A Tohá se le agota la línea de crédito en el Congreso con la crisis de seguridad y los estados de excepción

En la última discusión del Senado para renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en el sur, el pasado 21 de diciembre, una intervención sorpresiva realizó la senadora independiente Fabiola Campillai.

Si bien la parlamentaria metropolitana, quien fue víctima de violencia policial en medio del estallido social, reiteró que rechazaría una vez más la prórroga del estado de excepción -que debe renovarse cada 15 días en el Congreso para mantener la presencia de las FF.AA.-, aprovechó de hacer un reclamo a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), por el desborde de la delincuencia en Santiago.

Incluso mencionó dos casos: un episodio de abusos sexuales contra menores en San Bernardo y el asalto sufrido por una persona cercana en La Florida. “En este país ya no hay seguridad. Ya no nos preocupamos de la delincuencia que nos aqueja... La delincuencia ya no puede más acá... Hay un montón de delincuentes sueltos, que no pagan por sus delitos y los vuelven a cometer”, dijo.

A pesar de que el tema en discusión no era precisamente la delincuencia común, al igual que Campillai, varios senadores y diputados han transformado la prórroga del estado de excepción en un ritual para quejarse por la inseguridad que viven sus electores. Este espacio se ha convertido entre los parlamentarios en una suerte de libro de reclamos con críticas directas e indirectas a la gestión de Tohá.

La manifestación pública de ese creciente descontento fue el menor apoyo que recibió la última petición de prórroga de La Moneda, que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados por 77 votos a favor, 36 votos en contra y 25 abstenciones, mientras que en el Senado, la medida fue visada con 35 respaldos, ocho votos en contra y tres abstenciones.

Ello ha acarreado un problema adicional para la ministra Tohá, que a casi 4 meses de haber asumido aún no logra cerrar un acuerdo de seguridad ni tampoco ha logrado avanzar con algunas de sus reformas comprometidas. Entre ellas, una iniciativa que busca ampliar los plazos de renovación del estado de excepción a 60 días para evitar recurrir al Congreso quincenalmente.

Incluso, las quejas han comenzado a transformarse en una suerte de oposición transversal a la ministra, primero con legisladores del norte (oficialistas y de opisición), que exigen medidas más drásticas para frenar la inmigración ilegal y, en segundo lugar, con parlamentarios de Los Ríos (desde del Frente Amplio a RN) que piden extender el estado de excepción a la zona valdiviana en vista de los atentados incendiarios.

Ambos grupos han comenzado a rechazar o abstenerse frente al estado de excepción para La Araucanía y el Biobío como forma de protesta, aun cuando coincidan en la necesidad de mantener la presencia militar para colaborar en tareas de seguridad y orden público.

Un ejemplo de ello fue el giro expresado por la vicepresidenta de la Cámara Alta y senadora por Tarapacá, Luz Ebensperger (UDI), quien ya ha rechazado dos veces consecutivas el estado de excepción. “He votado en contra, a pesar de creer en esta herramienta, como una señal de protesta contra el gobierno”, dijo Ebensperger el pasado 21 de diciembre, precisando que igualmente tomó la precaución de que su voto no fuera decisivo.

La misma conducta también viene asumiendo desde un principio el senador por Arica, José Durana (UDI), que sistemáticamente ha rechazado estas solicitudes presidenciales, como gesto de molestia por la situación migratoria.

Esos cuestionamientos también se han extendido a representantes oficialistas del norte, como los independientes PPD, Pedro Araya y Jorge Soria, parlamentarios por Antofagasta y Tarapacá.

“Tarapacá vive la mayor crisis de seguridad pública de su historia fruto del arribo de miles de migrantes irregulares”, dijo el 12 de diciembre Soria, quien le envió una carta a Tohá expresándole su preocupación.

Sin embargo, a pesar de su visión crítica, ni el exalcalde ni Araya se han descolgado y, hasta el momento, han respaldado las prórrogas para el sur.

Los reclamos a Tohá, en todo caso, se han notado con mayor crudeza en los senadores de Los Ríos.

Uno de los más severos ha sido el senador oficialista Alfonso de Urresti (PS), quien el 12 de diciembre señaló que “el estado de avance” de las medidas de seguridad ha sido “cero” y se quejó por la falta de compromiso del gobierno en la persecución judicial de quienes cometen atentados. “Para el espectáculo, una linda querella contra quienes resulten responsables, pero gestión del Ministerio del Interior (para pedir diligencias), ninguna... Y cada quince días, viene acá el Ministerio del Interior con la ministra (Tohá), señalando que están realizando las gestiones”.

