279 condenas y más de 3.700 denuncias en tres años: el saldo que deja la ley de acoso sexual callejero, en cifras de la Fiscalía

Ley que Sanciona Acoso Sexual en Público. Ese es el nombre de la norma estrenada en 2019 para sancionar todo acto de hostigamiento contra las mujeres, donde su sanción depende del tipo de conducta partiendo en lo 61 días a 5 años de presidio, o al pago de una multa de entre $ 48 a $ 971 mil, en los casos más graves.

A pesar de ser una normativa relativamente nueva, en el Ministerio Público hacen una buena evaluación de su impacto. Entre 2019 y noviembre de este año se recibieron 3.794 denuncias, en las cuales 279 terminaron con una sentencia condenatoria. En tanto, los sobreseimientos definitivos no superaron los 95 casos.

Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, explica que “cuando se decide sancionar esta conducta, es porque se entiende que es de las situaciones más graves, y por eso se sanciona penalmente. Por lo tanto también hay una comunicación que está diciendo ‘esto que ocurre en la calle es uno de los hechos más graves’ y por lo tanto los vamos a sancionar”.

Además, agrega que su tipificación ha producido cambios “a nivel estructural, como una sanción social mucho mayor al acoso. Ahora puedes ver que hay medidas que se han optado en el transporte público, en el metro, campañas comunicacionales. Eso ha demostrado que la norma es exitosa, y además, ha sido valorado por las agrupaciones”.

El aumento de judicialización de los casos, explican desde la fiscalía, no se produce necesariamente porque aumentan los episodios. Dado que antes esto no estaba tipificado, no había registro y, por lo mismo, a medida que crece el conocimiento respecto de la ley, lo “normal” es que las denuncias tiendan al alza los primeros años. Cada vez son más las víctimas que saben que eso que han sufrido en las calles o en el transporte es una conducta sancionada en el Código Penal y, por lo mismo, van al alza las investigaciones del Ministerio Público contra presuntos responsables.

En 2019 -año en que se promulgó la norma- ingresaron 297 denuncias por acoso callejero; en 2020, ya fueron 975; en 2021, la cifra creció a 1.285, y en lo que va de este año 1.247. En el ente persecutor creen que cada vez se irán recibiendo más denuncias a raíz del conocimiento que hay sobre esta ley, la que sanciona desde una ofensa verbal en público, el mal llamado “piropo”, hasta la grabación y difusión de imágenes genitales de un tercero. En caso de presentar conductas de abuso sexual, se amplía a la tipificación de ese delito.

Si bien en el ente persecutor valoran la tasa de condenas, donde sólo se registran cuatro absoluciones, la cifra de “archivos provisionales” sigue siendo elevada, pues representan un 46% del total de los términos aplicados. La Fiscalía Nacional dice que esto tiene una explicación: ante estos delitos es muy complejo identificar al imputado, al acosador. Por lo tanto, ante la falta de imágenes, testigos o incluso una descripción acabada proporcionada por la víctima, muchas veces se decide cerrar el caso a la espera de mayores antecedentes.

Sin embargo, al ser consultada por las dificultades probatorias que existen en torno a este delito, Ortiz sostiene que son muy similares a las de otros ilícitos que se comenten en la vía pública y donde mayoritariamente se está ante un imputado que no tiene relación directa con la víctima, como se da, por ejemplo, en un robo por sorpresa. De ahí a que la tasa de archivos sea alta debido a los llamados “imputados desconocidos”.

Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, por su parte, señala que “como es un delito nuevo, hay gente que no tiene idea de que existe, por lo tanto no lo denuncian. Entonces, como se muestra en las cifras, lo que pasa es que van avanzando año en año, aumenta el número de denuncias. Pero el tema de fondo, obviamente, es lograr que las mujeres tengamos una vida libre de violencia”.

Además, agrega que el conocimiento de este tipo de leyes se genera “desde la educación sexual integral, que debe partir desde los niños más chicos. Entonces, evidentemente que la ley no resuelve el problema, pero sí va poniendo señales y sancionando conductas que no son aceptables”.