En diciembre de 2013, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Valparaíso suscribieron un programa para la “solución definitiva de las familias que viven en situación de campamentos”, según consta en el convenio. ¿El objetivo? Formalizar la situación habitacional de las personas que ocupaban irregularmente un terreno.

En ese momento se contabilizaban 146 asentamientos ilegales en la zona, lo que dejaba a Valparaíso como la región del país con más tomas.

Se plantearon dos estrategias: radicar el asentamiento, es decir, urbanizarlo y construir viviendas formales, o relocalizarlo, en casos en que el terreno no fuera seguro o no pudieran establecerse allí viviendas sociales, lo que obligaría a ofrecer soluciones habitacionales en otros sectores.

“El convenio tenía como lógica descentralizar y dar mayor libertad a la región para definir cuáles iban a ser las inversiones y que no todo dependiera de Santiago (el nivel central del gobierno)”, explica Felipe Díaz, encargado regional del programa Asentamientos Precarios del Serviu Valparaíso.

La iniciativa se proyectó a seis años (2013 a 2018), con un presupuesto total de $ 25 mil millones, para regularizar la totalidad de los campamentos. Pero cerca de vencerse el plazo y por “baja ejecución”, el gobierno modificó el convenio: lo extendió hasta 2025, aumentó los recursos a $ 31 mil millones y focalizó el trabajo en 35 tomas radicables por medio de la urbanización. La mayoría de ellas en Viña del Mar y Valparaíso.

Sin embargo, en ocho años el programa no ha conseguido cerrar ningún campamento.

Díaz detalla que la intervención tiene diversas etapas. Lo primero es elaborar los estudios. Luego viene la compra o expropiación de terrenos, para recién comenzar a diseñar los loteos. Y hasta esa fase, explica el encargado regional de campamentos, pueden transcurrir entre cinco y seis años. Sobre todo, añade, por la elasticidad propia de este tipo de ocupaciones.

Da un ejemplo: “Hoy trabajo con 30 familias. Y cuando fui generando el loteo, en ese campamento ya no eran 30, sino 60. Ese dinamismo que tienen los campamentos hace más difícil, o más lenta, la ejecución de las obras de urbanización, porque lleva a modificar loteos y especialidades”.

Tras la fase del loteo es posible urbanizar los sectores, lo que implica construir la red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público y desarrollar la vialidad. Y solo después de eso se inicia la regularización de títulos de dominio y los proyectos colectivos de viviendas, vía subsidio.

En esta línea, 13 campamentos del programa ya comenzaron con la urbanización: ocho en Viña del Mar y el resto en Valparaíso, Quilpué, Limache, Cabildo y La Ligua. En concreto, están más cerca de convertirse en barrio, pero eso no sucederá en lo inmediato.

Así, a julio de este año se había ejecutado un 22,3% del presupuesto del programa, lo que corresponde a $ 7.005 millones, de los cuales $ 431 millones se han usado para adquirir terrenos destinados a tres de los 35 campamentos. Hacia fines de este año, en tanto, se proyecta invertir otros $ 2.029 millones, con lo cual la ejecución bordearía el 27% - 28%.

En el marco del convenio entre Vivienda y el gobierno regional de Valparaíso, la obra más relevante hasta ahora es la primera etapa de la red de agua potable y alcantarillado del Campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, donde viven 1.600 familias. Resta, eso sí, la recepción de la empresa sanitaria.

¿Y qué pasó con los asentamientos que no eran radicables y quedaron fuera del convenio? El Serviu identificó que la estrategia era relocalizar a las familias, lo que implica darles una solución fuera del territorio que ocupa el campamento.

El último catastro de campamentos del Minvu elaborado en 2019 volvió a posicionar a la Región de Valparaíso como primera en número de campamentos, con un total de 181.

Además, tras el estallido y por efecto de la pandemia, el gobierno ha detectado 101 nuevas tomas, con cerca de ocho mil hogares. En total, serían al menos 282 los asentamientos irregulares en la zona.