Incluso, De Urresti fue más allá y anunció que rechazará la reforma anunciada por Tohá para ampliar las prórrogas del estado de excepción a 60 días. “Ministra, ese proyecto lo vamos a votar en contra, porque la negligencia en la tramitación de las querellas es evidente. Se presentan las querellas simplemente para cumplir un ritual. Son querellas de cartón”, dijo el socialista, quien se abstuvo en esa sesión de diciembre.

Por su parte, los senadores Iván Flores (DC) y María José Gatica (RN) han optado derechamente por rechazar la prórroga también en señal de molestia.

En la Cámara, los gestos de protesta se han extendido a diputados del oficialismo y la oposición, especialmente del norte y del sur, con el agravante de que en esa corporación ya existía una fuerte disidencia de legisladores del Frente Amplio y del PC en contra de los estados de excepción y el despliegue militar como fórmula para enfrentar la violencia.

Ello se tradujo en los 36 votos en contra y 25 abstenciones registrados en el último debate por el estado de excepción, donde se mezclaron diputados del PS, del Frente Amplio, del PC, de la UDI, del Partido Radical, de la DC, de Evópoli y del Partido Republicano. Todos con diversos motivos.

Por ejemplo, la diputada socialista Danisa Astudillo, representante de Arica, votó en contra como protesta por el desborde migratorio en el norte, mientras que su par de bancada por Los Ríos, Marcos Ilabaca, se abstuvo por la negativa del gobierno a extender el estado de excepción a su región. Por su parte, el independiente UDI Álvaro Carter, quien es diputado por La Florida, hace tiempo que viene rechazando como forma de quejarse por las políticas de seguridad pública. “No hay agenda de seguridad. Presentan estados de excepción y no han hecho nada más. La ministra hace grandes discursos en el Congreso, pero qué buscan”, comenta Carter.

La demora para sacar las leyes de la agenda seguridad solo ha acentuado la impaciencia parlamentaria.

Por ejemplo, recién a mediados de diciembre el gobierno le puso suma urgencia a la reforma para ampliar las prórrogas del estado de excepción. El problema es que si esa norma no es aprobada y publicada antes del receso legislativo del verano, el gobierno se verá obligado a convocar de urgencia al Congreso para que sesione dos veces en febrero.

Otra reforma importante es la que permite el resguardo de la infraestructura crítica por parte de las FF.AA. cuyas indicaciones de parte del Ejecutivo recién fueron ingresadas el jueves de la semana pasada. Entre esas enmiendas figura una fórmula que atenuaría las quejas de legisladores del norte, ya que los militares podrían ayudar en la protección de fronteras sin necesidad de un estado de excepción.

Sin embargo, la apuesta mayor de la ministra Tohá sigue siendo lograr un acuerdo transversal en seguridad, pero dada la diversidad de temáticas es casi imposible que se logre un consenso detallado antes de fin de año. En el mejor escenario tal vez se podría llegar a un entendimiento respecto de qué temas debiera incluir ese pacto, donde la gran incógnita son las reformas al Sistema de Inteligencia y a la Ley Antiterrorista, debido a los reparos que hay en el PC y el Frente Amplio, sobre todo, por la forma como Interior está manejando el orden público.

El senador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, José Miguel Insulza (PS), quien ha sido uno de los principales aliados de Tohá, también advierte estas “señales de impaciencia”. Sin embargo, solidariza con la ministra debido a la magnitud de tareas que concentra Interior, cartera que también encabezó entre 2000 y 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos.

“Conozco el Ministerio del Interior y sé que en la mañana uno sale con una agenda y cuando llega a la oficina ya tiene otra. Por ejemplo, teníamos una reunión programada con la ministra por el acuerdo nacional de seguridad y, al poco rato, nos llamaron que la ministra tuvo que partir a Viña del Mar por los incendios”, señala Insulza, quien cree que una vez que se logre sacar la reforma del Ministerio de Seguridad Pública, que aún está en su primera fase de discusión en el Senado, Tohá se podrá dedicar a las tareas de conducción general del gobierno. “Por ahora es un trabajo difícil de manejar. Y como hay una cultura del miedo en el país, con el caos y el crimen, eso aumenta la presión y ahora todos quieren estados de excepción”, agrega.

El diputado y expresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva (PS), cree que “el acuerdo de seguridad tiene un desarrollo complejo” debido a las visiones opuestas. “La ministra Tohá ha ido tan rápido como le ha sido posible”, señala.

Por mientras, el gobierno anunció un paquete preliminar de proyectos en materia de seguridad, entre ellos uno para prevenir delitos dentro de los recintos penales y otros para mejorar la tipificación del sicariato, el secuestro y la extorsión y el uso de armas en lugares y eventos públicos, como en funerales.