A 50 años del golpe militar: la alerta de polarización que dejó el debate presupuestario en la Cámara y el rol de Patricio Fernández en la conmemoración

Solo por un puñado de votos de diferencia, entre ellos dos abstenciones, el gobierno logró salvar los $ 43 millones que contemplaba el Presupuesto de la Presidencia de la República para la conmemoración de los 50 años del golpe militar, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Por 65 votos en contra (del oficialismo y de la DC), la indicación de la diputada de RN, Catalina del Real, fue rechazada. Sin embargo, por el otro lado, hubo dos abstenciones (Érika Olivera y Sebastián Videla) y 64 votos a favor, apoyos que surgieron de legisladores de Chile Vamos, republicanos y de la bancada del PDG.

“Estamos en momentos difíciles en nuestro país, con inflación desatada, ad portas de una recesión económica, los chilenos lo están pasando mal y en aras de la austeridad, esos recursos pueden ser destinados a cosas mejores y más importantes y no a actos o conmemoraciones que dividen a los chilenos”, dijo Del Real al defender su indicación.

En todo caso, este monto -que incluso a ojos de algunos senadores de oposición es bajo en comparación con la magnitud del Presupuesto- no sería la única asignación destinada para conmemorar los 50 años.

El problema es que no todos esos dineros están detallados en la Ley de Presupuesto 2023, según informó la diputada Del Real. “Vamos a tener que hacer una investigación más acuciosa. Son platas que no están detalladas. En el Senado vamos a tener que revisarlo”, dijo la legisladora y vicepresidenta de RN, quien agregó que el monto figura en un informe complementario de la Dirección de Presupuesto, pero no en la partida misma de la Presidencia.

Por su parte, el gobierno ya había anunciado que la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, asumiría una coordinación interministerial para realizar los preparativos de aquella fecha, que aparentemente demandará una inversión mayor a los $ 43 millones. De hecho, esta conmemoración, además, involucrará a los ministerios de Educación, de Justicia, de Deportes, Segegob, Segpres, de Bienes Nacionales, Desarrollo Social, del Trabajo y de Obras Públicas.

Para asesorar en esta tarea, La Moneda contactó al periodista y exconvencional Patricio Fernandez, ya que esta fecha será uno de los hitos más importantes, no solo de 2023, sino que de todo el mandato del Presidente Gabriel Boric.

En Presidencia indicaron que Fernández “será parte de la comisión que organizará la conmemoración de los 50 años del golpe militar en representación de Presidencia, en particular en la gestión de los diálogos presidenciales por los 50 años”. En la cartera de Culturas, en tanto, señalaron que se escogió al exconvencional debido a que es un profesional de dilatada trayectoria en el mundo cultural, de las comunicaciones y de la intelectualidad chilena; una figura respetada en la esfera política, en las áreas pública y privada, y en diversos sectores de la sociedad chilena”.

Y agregan: “Valoramos su mirada que aporta una visión de futuro a la conmemoración de los 50 años, su capacidad de diálogo y de construir puentes de colaboración, lo que nos posibilita dar una mirada moderna, empática y dialogante a esta conmemoración histórica”.

Esta conmemoración, además, tiene un precedente: los 30 años del golpe en 2003, lo que implícitamente pone también una vara alta.

En 2003, el entonces Presidente Ricardo Lagos impulsó una instancia (la Comisión Valech) para catastrar los casos de prisión política y tortura durante la dictadura, que presidió el fallecido obispo Sergio Valech. Además, como acto simbólico, Lagos reabrió la puerta de Morandé 80, antiguo ingreso de servicio a La Moneda, que usaban los presidentes antes del golpe de Estado.

No obstante, el debate en la Cámara de Diputadas y Diputados dejó una inquietud en el oficialismo, ya que la indicación -para rechazar los dineros para los actos conmemorativos- era parte de una arremetida mayor, planteada por diputados de RN, la UDI y el Partido Republicano, que ponía en tela de juicio los fondos para varios programas de derechos humanos.

A juicio de los impulsores de esa ofensiva, su ánimo no era poner en duda la existencia de los crímenes ocurridos en dictadura, sin embargo, había sospechas por mal uso de esas platas fiscales.

Uno de los que marcaron el punto, al inicio de la discusión presupuestaria, fue el diputado republicano Cristián Araya, cuya crítica a los $ 665 millones contemplados para el plan de “supuesta búsqueda” de detenidos desaparecidos irritó profundamente a la bancada del PC, en especial a la diputada Lorena Pizarro (expresidenta de la Agrupación de Familiares de DD.DD.), quien se paró de su pupitre y cruzó el hemiciclo para encarar a los legisladores opositores.

Si bien la mayoría de estas presentaciones en contra de los dineros para planes de derechos humanos (distribuidos en varias instituciones y ministerios, en especial en los ministerios de Justicia y de las Culturas) no prosperaron, la derecha, en alianza con la DC y el PDG, sí logró propinar un golpe al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad a la que le redujeron a cero peso los $ 14.880 millones de aporte fiscal que contemplaba la partida del Tesoro Público.

Era tal el interés de dar una señal en ese sentido, que llegaron a presentarse 5 indicaciones de distintos diputados de oposición, que buscaban reducir los montos del INDH, pero diferían en la cifra. Algunos proponían $ 0. Otros $ 1.000. El republicano Johannes Kaiser propuso reducir solo a 12 mil millones el aporte, pero limitando los gastos en personal externo.

Además, se presentaron otras dos indicaciones, entre ellas una de la diputada DC Joanna Pérez, que obligaba al Instituto a informar sus gastos y operaciones al Congreso.

La preocupación de lo que podía pasar llevó a que tres consejeros del INDH se desplegaran infructuosamente en la Cámara para evitar un revés legislativo. Sin embargo, las gestiones, que se focalizaron en la bancada DC, no fueron suficientes, ya que en la Falange había molestia por el trato que recibió el exdirector del Instituto, Sergio Micco (exmilitante DC), cuando estuvo a cargo del organismo.

Lo paradójico es que la DC también colaboró para que se rechazaran los aportes a instituciones de memoria, incluidos en el Servicio Nacional de Patrimonio, afectando incluso el financiamiento de las fundaciones de dos expresidentes falangistas, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva.

Si esa situación no es revertida en el Senado se perderían, además, los aportes fiscales para la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, la Fundación Arte y Solidaridad, la Casa Memoria Londres 38, el Museo del Carmen de Maipú, el Memorial de Paine, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, la Corporación Estadio Nacional, la Fundación Documento y Archivo Vicaría de la Solidaridad, la Casa Memoria José Domingo Cañas, la Corporación de Ex Presos políticos de Pisagua y la Fundación Salvador Allende y el mismo Museo de la Memoria que creó Michelle Bachelet, entre otras.

Según la versión que se entregó en la bancada DC, que fue la que pidió votación separada, la idea era reclamar por los bajos montos para estas instituciones, a diferencia de la motivación que tenía la derecha, cuyo ánimo era directamente reducirlos o eliminarlos

“La derecha está poniendo excusas para no aprobar nada de derechos humanos”, acusó ayer la diputada del Frente Amplio y exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, antes de que se materializara la ofensiva opositora.

A juicio de ella, “estamos viendo una tenaz asonada de la derecha respecto de la vigencia de los derechos humanos”.

Ese argumento, no obstante, es refutado por la oposición, donde insisten en que el cuestionamiento apunta a lo que consideran un derroche de recursos en la contratación de personas afines políticamente.