El consejero regional (core) Manuel Millones, que integra la comisión de seguimiento del convenio, señala que “hoy la realidad es distinta: se triplicaron las tomas y probablemente tengamos que actualizar el convenio. Además, hay que ir al origen de las nuevas tomas, donde algunos inescrupulosos lucran con ellas y no se vislumbra el término de este flagelo”.

¿Por qué la demora en la ejecución del programa? El encargado regional del Serviu explica que la idea es que las etapas previas al cierre de campamentos se hagan “de forma paralela, pero como tenemos factores externos, que son las familias, las empresas sanitarias y eléctricas, más las direcciones de obras, no siempre manejamos los tiempos para poder llegar a la par”.

Que en ocho años el programa no haya logrado cerrar campamentos no deja indiferente al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (ind). La demora, dice, “es reflejo del fracaso de la política que tanto gobiernos de la Concertación como de la derecha han empujado en materia de vivienda (...). Lo que se requiere es una nueva política pública. Creo que el próximo gobierno nacional y las gobernaciones regionales tienen mucho que decir en este punto”.

Desde Viña del Mar, en tanto, el concejal Pablo González (PC) afirma que “pese a los recursos existentes, el problema que presenta este convenio Minvu-Gore es el valor del suelo y las dificultades para acceder a la vivienda social (...). Hoy, se está trabajando en ampliar el convenio, para incorporar los campamentos que levantó SERVIU durante el año 2019, entre ellos el paño municipal del campamento Felipe Camiroaga”.

Su par en el concejo Sandro Puebla (ind. pro PS), sostuvo que “la municipalidad no ha hecho su parte en estos años, claramente debe haber alguien que lidere este proceso. El gobierno a través del ministerio de vivienda tiene recursos, pero es clave que alguien lidere y eso es lo que le estoy pidiendo a la nueva alcaldesa, que se la juegue y lidere la búsqueda de soluciones para los campamentos”.

La municipalidad de Viña del Mar fue consultada al respecto, pero no emitió declaraciones.

Mientras, Miguel Lawner, premio nacional de Arquitectura (2019), sostiene no hay excusa que justifique esta tardanza, pues “el estado de excepción le otorga facultades (al Ejecutivo) para actuar por encima de todas las disposiciones legales vigentes. Basta una resolución del Serviu diciendo que una obra es de urgencia y de utilidad pública, para que pueda operar en las 24 horas siguientes (...). Pero no lo han querido hacer”.

En esta línea, Sergio Baeriswyl, premio nacional de Urbanismo (2014), señala que la lenta tramitación para el cierre de un campamento “es una excusa administrativa válida (...), pero a la vez es una evidencia dramática de la ineficiencia de la acción del Estado con sus propios compromisos”.

Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano -que asesora al Minvu-, dice además que “mientras no logremos aumentar la capacidad de poder entregar viviendas (…) va a ser muy difícil reducir la situación del déficit y con ello la explosión de la desigualdad”.

Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo-Chile, dice que los asentamientos son el síntoma de una enfermedad, que es “el difícil acceso a la vivienda (...). Por lo tanto, la forma de resolver los campamentos es garantizando el acceso a la vivienda digna para la población de nuestro país, y eso es lo que no está sucediendo”.

El urbanista Iván Poduje difiere con Bowen: “No existen instrumentos para ‘garantizar’ acceso a vivienda digna y nada reemplazará la falta de foco o gestión”, que advierte en la ejecución del convenio Minvu en Valparaíso.

“Serviu Valparaíso ejecuta menos viviendas que otros Serviu regionales, pese a tener terrenos y recursos”, puntualiza el arquitecto, quien enfatiza en que los organismos públicos “tienen que hacer proyectos, tienen que gastarse los recursos, tienen que ocupar los terrenos fiscales. Si no se asignan los subsidios ni se gastan las platas en obras de radicación, nunca podremos tener barrios y viviendas dignas”.

Actualmente, Poduje trabaja en el plan de radicación del deslinde sur del Campamento Manuel Bustos de Viña del Mar, a través de la oficina Atisba. “Es inexplicable que los fondos para radicar campamentos no se gasten”, critica. Y agrega: “Nuestra dirigenta María Medina murió esperando”.