A contrarreloj: la batería de recursos de la defensa de Daniel Jadue para librarlo prisión preventiva

“Lo de ayer (lunes) fue un revés con todas sus letras”.

Así reaccionó el abogado Juan Carlos Manríquez al ser consultado respecto al resultado que obtuvieron la jornada del lunes 8 de julio tras la audiencia de revisión de medidas cautelares del alcalde Daniel Jadue (PC), quien permanece en prisión preventiva desde el pasado 3 de junio.

Y es que, como habían adelantado, esperaban que esa instancia fuera aplazada a fin de contar con las conclusiones de pericias que, a juicio de ellos, habrían cambiado el escenario del jefe comunal y, por tanto, la necesidad de cautela que pesa sobre él desde que fue formalizado en el marco del caso Farmacias Populares.

Sin embargo, la jueza Pamela Muñoz descartó aquello y dio curso a la audiencia donde finalmente se confirmó la prisión preventiva de la autoridad comunal.

Los abogados del militante comunista rápidamente comenzaron a delinear el contraataque, a pesar de que reconocen que tienen un escenario, a lo menos, adverso. En conversación con “Desde la Redacción” de La Tercera, Manríquez aseguró que tienen “un estrecho margen judicial” para librar a Daniel Jadue de la prisión preventiva.

Pese a ello, durante este martes ultimaron los detalles de una serie de recursos que ingresaron durante la tarde.

En primer punto, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, ingresaron un recurso de apelación respecto de la resolución del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo la prisión preventiva. Y luego sumaron un recurso de amparo.

Esto, porque consideraron que la audiencia del lunes es nula al haberse vulnerado el derecho del jefe comunal a la legítima defensa. La defensa del alcalde, según lo señalado, estima que cuestiones administrativas primaron por sobre los derechos fundamentales de Jadue, privándolo de la opción de contar con herramientas que le permitieran argumentar la solicitud de rebajas de medidas cautelas.

“Se vulneró el debido proceso y se nos dejó en condiciones de desigualdad. Aquello fue completamente inconstitucional (...) No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad de armas y un debido proceso”, comentó Juan Carlos Manríquez en “Desde la Redacción”.

Agregó, en el mismo sentido, que el tribunal no puede posicionar “lo administrativo por sobre las razones de fondo (...) Cuando se nos niega aplazar la audiencia y obliga a debatir en esas condiciones, lo se hace es que el proceso se vicie. Nosotros pedimos debatir en condiciones de igualdad, queremos que esto se discuta en un tribunal imparcial y que tenga el tiempo, esto no se hace apuradito”.

Adicionalmente, el abogado también ingresó un recurso de apelación respecto de las medidas cautelares reales que se le fijaron al jefe comunal, y mediante las cuales se le “congeló” un patrimonio avaluado en aproximadamente $ 500 millones.

Expusieron, en ese sentido, que los antecedentes que se expusieron en medio de dicha discusión “no son suficientes para sostener los requisitos y acceder a las medidas, menos aún en la extensión que el tribunal ha dispuesto”.

“En efecto, tanto en lo que respecto a la solicitud de Best Quality SpA., como a la del Consejo de Defensa del Estado, nos enfrentamos más que a antecedentes de presunción grave del derecho que se reclama, a conjeturas sin un verdadero sustento fáctico, que derivan el calificaciones jurídicas – a nuestro parecer- erradas”, complementaron.

Junto con lo anterior, la defensa del alcalde, también integrada por el abogado Ramón Sepúlveda, ingresará un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Para ello, ya solicitaron los certificados correspondientes al tribunal y, como han adelantado, dirá relación -entre otras cosas- respecto de las normas que producirían que el alcalde pierda su cargo al mando de Recoleta.

Como ha sostenido Manríquez, la pérdida de derechos políticos debería ser la consecuencia de todo un proceso penal y no una medida de garantía en medio del mismo, como lo sería que el jefe comunal sea cesado en el cargo por el hecho de estar más de 45 días en prisión preventiva.

Adicionalmente, como pudo conocer este medio, los abogados estarían evaluando la interposición de un recurso de queja en contra de la jueza Pamela Muñoz, por estimar que no actuó bajo los parámetros que el cargo le exige.

Según mencionan conocedores de dicha arremetida, las virtudes de un juez incluyen actuar con distancia, mesura, prudencia y ponderación, de acuerdo lo que establece el Código Iberoamericano de Ética Judicial, y Muñoz, para la defensa, no habría dado prueba de esas características durante la audiencia de revisión de cautelares.