“El servicio a bordo debe proporcionar alimentación e hidratación durante el vuelo para los pasajeros. En tal punto, no debe incluir cubiertos metálicos u otro objeto susceptible de ser utilizado como arma cortopunzante, tampoco se debe considerar bebidas alcohólicas o calientes”.

Esta es una de las obligaciones de Sky Airlines que suscribió en el contrato de prestación de servicios firmado el 21 abril de 2021 con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la expulsión de extranjeros que estén de manera irregular en el país.

A la fecha, la compañía presidida y controlada por Holger Paulmann
-sobrino del fundador de Cencosud- ha efectuado dos vuelos con un total de 108 pasajeros deportados. El último traslado -efectuado el 6 de junio pasado- despegó desde Santiago y tuvo que hacer una escala en Iquique, subiendo a la aeronave otros expulsados para continuar su viaje a Caracas, Venezuela.

A través de una petición de Ley de Acceso a la Información Pública se accedió al contrato que sirve de base para fundar las masivas deportaciones aéreas en el marco del “Plan Colchane”. El acuerdo no sólo establece cláusulas que debe cumplir la línea aérea a cabalidad, sino que también disposiciones legales a las que se obliga la Secretaría de Estado.

El contrato consignó que “debido al aumento en el ingreso clandestino de extranjeros a Chile, principalmente por pasos no habilitados y que han permanecido en forma irregular en el territorio nacional, se generó un importante incremento en el número de expulsiones administrativas por parte de las intendencias regionales”, y en consecuencia una gran acumulación de ciudadanos extranjeros que se encuentran a la espera de ser expulsados a través de un procedimiento administrativo.

El documento establece el precio de los servicios. “El monto que irroga el presente contrato asciende a un monto máximo de $ 1.500.000.000 incluidos todos los impuestos que puedan corresponder para los 12 meses que dura el contrato. Dicha suma será pagada de manera mensual, por los vuelos efectivamente programados dentro del mes”, consignó el escrito que cuenta con 12 páginas. El acuerdo establece que el contratista deberá realizar al menos 15 vuelos y cada uno de ellos con hasta 180 pasajeros.

Es decir, al finalizar el contrato el Estado de Chile habrá pagado a Sky Airlines un total de $ 555.555 por cada uno de los 2.700 expulsados. Esto, si la aerolínea cumple con el mínimo de pasajeros transportados.

Frente a estas cifras, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “esta no fue una decisión económica, porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”.

El contrato también fijó sanciones en caso de incumplimientos que no fueran sujetas a “fuerza mayor o casos fortuitos”. A modo de ejemplo: se establece la obligación a Sky Airlines de pagar una multa de hasta el 5% del total de la facturación del vuelo en caso de verificarse cambios sin previo aviso que alteren las condiciones de fecha, horario o itinerario del vuelo.

“En la eventualidad de que exista un retraso de más de una hora en el despegue del vuelo por razones que sean de única y exclusiva responsabilidad del contratista, se multará con un monto equivalente de hasta 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo afectado”, agregó el documento. En esa lógica, si se retrasa el vuelo tres horas, el viaje deberá ser validado por el Departamento de Extranjería y Migración.

Por otro lado, si el vuelo se debe aplazar por “desperfectos mecánicos de la aeronave”, el contratista se verá obligado a gestionar en un máximo de 18 horas el reemplazo del avión, “sin costo para la Subsecretaría del Interior”. En caso de que exceda este tiempo, se multará con un monto equivalente al 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo.

Sin embargo, el acuerdo también establece una serie de condiciones que podrían poner término al contrato. Entre ellas está la insolvencia del contratista, la aplicación de más de seis multas en el periodo de un año o tres multas en un periodo de tres meses consecutivos.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven) calificó como un gasto de recursos innecesario el costo que implica la expulsión de migrantes irregulares en Chile en el contexto de la pandemia. “Son recursos que pudieran utilizarse para asistir a las personas que realmente necesitan una asistencia social. El Ministerio del Interior en todo lo relacionado con la migración y la nueva Ley de Migraciones ha sido muy oscuro. Además, decimos que es mucho más económico para el país regularizar a estas personas que andar persiguiéndolas como si fueran delincuentes”.

“Como Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) volvemos a subrayar que la Corte Suprema ya le advirtió al gobierno, esta misma semana, que lo que hacen al expulsar colectivamente a personas migrantes es ilegal. Que nos enteremos que la ilegalidad es más cara de lo que creímos sólo agrava un problema que es, a estas alturas, intolerable”, señaló Carlos Figueroa, director de Incidencia Pública y Estudios del SJM.

Francisca Vargas Rivas, directora de la clínica jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, añadió que “la política gubernamental de expulsar colectivamente a personas extranjeras del país no tiene ninguna posibilidad de ser una respuesta real frente a la problemática de la migración irregular”. “Es sólo una medida populista, porque no ataca la raíz del problema”, acotó.

“Los venezolanos están huyendo de su país en el éxodo más grande de la región en los últimos 50 años producto de la crisis que vive ese país. Llegan a Colombia, Perú, Ecuador y una porción menor llega a Chile. Estas personas llegarán igual. Una opción es decir: no, no quiero que vengan y pongo políticas migratorias restrictivas que provocarán una migración irregular, y la otra es decir, estas personas vendrán y démosles las opciones para que la vía regular sea factible”, sostuvo a la académica.

Ante las críticas a la política de expulsiones masivas, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió: “Entiendo que las críticas vertidas no aplican a personas que son expulsadas mediante condenas ejecutadas por tribunales. Me imagino que la crítica va por las expulsiones administrativas, pero lo que corresponde es que nosotros como administración del Estado cumplamos la ley”.

“La ley contempla la expulsión para aquellos que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria y una de las infracciones más graves que se cometen es el ingreso por pasos no habilitados. Hemos estado en conversaciones con lo que resuelva el Servicio Jesuita del Migrante y estamos muy atentos a lo que resuelvan las cortes para ir ajustando los procedimientos para llevar adelante las expulsiones, pero esto no implica detenerlas”, remató.