Un desafío complejo ha tenido a cargo el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD). Desde que fue nombrado por el Presidente Gabriel Boric, el exdiputado ha dedicado la mayor parte de sus días a una sola misión: definir el puzle de los 307 secretarios regionales ministeriales (seremis) que deben ser designados a lo largo del país.

Pese a su dedicación prácticamente exclusiva en esa tarea y que no le ha dejado demasiado tiempo para otras materias relativas a la Subdere, hasta ahora y cuando ya se cuentan 19 días desde que asumieron en el gobierno, aún no se zanja el mapa definitivo de las autoridades, cuyo nombramiento y labor son cruciales para la administración del Estado.

El rol de los seremis -que son nombrados en la mayoría de los 24 ministerios y en todas las regiones del país- le permite a los gobiernos desplegar sus huestes en las regiones y marcar presencia directa en éstas. Por lo mismo, la dilación en el nombramiento de las autoridades preocupa a la coalición oficialista. Sobre todo, porque al no designarse aún el total de las autoridades, se mantienen en funciones subrogantes que, en general, vienen del gobierno anterior.

Si bien el Ejecutivo apuró el nombramiento de 30 seremis en carteras más sensibles como Educación, Salud, Transportes, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas, esto representa solo un 10% del total.

Afinar el puzle no ha sido fácil y así lo reconocen quienes han conversado con Crispi en los últimos días. Y los factores son variados. Uno de ellos es la presión que han ejercido los partidos políticos tanto de Apruebo Dignidad como del Socialismo Democrático para tener una representación acorde a su peso en la coalición.

El interés de las colectividades, las que han propuesto sus cuadros, se ha topado con una decisión política del gobierno: conciliar ese peso relativo con las necesarias compensaciones a fuerzas que no fueron favorecidas en los nombramientos de autoridades como las delegaciones presidenciales. A eso, además, se suman los criterios de paridad y el llamado que hizo el Presidente Boric a Crispi y sus ministros, quienes han tenido poder de veto en el proceso: que tuvieran especial celo para definir la nómina promoviendo capacidades técnicas más que criterios políticos.

“No se puede dejar contentos a todos, lamentablemente”, dicen fuentes que han conocido del proceso de selección de nombres, los que -según comentan en Palacio- están siendo sometidos a los últimos chequeos para ser anunciados a más tardar esta semana. De hecho, en el comité político del lunes se fijó como plazo fatal este jueves 31 de marzo.

En la coalición de gobierno hay partidos más conformes que otros. Uno de los que siente que quedará subrepresentado en las seremías es el Partido Socialista y así lo ha hecho ver al propio Crispi. La semana pasada el presidente subrogante de esa colectividad, Andrés Santander, visitó al subsecretario en La Moneda para insistir en sus propuestas.

Los socialistas han transmitido que el gobierno se ha “enredado” al haber agregado -a un puzle que siempre es complejo de cuadrar- variables como las de compensar la designación de delegados presidenciales, dejar conformes a los movimientos que tienen menor representación en la coalición -como Unir y Acción Humanista- y el criterio de género. Más allá de eso, los cálculos que se manejan es que el PS podría tener entre uno y tres seremis por región.

En el caso del Partido por la Democracia hay una sensación similar, sobre todo porque consideran que los movimientos de la coalición están pidiendo más de lo que les corresponde. En la colectividad recalcan que el hecho de que el gobierno haya buscado propiciar acuerdos regionales para el nombramiento de seremis, por ejemplo, en Los Lagos, Arica, Magallanes o Ñuble, ha dejado en una posición más favorable al Frente Amplio.

De hecho, ese nudo fue abordado en uno de los primeros comités políticos ampliados de La Moneda, donde el Partido Liberal planteó la necesidad de que la negociación volviera al nivel central y se zanjara con los presidentes nacionales y no en el marco de cada región.

En el bloque del Socialismo Democrático, además, acusan que Crispi estaría favoreciendo a su propio partido y a Convergencia Social por sobre otras fuerzas, algo que en todo caso descartan en La Moneda.

La incomodidad de un proceso que algunos en el oficialismo consideran derechamente “viciado” no se ha acotado solo al bloque del Socialismo Democrático. De hecho, también el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) ha resentido las formas. Al estar fundada sobre la base del regionalismo, la tienda liderada por Flavia Torrealba esperaba que se le escuchara más.

Un dirigente de la centroizquierda lo explica así: “El problema es que somos demasiados en esta conversación. Fueron varias las fuentes con las que se construyeron los acuerdos: los partidos, por un lado, los ministros que tuvieron poder de veto, las mesas regionales que ya venían tensionadas por las últimas elecciones, autoridades regionales que después les quitaron la facultad de designar y UNIR y Acción Humanista exigiendo trato de partido político”.

Un nudo no menor, y que ha tensionado las relaciones entre los partidos y el gobierno, es el espacio que se les dio a los ministros del gabinete para proponer nombres, pero también para vetar ciertas propuestas que no les parecieran idóneas para el cargo.

En los partidos del Frente Amplio, por ejemplo, resienten que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, haya influido en desechar propuestas para las seremías de la Mujer y Equidad de Género, particularmente en la Región Metropolitana. “Nos han transmitido que esa región es de la ministra”, dice un dirigente de ese bloque.

Asimismo, representantes de la coalición aseguran que la ministra del Interior, Izkia Siches, tuvo una influencia significativa en la designación de las seremías de Salud, dejando fuera propuestas de las colectividades y llevando -en algunos casos- nombres cercanos al Colegio Médico.

Un presidente de partido de Apruebo Dignidad asegura que a cada ministro se le planteó que podría tener hasta tres vetos, aunque, acusan, algunos han influido en un número mayor.

En el PC, por ejemplo, un dirigente lo plantea así: “Los ministerios no han operado bien, es un enredo. El retraso es preocupante porque por mientras siguen en las seremías los funcionarios de Piñera. Ya no se puede ‘achacar’ a que llevamos una semana, dos semanas. Es fines de marzo, está fallando el procedimiento para determinar un listado final”.

Desde La Moneda, en todo caso, explican que los “vetos” ministeriales tienen un solo objetivo y es cumplir con el llamado que les hizo el propio Boric a sus colaboradores para privilegiar capacidades técnicas versus operadores políticos.