"¡A la chucha el país!": La encendida arenga del sindicato de Escondida

Los diversos impactos que implicaría la realización de una nueva huelga en Escondida -la productora de cobre más grande del mundo- parecieran no ser clave para el sindicato de la operación, los autodenominados "Patos Negros", que reúnen a unos 2.500 trabajadores, siendo la organización sindical más grande de la minería privada.

Así lo evidenció su presidente, Patricio Tapia, en una de las últimas asambleas celebradas previa a las votaciones de la última oferta de la empresa por $18 millones, la cual terminó siendo rechazada por el 84% de los trabajadores durante la semana pasada, por ser lejana a la solicitud de $25 millones hecha por el sindicato.

"Hoy he recibido llamados del asesor del ministro del Trabajo (nombra a Mario Livingstone, Coordinador de la división socio sindical de dicha cartera) y, compañeros, me dijo: '¿Cómo veíamos la cosa?' Y yo le dije, 'súper bien para nosotros'. '¿Me puede explicar?' No le queríamos explicar al principio pero se lo expliqué. Le dije: 'mire señor, nosotros tenemos esta propuesta que es lamentable para nosotros. Nosotros vamos a votar huelga y vamos a hacer efectiva la huelga'", parte diciendo Tapia, de acuerdo con la versión de diversos testigos.

"Pero, ¿cómo?, ¿por qué? (le habría dicho) Porque nunca han negociado con nosotros, siempre ha sido imposición", añade Tapia. "Mire asesor (…) nosotros nos vamos 30 días de huelga y descolgamos al día 30 todos los viejos y nosotros… Le conté toda la historia", indicó Tapia en el marco de una de las reuniones informativas realizada en el Gimnasio de la Villa San Lorenzo, ubicado en dependencias de la minera.

Esto, en referencia a la estrategia que mantiene el sindicato, que apunta al descuelgue masivo de trabajadores, mientras un grupo reducido se acogerá al artículo 342 del Código del Trabajo. Así, creen, podrían volver a negociar en 18 meses.

Continuó Tapia: "Y me dijo 'no pueden hacer eso. Van a cagar al país' (carcajadas de los asistentes a la asamblea). Lo único que atinó a decir fue van a cagar al país, y ¿quién ve por nosotros? Entonces, ¡que se vaya el país a la chucha!", añadió entre aplausos.

Al ser consultado sobre la situación, Mario Livingstone reconoció el llamado telefónico, pero aclaró que quien llamó fue el presidente del sindicato.

"Recibí un llamado el 25 de julio (dos días antes de las votaciones), alrededor de las 19 horas, en el que no utilicé esas palabras y le expliqué al dirigente lo relevante que era agotar todas las instancias de diálogo y que pensara bien cómo una huelga podría perjudicar al país, a los trabajadores a la empresa", señaló.

En la asamblea, Tapia también indicó que necesitaban que el 90% de los trabajadores rechazara la oferta (finalmente lograron el 84%). "Vamos a tener luquitas y el primer día después de la huelga, exigimos los $14,5 (millones) y negociamos en 18 meses más. Van a quedar filete", le dijo a los trabajadores presentes.

Conocedores del proceso señalaron que el trabajo realizado por Livingstone -ex DC y mencionado en declaraciones en el marco del caso Penta- es un cargo oficial que ha existido en todos los gobiernos, mediante el cual se establecen las conversaciones con el mundo sindical, existiendo tanto antes, durante, como después de las negociaciones colectivas, por lo que el llamado no tendría "nada raro", dado a que es parte de su trabajo.

A la fecha el currículum de los "Patos Negros", como se autodenominan los trabajadores sindicalizados de Escondida, suma varias paralizaciones, dos de ellas en 2017: una de 44 días, en el marco del proceso de negociación colectiva, y otra de un día, de carácter ilegal. A ellas se suma otra, también ilegal, de 15 días en 2011 y una cuarta, de 25 días, en 2006.

De acuerdo con datos de la consultora liderada por Juan Carlos Guajardo, Plusmining, una paralización de hasta 30 días tendría un costo para la compañía de US$690 millones. Mientras, economistas dicen que una paralización afectaría al crecimiento del país durante este año, entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales.

La semana pasada, JP Morgan señaló que la huelga de Escondida obligará al Banco Central a aplazar el inicio del ciclo de endurecimiento monetario. Mientras que el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que la movilización podría afectar a la imagen del país.

De hecho, los mencionados impactos ya se conocieron con la huelga del año pasado, que generó pérdidas para la minera por US$184 millones al primer trimestre de 2017. El Imacec de febrero del año pasado en tanto, cayó 1,3% como consecuencia.

Así las cosas, tanto la empresa como el sindicato tienen hasta la medianoche de hoy para acercarse a la Dirección del Trabajo y solicitar la mediación. Dicho proceso tiene una duración de cinco días y es obligatorio para ambas partes, aunque sea solicitado solo por una de ellas.

Terminado ese plazo, existe la opción de solicitar una prórroga por otros cinco días que debe ser solicitada por ambas partes.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota aún no salía humo blanco, pese a que el sindicato informó en la noche de ayer que había mantenido conversaciones con la empresa durante el fin de semana, existiendo la opción de solicitar la mediación entre ambas partes siempre y cuando la compañía se pronunciara, antes de las 10 am, sobre algunos puntos que catalogó como "fundamentales", pero que no detalló.

Fuentes cercanas al sindicato comentaron que las partes están "separadas" sólo por $1,5 millones, que le permitirían a los trabajadores alcanzar beneficios por $19,5 millones en esta negociación. Asimismo, indicaron que tras el pronunciamiento de la DT de Antofagasta, que puso en duda la posibilidad de negociar en 18 meses más, con la estrategia de los descolgados y la aplicación del artículo 342 -que permite negociar en 18 meses-; muchos de los trabajadores se habrían arrepentido de su voto y estarían a favor de firmar un acuerdo.