$ 974 millones sin asignarse: las platas del millonario acuerdo entre la Convención y las Ues. estatales que aún no se usan

Fue el 16 de diciembre del año pasado cuando la entonces presidenta de la Convención, Elisa Loncon, solicitó al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia una reasignación de presupuesto. Lo que pedía, en concreto, era traspasar $ 800 millones -que en su minuto habían sido destinados para asignaciones de los convencionales- al área de “Participación ciudadana y difusión” que hasta entonces tenía destinados $ 174 millones. El elevado monto de asignaciones correspondía a un incremento que la misma Convención había solicitado entre los meses de septiembre y octubre del año 2021 para esa área. Sin embargo, al parecer ya no la necesitaban. Fue entonces que Loncon pidió el traspaso.

Una vez hecho eso, la presidenta hizo una última solicitud: que todo ese monto se le fuera transferido al Consorcio de Universidades del Estado Chile (Cuech), pues se había celebrado un convenio de colaboración con la Convención Constitucional para que fueran ellos quienes ejecutaran los gastos de las actividades tanto de participación ciudadana como para la Consulta Indígena. “Nosotros celebramos ese convenio porque la mesa directiva de la Convención así lo solicitó. Era necesario para poder hacer ese traspaso de recursos, porque esa es la forma legal”, explica el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez.

La directora ejecutiva del Cuech, Alejandra Contreras, reconoce ese convenio: “Era para poder ejecutar los gastos de la participación ciudadana y especialmente de la Consulta Indígena que tienen que desarrollarse durante lo que queda de febrero y marzo. El consorcio tiene la posibilidad de ejecutarlos a través de las universidades o directamente desde este organismo, y por eso la Convención nos solicitó realizar este trabajo, para apoyar lo que hace la secretaría administrativa”, explica Contreras.

A dos meses de esa transferencia, según el séptimo informe de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, al que tuvo acceso La Tercera PM, nada se ha sabido de la rendición de esos gastos. “A la fecha, el Cuech en las rendiciones que ha presentado a la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional no ha informado de la ejecución de los recursos transferidos, por lo que no consta el desglose de los gastos realizados, imputables al presente convenio de transferencia de recursos”, señala el documento de la Segpres.

La razón, dicen en la Convención, es porque los $ 974 millones aún no se han ocupado. En concreto, ese dinero será destinado tanto para gastos de traslados, arriendo de espacios y comida, como para el contrato de personal encargado de ejecutar las actividades de los encuentros territoriales, según explica la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros. “Aún no se gasta nada, ese dinero va a ser solicitado una vez que se terminen de hacer los contratos. Aún se están haciendo las planillas y ahí se le va a pedir al Cuech que proceda a ejecutar los gastos”, explica.

En ese sentido, pese a que ayer se debería haber dado inicio a la Consulta Indígena tras conocerse su plataforma digital de Participación Popular, Alejandra Contreras asegura que nada se les ha comunicado a ellos. “La Convención está definiendo cómo se van a realizar las actividades, por tanto, estamos a la espera de que se nos den las instrucciones para hacer las ejecuciones de los gastos”.

Ya hace una semana, el gobierno había enviado un oficio a la mesa directiva manifestando preocupación por los plazos y recursos de la consulta. Esto, porque hasta ese momento no se había recibido en la Secretaría de Estado “ningún requerimiento formal y específico asociado a incrementos de presupuestos para estos fines”. Hoy, el Ejecutivo sigue sin tener claridad respecto de cómo se va a efectuar la consulta.

Tras el oficio, lo último que se supo fue en la reunión que sostuvieron el 28 de enero entre la directiva de la convención y el ministerio liderado por Juan José Ossa. En dicha instancia, Ossa expresó su inquietud por el presupuesto considerado para la Consulta Indígena, el cual supera los 1.410 millones de pesos. Quinteros explica que en esa reunión aclararon que alrededor de un 60% de ese presupuesto podrían ser aportes de las gobernaciones y municipios e incluso ministerios que quisieran involucrarse.

La consulta, que según Quinteros ya está puesta en marcha, tiene plazo de término hasta el 21 de marzo. “Luego de eso se harán las propuestas de norma y se incorporarán a la discusión del pleno. Es decir, se levantan propuestas nuevas en función de lo que salga la consulta”. Tras ser consultada por los 974 millones de pesos, la presidenta aseguró que no existe preocupación respecto del apuro de la rendición de gastos, pues estos aún no se ejecutan.