Abogado Gastón Gómez: "El gobierno se equivocó en el diagnóstico del problema constitucional"

El abogado Gastón Gómez es una carta recurrente de asesoría para La Moneda en materia constitucional. Es un liberal que perteneció a RN y que así como asesoró al gobierno de Michelle Bachelet en el proyecto de despenalización del aborto en tres causales, también fue convocado por el gobierno de Sebastián Piñera (de quien es cercano) para explorar la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto del Partido Comunista de reducción de jornada laboral a 40 horas.

A contrapelo de un sector de Chile Vamos, Gómez es también un convencido de que hay que avanzar a un cambio constitucional. Por eso participó en el proceso constituyente convocado por la ex presidenta Bachelet y hasta ahora abogaba sin éxito para que el gobierno de Piñera se abriera a una discusión transversal para cambiar la Constitución.

Ud. ha participado en distintas instancias para posibilitar del diálogo que avance a una nueva Constitución, pero el gobierno al asumir cerró la puerta a avanzar en el tema. ¿Por qué al Ejecutivo le inquietaba tanto el tema?

Tengo la impresión de que el gobierno se equivocó en el diagnóstico acerca de la relevancia del problema constitucional. Además el gobierno tampoco en su interior tiene una percepción común frente al problema, entonces se le tornó muy difícil encontrar una estrategia para enfrentar el tema.

¿Entonces quiso evitar una grieta interna?

Todos sabemos que en los partidos de gobierno había dos grandes tendencias: uno que se negaba a cualquier discusión constitucional y otro que creía que era completamente necesario buscar el acercamiento que permitiera observar las dificultades que se advierten en la constitución.

Habla de la UDI...

No solo de la UDI. Hablo de una tendencia muy fuerte.

¿Es sostenible que ese sector mantenga esa postura considerando el escenario actual?

Yo creo que la tesis del avestruz no ayuda a generar espacios para enfrentar y solucionar los problemas. Algunos de estos ya se advertían hace años. En los estudios del CEP los diagnosticamos, después en la Fundación de Ricardo Lagos se hizo también un diagnóstico, en reuniones académicas. Ha habido un permanente debate interno que ha graficado las dificultades internas que podría tener la Constitución y la necesidad de reformar algunas de ellas para hacerlas más inclusivas y menos problemáticas.

¿Cree que se persiste en ese error de diagnóstico?

El Presidente ha dado una señal que me parece muy positiva y quiero interpretarla como un cambio de perspectiva. Ha dicho que no se niega a discutir sobre este tema una vez que los problemas de orden público se solucionen. Lo entiendo y lo respeto.

Hasta el momento el gobierno se la había jugado por cambios focalizados. ¿Ahora está obligado a avanzar a una reforma amplia? ¿Cuáles son las vías para avanzar en esta materia?

Se puede avanzar por muchas vías en mejorar nuestra Constitución. Lo único que me parece que no tiene presentación es el enfoque de la avestruz, es decir, plantear que el problema no existe y no vamos a hacer absolutamente nada. Eso es grave porque todos aquellos que genuinamente creen que la Constitución tiene aspectos salvables y defendibles tienden a alejarse de las soluciones constitucionales racionales.

¿A qué se refiere con racionales? ¿El temor es asociar el cambio constitucional a una Asamblea constituyente?

Los cambios constitucionales no son fáciles, implican costos importantes y redefiniciones sustantivas. A pesar de que está escrita de una manera enormemente general, la Constitución es relevante como fuente del orden político y de las relaciones entre ciudadanos y el Estado. Yo respeto a quienes creen en la Asamblea Constituyente y a los que creen que no hay que hacer nada, pero creo que hay alternativas más sofisticadas y serias.

¿Qué peligro le ve a la AC?

Una asamblea Constituyente es una experiencia que pocos países se han atrevido a tomar porque significa que hay un poder soberano para decidir sobre el régimen político y la relación con el Estado. Eso significa que puede redefinir los derechos fundamentales. Colocar a los países en ese trance es colocarlos a las puertas del abismo. Y ahí cabemos todos. Normalmente las AC se realizan para salir del abismo, cuando el orden se ha derrumbado completamente, pero no conocía la modalidad de poner al país ahí. Es una irresponsabilidad.

