A última hora: gobierno retira desde Contraloría contrato que visa acto de conmemoración de los 50 años

El gobierno trabaja en distintos frentes para concretar la esperada conmemoración de los 50 años del golpe militar. Ya resuelto el Plan Nacional de Búsqueda, el levantamiento del secreto de la comisión Valech, ahora le restan dos frentes: el político, donde el Presidente Gabriel Boric trabaja en destrabar una declaración conjunta con la oposición, y, también, en lo formal y protocolar, a cargo del Ministerio de las Culturas. Y es este último ajuste el que entró en sus descuentos finales.

Para la jornada del 11 de septiembre el gobierno llevará a cabo una actividad que espera reunir a autoridades nacionales e internacionales, como también artistas y organizaciones de derechos humanos. Todo a cargo de una productora contratada por Culturas para encargase de la actividad; pero a cinco días de concretarse el evento, no ha sido visado por Contraloría.

Es que durante la jornada del 5 de septiembre el gobierno retiró desde el ente contralor el contrato de la empresa que realizaría el acto, dado que, de mantenerse como estaba, corrían el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal, a cinco días de la esperada y anunciada actividad.

Según explicaron quienes conocen el proceso, la norma legal es que la Contraloría se toma 15 días para analizar los antecedentes antes de su toma de razón. Generalmente, agregan, cuando los organismos públicos son “diligentes” lo hacen con más tiempo de anticipación y así tener espacio para corregir observaciones. En este caso, el tiempo apremia, dado que hasta el cierre de esta edición a Teatinos N°56 no se había despachado nada.

La productora contratada para llevar esta actividad es la firma Weise y Asociados Ltda., más conocida como “La Oreja”. Esta empresa es conocida por realizar recitales y eventos masivos de alta envergadura.

Este contrato tiene que pasar sí o sí por Contraloría, y ser tomado de razón para poder llevar a cabo el acto, según se estipula en la resolución N°16 del ente contralor, publicado el 17 de diciembre del 2020.

Allí se señala que deberán ser ser sujetos de control legal los acuerdos -según el artículo 12, Nº12.1- “sobre aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios por trato directo o licitación privada, cuya competencia territorial corresponda a las Contralorías Regionales de Valparaíso y del Biobío, cuando el monto supere las 8.000 UTM”.

¿Por qué se toma como referencia esta región? Como el decreto entró por Culturas, que tiene la sede central en Valparaíso, el contrato entró por la Contraloría Regional de Valparaíso, donde el umbral de gastos que tiene que ser visado por el organismo fiscalizador es de $507 millones. Es decir, todo contrato cerrado por este monto debe tener un control legal, y eso hasta la fecha aún no se concreta.

Desde Presidencia explican que efectivamente hay diferentes interpretaciones sobre los contratos, y se retiraron los decretos para subsanar las observaciones y volver a ingresarlos de mejor manera. La Moneda trabaja a contrarreloj, y no sólo en terreno político, sino también legal.