Luego de que en mayo de 2021 el Consejo Nacional de Educación le quitara el reconocimiento oficial a la Universidad La República (Ulare), la institución ha vivido un complejo proceso de cierre que, por ahora, no tiene una salida clara.

En los últimos días, el administrador de cierre, Jaime Torrealba, tomó control y bloqueó las cuentas bancarias de la Ulare, iniciando una revisión a su situación financiera. Y los primeros hallazgos, describe, lo llevaron a “transparentar la gravedad” de una serie de hechos a la comunidad académica.

“Toda la información que le he hecho llegar a la comunidad está fundada no solo en el rol que la ley señala que debo tener con la institución, sino que respaldada por antecedentes de los cuales he tomado conocimiento directo y he remitido al Ministerio Público”, dice Torrealba a La Tercera.

En efecto, a través de un comunicado dirigido a la comunidad, Torrealba denunció “montos desviados” desde el 27 de agosto de 2021 al 1 de febrero de 2022, es decir, con posterioridad al nombramiento del administrador de cierre y en momentos en que el recinto se encontraba intervenido. En ese periodo, detalló, se realizaron 47 transferencias electrónicas, “sin justificación alguna”, por $ 222.500.000 a una cuenta corriente del Banco Itaú perteneciente a Fernando Lagos, exrector de la Ulare.

Asimismo, desde el 30 de julio de 2021 al 30 de enero de 2022 se realizaron 26 transferencias electrónicas a una cuenta corriente del Banco Santander, también perteneciente a Fernando Lagos, por un total de $ 36.920.638″. En su declaración a la comunidad, Torrealba dijo que estos montos “pueden tener vinculación con su remuneración mensual (del exrector), que tampoco ha sido autorizada”.

La suma de las transferencias electrónicas es de $ 259.420.638, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público. En paralelo, también hizo llegar la información a la Superintendencia de Educación Superior, donde van a abrir una investigación paralela.

“Me percaté de transacciones que son necesarias de aclarar y me pareció relevante transparentar una situación tan delicada como que en una institución sin fines de lucro existan transferencias -de sumas cuantiosas- a dos cuentas corrientes personales del rector durante los últimos siete meses”, expone el propio Torrealba.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, tilda de “delicado” lo que ha informado Torrealba, pero que mientras la justicia no se pronuncie, no está en condiciones de pronunciarse. Aunque, agrega, “por supuesto llama la atención ese ingreso en las cuentas personales del exrector”.

Más allá de eso, agrega la autoridad, están “extremadamente preocupados, porque lo que se sigue observando es una permanente oposición y un incumplimiento de todo aquello que la propia ley establece para que la institución pueda cerrarse adecuadamente, y eso perjudica a los propios estudiantes”.

En ese sentido, Vargas es claro y asegura que el exrector Lagos “se está arrogando facultades que la ley establece que ya no tiene. Es abiertamente ir contra la ley el que vaya tomando definiciones”. Con esto se refiere, por ejemplo, al haber iniciado el proceso de matrícula 2022 de alumnos antiguos. “Lo vemos con malos ojos, porque no hay nada que permita garantizar que ese semestre se va a efectuar, los recursos son exiguos y es imposible que eso permita desarrollar el semestre académico de una manera mínimamente aceptable”.

En el comunicado a la comunidad universitaria de la Ulare, Torrealba precisa también que cuando logró entrar a la sede de Santiago de la universidad (25 de enero pasado) fue sin violencia y modificó las chapas, pero que luego, nuevamente, las cambiaron. Además, expone que para poder hacer la planificación de cierre de la universidad necesita un trabajo mancomunado, el que no ha sido posible. “El señor Lagos sigue negando la colaboración, llegando a desvincular personas por comunicarse con este administrador”, asegura.

“El proceso de cierre ha sido obstaculizado por las exautoridades de Ulare al negarse a la entrega pormenorizada de la situación académica, administrativa y financiera de la institución. Lo anterior es necesario para poder programar y articular el proceso de cierre, centrado en la continuidad de los procesos formativos de sus estudiantes, manteniendo, idealmente, los mismos programas de estudios de la institución”, agrega Torrealba.

El subsecretario, en tanto, se pregunta: “¿Qué esperan?”. Y añade que mientras no se pueda tomar “el verdadero control” no se puede trabajar con otras universidades para que apoyen o se transformen en tutores del proceso. “¿Cómo vamos a firmar un convenio si no hay certeza de cuáles son los alumnos o ramos que les faltan?”.

Y agrega: “No sabemos hasta qué punto se va a seguir estirando esto, porque antes daban cuenta de que estaban esperando la resolución del recurso de ilegalidad, que les fue desfavorable, y ahora no me atrevo a decir que si la Corte Suprema resuelve el recurso ellos hagan abandono”, recuerda la autoridad.

El recurso en cuestión es la última de las vías que ha presentado la Ulare y por el que el pasado 28 de febrero la Suprema dio orden de no innovar. ¿Qué significa esto? Que el trabajo del administrador y el proceso de cierre de la institución no avance hasta que salga el fallo definitivo. Conocedores del tema señalan que, aunque el fallo pueda ser desfavorable para la Ulare, esto es un “triunfo” para sus directivos, toda vez que ganan tiempo y con ello la posibilidad de que las nuevas autoridades del Mineduc les tiren “un salvavidas”, como señalan conocedores de la disputa.

Del otro lado del teléfono y acompañado de su abogado, Fernando Lagos se defiende de lo expuesto, sobre todo de lo referido al dinero que llegó a sus dos cuentas personales.

“No ha habido desvíos de platas, lo que ha existido es un resguardo de dineros para dar cumplimiento al funcionamiento de la universidad y eso está en conocimiento de la junta directiva y la comunidad. Como no tuvimos ninguna comprensión de la autoridad, nos enfrentamos a la situación de esta manera”, señala.

Consultado por lo inusual de recibir tal suma de dinero en una cuenta personal, Lagos acepta que “no es lo óptimo” y que “por eso está en conocimiento la comunidad universitaria” de ese actuar y que “nadie duda” de la gestión que ha hecho.

En ese sentido, dice lamentar la actitud de Torrealba “que, ante su incapacidad de entregar el plan de cierre y después de ocho meses sin hacer nada, lo que hace ahora es tratar de enlodar una función que ha sido transparente. Que él lo ponga en duda demuestra su incapacidad como persona y profesional”.

Torrealba, por su parte, ha dicho en reiteradas oportunidades que si no ha podido entregar el plan de cierre es porque sistemáticamente se ha obstaculizado su trabajo, ante lo que Lagos retruca: “La información que él ha necesitado para cumplir con un plan de cierre la ha tenido siempre, fue lo que remitimos en noviembre del año pasado”.