¿Cuáles son las alternativas sofisticadas que ve entonces?

Hay que respetar el orden institucional, eso es fundamental. Y puede ser con una combinación de cosas: el Congreso, el Presidente, una fórmula acordada entre el Congreso y el Presidente. Hay una variedad muy grande y no hay que cerrarse a ninguna. Es posible hacer un debate inclusivo. Dividir al país en si se es partidario o no de la Asamblea Constituyente no ayuda.

¿Hay otra alternativa o sólo ve cambios vía el Congreso y el Presidente?

La alternativa dos es recuperar el procedimiento para convocar a los cabildos de la Presidenta Bachelet. Esa es una metodología que podría rescatarse porque los encuentros locales autoconvocados (ELA)) fueron una modalidad exitosa....

Y muy criticada por la oposición a Bachelet....

Muy criticada. Y eso fue otro error de diagnóstico.

¿Fue una oportunidad perdida?

Sí y no. Se pudo hacer algo mejor porque la parte final del proceso fue un fracaso. Los ELA fueron un éxito, los encuentros provinciales y regionales no tanto porque hubo mucha manipulación política. Y luego se iba a proponer una nueva Constitución. Pero terminaron haciendo una cosa entre cuatro paredes. No se recogió el material.

Eso dijo también Patricio Zapata, ¿por qué no se recogió ese material?

Es raro porque si uno revisa ese material verá que la gente fue muy prudente, muy seria. No hubo ningún exabrupto. Las 200.000 mil personas que concurrieron debatieron seriamente. Bueno, recuperar ese proceso es un segundo modelo. El tercero es hacer reformas institucionales vía poderes públicos, el Parlamento.

Ud ha participado en la redacción de una propuesta de reforma al TC, ¿hay más piso ahora para eso?

El debate sobre nueva constitución ha absorbido cualquier discusión puntual. Tengo la impresión que junto con el debate general para salir de este atolladero constitucional, es perfectamente posible tener discusiones puntuales... Necesariamente habrá que discutir del rol del régimen presidencial, del rol del TC, del papel de la Contraloría. Se podrá demorar más o menos pero la discusión va a llegar.

Y no fue acogida por el gobierno....

Las cosas tienen su afán. Ya veremos. Nosotros hicimos una contribución pensando en el Congreso, en la ciudadanía. Creemos que la propuesta que hicimos tuvo impacto y señalamos un camino que el gobierno pudo haber tomado hace un año. Y ese mismo debate va a tener que realizarse en otras materias.

El ministro Blumel inició un acercamiento con la oposición para tratar el tema constitucional,  ¿cómo lo ve frente a este proceso?

El ministro Blumel tiene una mirada amplia del proceso político.

¿Más que su antecedor, Andrés Chadwick, que cerró esa puerta a las semanas de asumir en Interior?

No quiero comparar. No me corresponde. Pero creo que el ministro Blumel tiene una percepción más completa sobre esto.

Hace unas semanas el senador Manuel José Ossandón mandaba a jubilar al segundo piso de la Moneda, que encabeza Cristián Larroulet. ¿Hay responsabilidad del equipo asesor de La Moneda en esta crisis?

Dadas las dificultades del régimen previsional, no mandaría a jubilar a nadie... Yo creo que hay que tener cuidado con un diagnóstico equivocado de las causas de esta crisis. He oído que es el aumento de la tarifa, y me parece que no es ni remotamente cierto. En las causas veo un hecho puntual, además de razones muy de fondo. Hubo una autoridad (el director del Metro, Louis de Grange) que no tuvo la misericordia de dar un plan de contingencia antes de cerrar el Metro. Eso provocó un sentimiento de maltrato a vastos sectores que conectó con problemas más profundos, con un diagnóstico social y político que se anidaba en el alma. Hay causa profundas, pero algo se gatilla con el maltrato y la indignidad que hubo por un descriterio de una autoridad.