91 convenios congelados y criterios de priorización: la carrera de Contraloría para revisar contratos entre el Estado y fundaciones

Sorpresa causó la jornada del jueves 29 de junio la determinación del contralor Jorge Bermúdez respecto de congelar la toma de razón de todos los contratos entre reparticiones de gobierno y fundaciones privadas. Todo, en medio del escándalo de los millonarios traspasos hechos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva, entidad ligada a RD y a la diputada Catalina Pérez.

Si bien hubo quienes en el gobierno no ocultaron los cuestionamientos, la entidad insistió en que no se podían seguir “dando check” a documentos mientras no se despejen las dudas que existen sobre los citados convenios.

Así, de acuerdo con antecedentes que pudo conocer La Tercera PM, Contraloría terminó frenando 91 convenios de transferencia a entidades privadas que actualmente estaban en proceso de revisión y que decían relación con transferencias de recursos desde el Estado -gobierno central, servicios públicos y gobiernos regionales- hacia diversas fundaciones y corporaciones privadas.

Como explicaron desde la instancia, la determinación corresponde a una medida de gestión interna, de carácter preventivo, que busca reforzar el control de legalidad mediante el análisis de antecedentes que no necesariamente constan en el expediente administrativo que se acompaña a la Contraloría.

“La decisión de suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con la entidad que tienen esos convenios”, dijo el jueves el contralor Bermúdez, quien tomó la decisión de suspender la toma de razón, personalmente, para luego comunicarlo a su equipo de trabajo.

En esa misma línea, agregó que “como es un hecho por todos conocido, hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos. Es decir, recursos públicos que se transfieren a entidades privadas”, señaló Bermúdez.

Legalmente, Contraloría tiene 15 días hábiles para tomar razón de un decreto, sin embargo, tiene la facultad de pedir una prórroga por otros 15 días hábiles. En este caso, sin embargo -comentan en el ente contralor- la revisión no tomará más de dos semanas, pues algunos contratos ya están en un estado avanzado.

Por lo mismo, aseguraron, el congelamiento tiene carácter transitorio, y no implica, salvo excepciones calificadas, excederse en los plazos legales del trámite de toma de razón, de manera de evitar al máximo cualquier paralización en el funcionamiento de estas entidades privadas.

De esta forma, clarificaron que, a contar de la próxima semana, se priorizará -según corresponda- la tramitación según la trayectoria e historial de las instituciones y que hayan recibido históricamente recursos públicos para contribuir a fines sociales.

Para días posteriores, en tanto, se dejará la revisión de tratos que involucren a fundaciones creadas el último tiempo, pues merecen una mayor revisión, a raíz de lo ocurrido con Democracia Viva.