalizadoras, en Chile la plataforma que aúpa a Boric es una plataforma de muchos partidos, y creo que ahí hay una oportunidad de reconfiguración del escenario político roto a partir de 2019 y que se ha ido reconstituyendo. Pero en este momento es difícil hacer pronósticos. Tenemos por delante un plebiscito cuyo resultado va a ser muy importante -no determinante, pero sí muy importante- para empezar a entender un poco más cuál es el Chile que viene después de todo este período de reformas, que tampoco va a terminar con un “no” o con un “sí”. Pero suponiendo que sea un sí, que es lo que desearía que ocurriera, creo que se abre una nueva etapa, pero no se cierra el proceso político.

¿Cómo prevé la complejización de un sistema en el que aspectos étnicos y sexogenéricos pasan a ser, constitucionalmente, factores políticos?

Que haya cuotas y más instancias de participación, más posibilidades de intervención ciudadana, añade cierta complejidad, sin duda. Pero, justamente, esta complejidad busca dar respuesta a una crisis política. Creo que hay un complemento entre estas dos dimensiones, y habrá que ver cómo esto se pone en marcha. Y acá insisto en que la población chilena sigue mostrando un amplio espectro más bien despolitizado, por lo que también habrá que ver qué ocurre en los próximos años: si hay realmente una posibilidad de politizar para fortalecer el sistema político. El punto más débil de la democracia representativa se da en estas prácticas, o bien en la ausencia de las mismas.