A 100 días de históricas protestas del 11-J en Cuba: HRW denuncia “brutal estrategia de represión” contra manifestantes

A 100 días de las históricas protestas del 11 julio pasado en Cuba, Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que el régimen de La Habana respondió a estas manifestaciones con “detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos”, en el marco de una “brutal estrategia de represión” contra movimientos opositores al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Según HRW, los “patrones consistentes y reiterados de abusos” por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un “plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta”.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se trata del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó Pappier.

La investigación de HRW indica que las manifestaciones de julio fueron “abrumadoramente pacíficas”. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. En los 130 casos documentados en detalle por la ONG, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas.

En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados “por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas”, denuncia la HRW.

Las autoridades cubanas detuvieron a más de 1.000 personas durante esa ola represiva, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas están bajo arresto domiciliario, indicó HRW, citando a la ONG cubana Cubalex. El 19 de agosto, La Habana informó que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa.

HRW asegura que, en muchos de los casos que documentó, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. “Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural, donde señalaron que perdieron la noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar”, señala el informe.

Gran parte de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión, se detalla.

El “desorden público” es el principal cargo esgrimido contra los detenidos, según HRW en base únicamente a testimonios de agentes de las propias fuerzas de seguridad. Este fue el delito que se le imputó a Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años que, según su propio testimonio, fue detenida en San Miguel de Padrón, en la provincia de La Habana, cuando pasaba cerca de una manifestación el 11 de julio. Según ella, tras su arresto por parte de varios “boinas negras”, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una de ellas le ordenó que inspeccionara su propia vagina con el dedo.

Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quién la “financiaba”. El 22 de julio fue condenada a ocho meses de prisión. Se le permitió ver a su abogado solamente unos pocos minutos antes del juicio. El 17 de agosto, un tribunal superior confirmó la condena, pero le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. No ha obtenido copia alguna de la sentencia dictada contra ella, según el testimonio recabado por HRW.

La organización dijo que al menos una persona murió y cientos permanecen aún arrestadas o bajo detención domiciliaria, incluidos menores de 18 años. Entre los funcionarios implicados en esos abusos, HRW menciona a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y los integrantes de la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Además, indica, algunos grupos civiles organizados por el gobierno -conocidos como brigadas de respuesta rápida- estuvieron implicados en golpizas, mientras que jueces y fiscales “facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos”.

Pese a este escenario, los opositores planean salir nuevamente a la calle el 15 de noviembre. Sin embargo, las autoridades de la isla prohibieron la manifestación, denunciando una “provocación”. “Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”, señala la respuesta del gobierno a un petitorio de Archipiélago, el grupo opositor que organiza la marcha.