“$1.380 millones para vehículos”: el oficio con que el Poder Judicial pidió fondos para los 22 Lexus y que no tuvo respuesta de la Dipres

La tensión en torno a la compra de los 22 autos Lexus para los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial del organismo va en aumento. Ya son dos plenos extraordinarios y una reunión para revisar documentos las que se han citado desde que La Tercera reveló el proceso y la decisión que tomaron los magistrado el 2 de febrero para renovar sus vehículos institucionales, determinación que esta jornada quedó congelada.

Es que el tema no solo se ha transformado en áspero al interior del máximo tribunal, sino que también gatilló un enfrentamiento con el Ejecutivo, que a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha deslizado que para La Moneda la compra no parece procedente.

Esa crítica, aunque no ha sido directa, molestó a gran parte de los ministros, quienes aseguran que los dineros para ejecutar la adquisición eran parte de un acuerdo con el gobierno, alcanzado tras las gestiones que hiciera la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Por lo mismo, el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, debió exponer ante el pleno extraordinario de ayer miércoles todas las conversaciones que existieron, aunque también reconocer que hoy no cuentan con una autorización formal para acceder a los más de $1.200 millones que requieren para ejecutar la compra. Eso, explicó, sigue en trámite ante las autoridades de la Dirección de Presupuesto (Dipres).

Eso generó que varios ministros hicieran presente su molestia, ya que, como indican en privado, al momento de votar y aprobar la renovación de los autos se les había transmitido que todo estaba listo y que tenía luz verde. Por eso, comentan altas fuentes del máximo tribunal, no habían tenido reparos con su decisión.

Sin embargo, eso se matizó cuando en medio del mismo pleno Guzmán les detalló las gestiones que se habían llevado con Hacienda y que, para ellos, eran suficientes para considerar que la cartera encabezada por Mario Marcel les visaría la transferencias de recursos.

Entre ellas, según pudo conocer La Tercera, se expuso el acta de la 10a. sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, donde se abordó, entre otras materias, la partida 3 del erario, referente al Poder Judicial.

Y ahí, como resaltó el representante de la CAPJ, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, aseguró que había un “acuerdo” para transferirles durante el año el saldo inicial de caja de 2023, dineros desde donde justamente el Poder Judicial ha dicho que sacaría los fondos para financiar los 22 Lexus.

“En línea con lo que ya han expresado los senadores, en la indicación n° 367 del Ejecutivo -que ya está ingresada- se da cuenta del acuerdo, que consiste en incrementar en 3.000 millones de pesos el presupuesto para el 2024 y que durante el año se aumentará a 20.000 de manera directa desde su saldo inicial de caja, que también era uno de los temas que se plantearon como preocupación desde el Poder Judicial”, sostuvo la profesional ese día.

Hasta ahí, eso sí, nunca se habló de autos, pues la única indicación que ahí se comenta, la n° 367 -que fue aprobada-, implicó que se sumaran $3.000 millones al subtítulo 29° del presupuesto de la CAPJ, pero para programas informáticos. Pese a ello, como Martínez había expuesto lo de los $20.000 millones, en el Poder Judicial creían que ya se había allanado el camino para que, en trámites posteriores, les visaran el resto de los recursos.

Así, el 26 de enero pasado, siete días antes de que los titulares de la Suprema votaran para adquirir los Lexus, el director de la CAPJ remitió el oficio con que formalizó la petición de $1.380 millones para la renovación de los autos Toyota Camry que utilizan actualmente.

“En atención a lo indicado en la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos realizada el día 9 de noviembre del 2023, en relación a la aprobación del Presupuesto para la Partida 03 del Poder Judicial, se requiere la realización de un decreto con cargo al Saldo Inicial de Caja que permita la materialización de necesidades relacionadas con el subtítulo 29 “Adquisición de activos no financieros”, que no pudieron ser incorporadas en la ley de la referencia”, se lee en dicho documento al que accedió La Tercera.

Y agrega: “Consecuente con lo anterior, se agradecerá modificar el presupuesto de la Partida 03, Capítulo 03, Programa 01, Corporación Administrativa del Poder Judicial, por un monto de M$ 2.480.000 conforme a lo señalado en el siguiente cuadro”.

Detallaron, a continuación, que $1.380 millones serían para vehículos, $400.000 para mobiliario y otros y $700.000 para máquinas y equipos.

La respuesta a ese oficio, en todo caso, aún no llega y de ahí que voces de gobierno insistan en que no se ha visado monto alguno para que el Poder Judicial compre autos durante 2024.

Más allá de esas exposiciones formales, además, en la reunión extraordinaria del pleno de ayer miércoles también se expuso que, en medio de la discusión del Presupuesto, hubo varias reuniones que habrían sido clave.

Conforme al detalle al que accedió este medio, el 2 de noviembre se reunieron en dependencias de Hacienda el entonces presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el ministro Marcel, los ministros María Teresa Letelier, Mario Carroza, el director de la CAPJ, el jefe de finanzas de la misma, Antonio Rojas, y la subdirectora de Presupuesto de la Dipres, Sereli Pardo.

Y ahí se habría acordado incorporar los mencionados $3.000 millones para programas informáticos, pero también los $20.000 millones para infraestructura, inmuebles y, entre otras cosas, la adquisición de vehículos como reemplazo de los vehículos de los ministros de Corte Suprema y fiscal judicial, los cuales cuentan con una antigüedad de 10 años.

Lo anterior, como indican desde el Poder Judicial, habría quedado respaldado en correos electrónicos que intercambiaron con fecha 7 de noviembre Antonio Rojas y Sereli Pardo.

Por lo mismo, tras la revisión de los autos que se podrían adquirir y luego de recabar antecedentes respecto de 64 marcas, se abocaron derechamente en la compra de los 22 Lexus. Dado que comprobaron que Toyota Chile S.A. no hacía venta directa de los mismos, se solicitó a la automotora Portillo remitir la cotización correspondiente a la compra de 22 Lexus, con un descuento de 7,99%.

Al interior de la Suprema, el revuelo que ha causado su decisión de adquirir los autos Lexus no cayó bien. En primer lugar, porque la información que tenían al momento de votar no estaba completa y porque no fue hasta el miércoles 14 que se les reconoció que los dineros no habían sido traspasados.

Los magistrados apuntan, en esa línea, contra el presidente Ricardo Blanco, que promovió el pleno, pero también contra la CAPJ, porque a pesar de que reconocen las gestiones que realizaron, catalogan como poco clara en la entrega de antecedentes.

Por otra parte, insisten en que hay una suerte de “deslealtad” de parte de las autoridades de gobierno, porque a pesar de que hubo una serie de reuniones donde les habrían dado luces de aprobación, hoy les dan vuelta la espalda y niegan cualquier acercamiento.

Una de las intervenciones que más molestia generaron, de hecho, fue la del ministro Mario Marcel, quien bromeó respecto al año de su auto y del kilometraje que tenía. “Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien”, dijo.