No es la primera vez que Diego Ancalao, el frustrado candidato presidencial de la Lista del Pueblo, es acusado por falsificación de instrumento público. Ayer, el Servel rechazó su inscripción como aspirante a La Moneda y lo llevó a la justicia, acusándolo de la entrega de firmas adulteradas. Sin embargo, el joven ya había enfrentado acusaciones similares que lo llevaron hasta tribunales. La primera de ellas ocurrió en 2012 con una mujer que recibió una herencia, siendo imputado de usar documentos falsos. Dos años después el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por fraude al Fisco. El caso involucró a la Contraloría General de La República y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

La génesis de este episodio se remonta a cuando Lilian Muñoz presentó una querella en su contra por la falsificación de una escritura pública de compraventa otorgada en la notaría de Temuco de Héctor Basualto Bustamante, en la cual -según la acción judicial- “se transfirió dolosamente a terceros un inmueble de mi propiedad falsificando mi firma y fingiéndose mi comparecencia”. En el documento la mujer explicó que adquirió un inmueble por adjudicación en la partición de los bienes quedados al fallecimiento de Juana Arteaga, Manuel Muñoz y Ema Muñoz, ocurrido en julio de 2010. Se trataba de un inmueble ubicado en el Lote Uno-F de una superficie de 1.710 m2, ubicado en la comuna de Gorbea.

El caso es que el 24 de octubre de 2011, mientras actualizaba al documentación necesaria para vender el inmueble, se percató que al margen de su inscripción se había anotado una transferencia del dominio a la ONG IDEA Chile. La agrupación era dirigida por Ancalao y sus hermanos: José Bernardo y Claudia.

“En la referida escritura pública se fingió mi comparecencia y se falsificó mi firma y huella digital, señalándose un precio de $ 40 millones pagados al contado y en dinero en efectivo”, acotó. “El 5 de abril e 2011 comparecieron a esa notaría José Bernardo Ancalao Gavilán, Diego Ancalao Gavilán y en mi ausencia procedieron a firmar la escritura pública de compraventa, falsificando mi firma como mi huella digital. Todo lo anterior en presencia de los demás comparecientes y con la cooperación expresa del notario Héctor Basualto, quien resolvió autorizar la escritura pública, sin verificar la identidad de los supuestos comparecientes”, remató.

Posteriormente, según la querella, los hermanos Ancalao procedieron a presentar la escritura ante diversos bancos a fin de obtener créditos hipotecarios. Por estos actos, 23 de diciembre de 2017, el juez de garantía de Temuco, Federico González, condenó a Manuel Ambrosio Altamirano Quintana, quien a la época de otorgamiento de la escritura pública se desempeñaba como funcionario de la notaría Basualto, lo que permitió que la Organización no Gubernamental de Desarrollo Identidad y Desarrollo Nacional “IDEA Chile” inscribiera a su nombre en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén.

“Se acoge la acusación del Ministerio Público solo en cuanto se condena a Manuel Ambrosio Altamirano Quintana, ya individualizado, a cumplir la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, a la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y a pagar una multa de un tercio de unidad tributaria mensual, como autor del delito de falsificación de instrumento público, perpetrado el día 5 de abril de 2011 en esta ciudad, sin costas, por haber aceptado un procedimiento abreviado”, consignó la sentencia.

Posteriormente la causa fue archivada y Claudia Ancalao destacó que no fue condenada. Mientras, que José Ancalao añadió que en 2015 la Fiscalía decidió no perseverar y por lo tanto el caso “no pasó de la etapa indagatoria”. “El órgano competente determina que jamás me vi involucrado en el tema”, concluyó.

El otro caso involucra directamente a Ancalao, pero esta vez con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En 2014, el órgano a cargo de resguardar los intereses del Fisco se querelló en su contra por el delito de fraude al Fisco.

El 2 de noviembre de 2006 se celebró un contrato de préstamos entre el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado “Programa Orígenes, II Fase”, el cual fue autorizado por el Ministerio de Hacienda. En el acuerdo se estableció que el órgano ejecutor del denominado Programa Orígenes, sería la Conadi. El costo total del Programa ascendió a US$ 109.900.000, el cual fue financiado con un préstamo BID de US$ 45.200.000 y un aporte del Estado de Chile de US$ 64.700.000.

En el marco de este proceso, el 30 de mayo del 2008, el coordinador regional del Programa Orígenes (Conadi) de la Región de La Araucanía, Jorge Eduardo Roa Reyes, y Ancalao, en su calidad de representante legal de la consultora IDEAR, Sociedad de Capacitación, Identidad y Desarrollo Regional Limitada, acordaron un contrato de prestación de servicios como proveedor de asistencia técnica, por un monto total para la unidad de planificación (UP) de la Comunidad Ralún Coyán y Tromén ascendente a la suma de $ 42.128.296.

El problema es que durante la ejecución del contrato, diversos miembros de la comunidad Ralún Coyán denunciaron en varias ocasiones ante la Conadi que la empresa cambiaba a los profesionales, siendo ahora otros los técnicos que llegaban a esos lugares, lo que se tradujo en “falta de capacitaciones, capacitaciones incompletas y ausencia de profesionales las veces que se les requería en terreno”.

“En este orden de ideas se pudo constatar, por la Contraloría General, que en los informes de avance emitidos por la empresa IDEAR, las firmas puestas supuestamente por el Apoyo Técnico N° 3, de la señorita Waleska Arriagada Fuentes, difieren en los distintos informes, razón por la cual no hay certeza de que se trate de las firmas auténticas de dicha persona”, acotó la querella.

“El querellado particular, Diego Ancalao Gavilán, representante legal de la empresa IDEAR, ha acompañado y usado documentos falsificados a través de los cuales ha pretendido dar una apariencia de veracidad a actuaciones y servicios que nunca se prestaron en favor de las comunidades indígenas afectadas, y por las cuales, finalmente, han obtenido prestaciones indebidas de parte de la Conadi, ocasionando una pérdida o perjuicio a su patrimonio, el cual se ha visto disminuido al pagar por servicios que en realidad nunca fueron realizados o lo fueron en una forma diferente a la contratada”, sostuvo la acción penal del CDE.

A raíz del caso, el CDE -que declinó efectuar comentarios sobre este tema- presentó una querella por fraude al Fisco acusando a Roa y Ancalao. En su presentación la entidad apuntó a Jorge Roa por consentir a que se defraude a la Conadi, al certificar el cumplimiento de prestaciones que nunca se realizaron a favor de la comunidades indígenas y al autorizar los estados de pago de tales prestaciones que nunca se realizaron, o se realizaron de una forma distinta acordada, ocasionando de esta forma una pérdida o perjuicio a dicha institución pública, la que ha debido pagar por servicios inexistentes.

Asimismo, también se querelló en contra de Edgardo Lienlaf Nahuelñir, representante legal de la empresa Licanko, quien “ha acompañado y usado documentos falsificados a través de los cuales ha pretendido dar una apariencia de veracidad a actuaciones y servicios que nunca fueron prestados en favor de las comunidades indígenas afectadas, y por las cuales, finalmente, han obtenido prestaciones indebidas de parte de la Conadi, ocasionando una pérdida o perjuicio a su patrimonio”.

“Ahora bien, los querellados particulares Ancalao y Lienlaf, si bien no eran funcionarios públicos a la época de comisión de los ilícitos, las empresas que representaban sí desarrollaban una función pública tendiente a colaborar con el desarrollo integral de los pueblos originarios del país. Además, existe unidad de acción y unidad de dolo en las conductas desarrolladas por ellos y por los funcionarios públicos ya aludidos”, remató.