1.700 investigaciones por el estallido social y 63 funcionarios: cómo funciona la Brigada de Derechos Humanos de la PDI

Cuando surgieron los casos de corrupción política la PDI impulsó la creación de una de sus “joyas” en materia de investigación policial: la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef), que luego pasó a llamarle Brigada Anticorrupción. Pues bien, el estallido social -el cual también se transformó en un hito en materia de persecución penal- potenció otras unidades de la policía civil.

Una de estas -quizás la que vio una avalancha mayor de causas entrando por sus oficinas, en calle Condell, Providencia- fue la Brigada investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos. “Ninguna policía estaba preparada para el aumento de delitos que hubo desde el 18 de octubre del 2019″, parte indicando a La Tercera la jefa del equipo policial, la subprefecta Carolina Namor.

En la brigada trabajan 63 funcionarios de la PDI, quienes hasta la fecha suman 8.734 órdenes de investigar, derivadas tanto del Ministerio Público, de las distintas Cortes de Apelaciones del país, como de denuncias directas de personas. En promedio, explican desde la policía, cada oficial tiene a su cargo un promedio de ocho causas.

De estas más de ocho mil órdenes de investigar, hay un porcentaje importante que tiene su origen en el estallido social. Desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha, la Brigada de Delitos contra los DD.HH. de la PDI ha recibido 1.728 solicitudes para indagar situaciones de eventuales ilícitos cometidos por agentes del Estado. Entre las causas más conocidas que tiene este equipo están las que lleva adelante la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien indaga delitos de lesa humanidad; el caso de las lesiones oculares de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay y las imputaciones de torturas a Carabineros de Ñuñoa y Peñalolén, entre otras.

La subprefecta Namor afirma que “al tener esta importante cantidad de causas (tras la crisis de 2019) tuvimos que reorganizar los equipos y comenzar a establecer coordinaciones con nuestras distintas unidades”.

¿Existe una barrera emocional de la persona que denuncia a policías o agentes del Estado a través de otra policía?

Una de las principales barreras que tenemos que sortear es esa. Eliminar ese muro emocional con que la gente llega hacia nosotros. A nosotros nos ven como policías, como la autoridad, que no estamos del lado de ellos, pero no es así y eso tenemos que darlo a entender. También tenemos que hacerle ver a la víctima que nuestro trabajo está orientado a cumplir con la debida diligencia, es decir, que nuestras investigaciones son objetivas, siempre.

¿Cómo se relacionan con Carabineros o las Fuerzas Armadas para estas causas? ¿Hay un celo importante en esa dinámica, no?

Acá nosotros no vemos ni cargos ni instituciones, sino que hechos. Debemos cumplir estándares investigativos para poder establecer hechos, pero también para descartar delitos, por eso miramos la investigación de manera objetiva y (para) así no estigmatizar ni llegar a un resultado erróneo. Nosotros tratamos de acceder a ellos como fuentes de información, tal como ocurre con una víctima, que también es una fuente de información. Si actuamos de manera profesional, esto nos permite determinar qué hechos han ocurrido y cuáles no. Qué es falso y qué es verdad desde la perspectiva policial.

¿Y cuáles son falsos y verdaderos?

No puedo hablar de investigaciones que están en curso. Son de carácter reservado.

¿Ustedes tienen efectivos involucrados en hechos de este tipo?

El que realiza investigaciones para funcionarios activos es el Departamento Quinto de Asuntos Internos. Sin embargo, en ningún caso hemos tenido la limitación de acceso a información, la institución ha sido muy transparente en ese sentido.

¿Cómo se relacionan con otras brigadas, por ejemplo, en el caso Gatica hubo que establecer la trayectoria del disparo, a través de un peritaje que incorporó tecnología?

Nuestro trabajo está sustentado en una metodología y apoyado en el método científico, en la ciencia, y por eso, para poder determinar y llegar a un conocimiento verdadero del hecho, nosotros tenemos que apoyarnos. Para mí tiene un valor fundamental. El éxito y los buenos resultados a que ha llegado la brigada es por el equipo competente que realiza las investigaciones.

Ante el Senado, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, acusó un estancamiento en estas causas en el Senado. ¿Lo hay?

Desconocemos cuál es la fuente o el origen de dicha afirmación que pueda tener el Instituto. La PDI es un organismo auxiliar del Ministerio Público, por consiguiente, quien está encargado de dirigir la investigación es la fiscalía. En este contexto, solo en la Región Metropolitana se recibieron después del 18 de octubre del 2019, 1.927 entre órdenes de investigar e instrucciones particulares, de las cuales 1.639 fueron devueltas a las fiscalías, con resultados de interés investigativo y 245 sin resultados. Se debe hacer presente que muchas de las denuncias que se investigaron resultaron ser falsas, por ejemplo, el supuesto centro de tortura en la Estación del Metro Baquedano, en un centro comercial en Quilicura o la detención que habría sufrido una mujer en el Laboratorio de Criminalística Central.