“Estimados compañeros: sin perjuicio de que está claro que no hay viabilidad política para adoptar un documento de mejoras al texto constitucional antes del 4 de septiembre, como partido seguiremos sosteniendo esta postura. No por un ánimo antojadizo, sino porque tenemos la convicción de que la mayor parte del electorado se ubica entre el aprobar para reformar y el rechazar para reformar. Y es al electorado indeciso al que queremos llegar, un electorado que busca la capacidad de proyectar la construcción de un acuerdo”.

El mensaje de la timonel del PPD, Natalia Piergentili, llegó a inicios de esta semana a los celulares de quienes componen el grupo de WhatsApp del comité político ampliado. Sus palabras no eran porque sí: ese emplazamiento tenía origen en lo mencionado por el Presidente Gabriel Boric durante esa misma jornada de lunes, cuando aseveró que sólo después del plebiscito “nos vamos a poner de acuerdo” en un “proceso de reformas” al nuevo texto, si es que éste se aprueba.

Aunque al día siguiente el Mandatario matizó sus dichos -y precisó que no tenía “ningún veto” respecto del debate en torno a un acuerdo de reformas previas entre todo el oficialismo, con sus dos coaliciones-, en parte del Socialismo Democrático ya se venía fraguando un documento de mejoras al texto, independiente de que Apruebo Dignidad esté embarcado en el relato de la “implementación” de la nueva Constitución -aunque con matices entre el FA y el PC- y no en establecer un acuerdo de cambios sustantivos previo al 4 de septiembre.

El escrito “Compromisos sobre Qué Mejorar” -al que tuvo acceso La Tercera PM- señala que “creemos que el nuevo texto es más abierto a los cambios y perfeccionamientos que requerirá. Este acuerdo más amplio es más fácil y viable, insistimos, si aprobamos la nueva Constitución”.

La propuesta viene socializándose desde hace al menos dos semanas con el mismo Socialismo Democrático: fuentes asociadas a estas tratativas señalan que abogados de todas las colectividades que la componen han revisado su contenido. El Partido Liberal (PL) -junto a su timonel Patricio Morales- ha sido clave en los movimientos del PPD: ya suscribieron el documento y fuentes de ese partido señalan que han ido modificando o añadiendo algunos de los contenidos.

Y es que, como base, se tomó el documento “Aprobar para mejorar”, publicado hace más de un mes por la tienda de Piergentili. De hecho, el PPD fue el primer partido en establecer una postura “reformista” frente al borrador. A inicios de junio -y en entrevista con La Tercera- la jefa de partido dio un paso al frente llamando a “Aprobar para mejorar”.

¿Qué resta para un acuerdo “en pleno” del Socialismo Democrático? Básicamente, plantean en la interna de la coalición, falta una postura más “definida” del PS. La timonel socialista, Paulina Vodanovic, ha remarcado en más de una ocasión que en su colectividad aprueban “sin vacilaciones”. Sin embargo, hace algunos días, en T13, aseguró disposición para analizar con la mesa la propuesta PPD. La percepción -tanto en el PPD como en el PL- es que en el PS hay un ánimo más “frenteamplista” que los puede dejar off-side si el Presidente finalmente se allana en los próximos días a un acuerdo de reformas previo.

De hecho, se espera que algunos diputados PS -como Tomás de Rementería, o Raúl Leiva- consignen el documento del Frente Amplio “Aprobar para concretar”, revelado por La Tercera este jueves.

La situación es distinta con los senadores del PS. Al senador Fidel Espinoza, por ejemplo, se le hizo llegar durante la semana pasada. “Estoy totalmente de acuerdo con firmar ese documento”, afirma. Incluso, al documento del PPD podrían adherir parlamentarios DC que están por el Apruebo. Mientras que en el PR, prontamente en la máxima instancia del partido -liderada por el estrenado timonel Leonardo Cubillos- se debiera refrendar la postura frente al plebiscito y, con ese mandato, reflexionar si hacerse parte (o no) del documento. Sin embargo, conocedores de la franja PR señalan que el mensaje que se relevará será “Aprobar para unir”, sin apellidos.

Sobre eventuales tratativas con Apruebo Dignidad, estas están virtualmente descartadas desde el Socialismo Democrático. “Lo hemos planteado varías veces y ellos insisten en (que será) después del 5, así que nada que hacer”, señala un alto dirigente.

Hasta ahora, la propuesta contiene ocho puntos. El primero aborda el “tener una Constitución sin cerrojos” para modificaciones al nuevo texto.

“La nueva Constitución debe recuperar el espíritu de la Constitución de 1925. Planteamos que se establezca una regla general de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras o la mayoría simple de los parlamentarios en ejercicio y un referéndum ratificatorio.

Sin embargo, donde más se extiende es en el sistema político. Eliminar la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República, eliminar la iniciativa parlamentaria en materias que tienen costo presupuestario, restablecer la denominación del Senado y definir los criterios de un sistema electoral que asegure gobernabilidad son los cuatro puntos de reforma en ese ámbito.

Sobre la Cámara Alta, el texto aborda que “considerando que se optó por el régimen presidencial, analizar reformas a sus atribuciones bajo dos propósitos: garantizar un sano y efectivo equilibrio de poderes y evitar las deficiencias de ‘cámaras espejo’”.

Uno de los aspectos más novedosos es la reforma al sistema electoral. “Debe haber un piso de porcentaje mínimo para que los partidos puedan elegir parlamentarios en el Congreso, que proponemos sea del 5%, fortalecer los partidos programáticos -para lo que debe considerarse el voto, al menos para una fracción de los representantes, en listas cerradas y bloqueadas-, estimular la formación de grandes coaliciones que otorguen gobernabilidad y resguardar los mecanismos que garanticen la transparencia y democracia interna de los partidos. El número de escaños reservados para los pueblos indígenas debe ser equivalente a la participación de los inscritos en su registro electoral indígena respecto del total de votos válidos emitidos en la respectiva elección”, señalan.

En el caso de sistemas de justicia, y al igual que en el Senado, se propone reponer su categoría de “Poder Judicial”, garantizando que “las facultades del Consejo de Justicia no interferirán en la autonomía jurisdiccional de los jueces y, específicamente, que las evaluaciones de su desempeño no pueden incluir materias relativas a sus fallos”.

En cuanto al consentimiento indígena, abordan que a “objeto de evitar interpretaciones equívocas o de mala fe, se debería volver a la propuesta realizada por la Comisión de Armonización, precisando con ello que su sentido y alcance se remite a las reglas del Convenio 169 de la OIT”.

Dicho todo lo anterior, allí también se aborda el proceso de implementación, aspecto de interés del Frente Amplio. “Para efectos de implementar la nueva Constitución, planteamos que el gobierno conforme un grupo de trabajo transversal con expertos de diversos sectores para desarrollar un trabajo consultivo en los proyectos de ley. En dicha instancia se deberá poner especial énfasis en acordar los principios generales y prioridades que deberán informar dichos cuerpos legales. Los proyectos de implementación relevantes considerarán un trabajo prelegislativo con las diversas bancadas y las principales organizaciones de la sociedad civil y la academia ligadas a las materias respectivas”, concluye.