$21 millones al mes: Contraloría pide explicaciones a Cancillería por exembajador de Chile en Venezuela que mantuvo su sueldo pese a ser expulsado por Maduro

Nueve años tuvieron que pasar para que Chile tuviera un embajador en Venezuela, periodo que se revirtió luego de que el Presidente Gabriel Boric decidiera nombrar, en mayo de 2023, al representante de nuestro país en Caracas: el exsenador del Partido Socialista (PS) Jaime Gazmuri.

Pero el paso del socialista se extendió solo por 19 meses, luego de que el régimen de Nicolás Maduro decidiera expulsar al personal diplomático chileno cuando el gobierno de Boric decidiera no reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio, lo que motivó la decisión de Maduro, quien determinó lo mismo para otros países del continente. Aquello llevó al exsenador a radicarse en Santiago, pasando cinco meses desde que se concretó la expulsión de Gazmuri hasta que el Presidente decidió, el 7 de enero pasado, poner término a las labores del ahora exembajador del país en Venezuela.

Precisamente la legalidad de ese periodo en que Gazmuri permaneció en Chile, pese a no estar desempeñando sus labores en el país en que fue designado, es lo que ahora revisará la Contraloría General de la República, luego de que se presentara una denuncia respecto a la decisión del Mandatario de mantener en funciones al embajador desde Santiago. Para lograr aquello, el organismo fiscalizador encabezado por Dorothy Pérez pidió antecedentes de Cancillería.

El requerimiento que derivó en el ingreso de Contraloría a la decisión del Ejecutivo de mantener al embajador Gazmuri, se da luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana presentara una denuncia por aquello y pidiera que el ente fiscalizador se refiriera a si dicha decisión se ajusta jurídicamente.

“Solicitamos a esta Contraloría General de la República un pronunciamiento jurídico sobre si tienen sustento las continuas remuneraciones, sin realizar las labores por las cuales estuvo destinado”, dice el requerimiento presentado por la ONG.

Pero además de aquello, la fundación encabezada por Raimundo Palamara -excandidato a constituyente por el Partido Republicano- también interpuso en su denuncia que, en el caso de que corresponda, también pide que la Contraloría ordene que “el señor Gazmuri reintegre al Fisco de Chile todas las remuneraciones que en derecho no le correspondían y que, por su parte, el Fisco ejerza todas las acciones para su total reintegro”.

Lo anterior, según argumentan en la denuncia, porque Gazmuri siguió recibiendo en Chile su asignación de US$ 21.135, poco más de $21 millones, salario que también generó, en su momento, críticas de parte de la oposición.

Pese a eso, en diciembre pasado, desde Cancillería explicaron a La Tercera que “él (Gazmuri) sigue siendo embajador de Chile ante Venezuela, solo que fue llamado al país ya que ese es el marco administrativo del que disponemos para estos casos, con el que podemos mantener su estatus y el de las relaciones con Venezuela”, detallando el número de actividades que desarrolló en territorio nacional tras su expulsión en agosto del año pasado.

Tras la presentación de la denuncia presentada por Fuerza Ciudadana, la Contraloría emitió un oficio en el que determina enviar una copia del requerimiento de la ONG al Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiendo además que en un plazo de 10 días hábiles se emita y derive un informe al ente fiscalizador.

“Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, dice el oficio del organismo encabezado por Dorothy Pérez.

Consultados acerca de este requerimiento de Contraloría, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a La Tercera que “la Cancillería siempre está disponible para colaborar con todo lo que requiera la Contraloría”.

El presidente de la fundación, por su parte, sostiene que “el hecho que una persona haya percibido ingresos fiscales sin desarrollar las labores que motivan dicha remuneración es grave, sobre todo considerando que no fue llamado a informar a nuestro país, sino que fue expulsado por el régimen de Maduro, por lo que el Fisco tuvo que gastar todo lo que involucró su retorno a Chile, con lo cual sus altos ingresos por más de 20 millones de pesos al mes no tienen, a nuestro juicio, justificación jurídica”.