¿A un paso de salir de la cárcel? Fiscalía ofrece a Miguel Ángel Aguilera un abreviado que le permitiría dejar Santiago 1

Casi un año lleva en prisión preventiva el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, en el penal Santiago 1, tras ser formalizado el 26 de julio de 2021 por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho reiterado. Pero su encierro se podría terminar mañana miércoles si es que acepta el acuerdo que el fiscal Víctor Núñez ha venido conversando entre su defensa y las partes querellantes, según informó el propio persecutor al Tribunal, el 8 de julio pasado.

La oferta sería la siguiente. Si Miguel Ángel Aguilera reconoce autoría en el delito de cohecho reiterado, el Ministerio Público ofrecería la siguiente pena: 819 días de presidio menor en su grado medio, 7 años sin ejercicio de cargos públicos y una multa de casi $20 millones. Con esto y sumado a que lleva 352 días en la cárcel, es probable que el 15º Juzgado de Garantía acceda a levantar la cautelar más gravosa y permita que el ex vicepresidente del Partido Socialista quede en libertad con medidas de arresto domiciliario o firma en un recinto policial.

Desde la Fiscalía Sur no quisieron entregar comentarios y agregaron que el acuerdo sería sólo por un delito, pero que no estaba cerrado. A pesar de que el mismo fiscal Núñez había solicitado al Tribunal discutir un procedimiento abreviado en la audiencia, que iba a realizarse hoy, pero que fue pospuesta para mañana, en la que se discutiría una vez más la prisión preventiva de Aguilera. Respecto a los otros dos casos imputados en la causa sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que involucran la compra de una propiedad en la comuna de La Reina y depósitos por $263 millones sin justificación, mantienen su curso de investigación.

“Nuestra lucha ha tenido sentido, y esto demuestra que se ha dañado a las personas más vulnerables como son nuestros vecinos. Estamos dando la señal de que no se puede corromper el aparato público”, señaló el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), quien espera que mañana Aguilera se declare culpable.

Por su parte, el ex concejal David Cabedo, también querellante en la causa, indicó que este acuerdo no es lo que habría esperado, pues apuntaba que se hiciera justicia de manera efectiva. De todas formas valora que el ex edil reconozca su culpabilidad. “Con esto estaría reconociendo lo que siempre insistimos, hechos que eran indesmentibles según los antecedentes y pruebas aportados por la policía”, sostuvo Cabedo.

En esa línea, en la audiencia de mañana, Aguilera reconocería autoría en dos casos de cohecho. Según lo imputado por el Ministerio Público, el 4 de diciembre de 2014, el ex alcalde de San Ramón habría aceptado en su cuenta corriente del Banco Estado la suma de casi $10 millones en dinero en efectivo. Y dos meses después, a fines de febrero de 2015, una nueva suma por $4 millones. Todo por haber adjudicado a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda, diversos proyectos urbanos para la comuna que involucraban una inversión de $42 millones.

El segundo caso de soborno habría ocurrido el 13 de enero de 2016, luego de que Aguilera aceptara una transferencia en su cuenta corriente del Banco Santander la suma de $3 millones por parte del ex concejal PS y condenado en esta causa, José Miguel Zapata, por haber adjudicado a la misma empresa Asesorías en Investigación Social Ltda la realización de un plan Comunal de Prevención de Seguridad por un total de $14.950.000.

Según fuentes del caso, esta sería la primera colaboración que presta el ex edil en el caso, que partió en octubre de 2017, luego de que un Reportaje de Informe Especial de TVN denunciara la contratación de peligrosos narcotraficantes en la municipalidad de San Ramón. Hasta hoy, Aguilera ha sostenido en varias oportunidades que es inocente y que nunca ha participado de ningún delito. Incluso, su defensa encabezada por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, han señalado que las altas sumas detectadas a su cliente tienen que ver con su cultura de manejar dinero en efectivo, el cual lo administraba en una caja de fondos y a medida que iba requiriendo, lo sacaba y depositaba en sus cuentas bancarias.

En diciembre de 2018, el Consejo de Defensa del Estado presentó su primera querella por el caso San Ramón. Uno de los delitos que buscaba perseguir el organismo era el de fraude al fisco por prestaciones que no se prestaron. Es el caso de las remuneraciones que se le pagaron a los narcotraficantes Jorge Pinto Carvajal y Miguel Ángel Sánchez por supuestos trabajos en la unidad de Áreas Verdes de la Municipalidad. De acuerdo a sumarios ordenados por el propio Aguilera cuando ejercía de alcalde, se acreditó que los narcos cobraron por esos servicios, pero nunca realizaron dichas mantenciones.

Por ello, para el CDE es muy relevante que esta arista tome cuerpo en la investigación. Así lo hizo ver el abogado del organismo Cristián Ramírez en la última audiencia celebrada el pasado 13 de junio. “Hemos presentado escritos y solicitado una serie de diligencias que están vinculadas a aristas en la que se le imputa eventualmente responsabilidad al señor Aguilera que dice relación con fraudes al fisco vinculados con eventuales remuneraciones por servicios efectivamente no realizados”, afirmó el querellante.

Con esta línea, también concuerdan el ex concejal Cabedo y el alcalde Toro, quienes han transmitido al equipo del fiscal Víctor Núñez la importancia de formalizar a Aguilera por fraude al fisco, debido al grave impacto que ha generado este tema a las arcas de la Municipalidad de San Ramón.

“Quienes intentan dañar la fe pública deben estar hoy condenados y si es necesario tras las rejas, esto es el inicio de un proceso que vamos a continuar con las acciones correspondientes y estamos disponibles a seguir entregando todos los antecedentes que nos soliciten”, afirmó Gustavo Toro.