Clínica Las Condes (CLC) presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del 4º Juzgado de Garantía de Santiago que resolvió el sobreseimiento definitivo de Fredy Jacial, exdirector y gerente general del recinto médico involucrado en una causa judicial a propósito de las atenciones de usuarios de Fonasa en el recinto privado de salud, en medio de la pandemia del Covid-19.

Una suerte distinta corrió Jaime Hagel, otro exalto ejecutivo de la compañía, presidida por Alejandro Gil, que también estuvo querellado y luego fue sobreseído. En este caso, CLC decidió no recurrir ante la resolución del tribunal que exculpó al exgerente por el supuesto exceso de atención de pacientes Covid que venían del sistema de prestación pública.

¿Por qué Clínica Las Condes hizo la diferencia entre Jacial y Hagel? CLC declinó responder a la pregunta formulada por La Tercera PM. Sin embargo, existen diferencias entre ambos casos que vienen a dar algunas luces sobre los argumentos que habrían estado detrás de la decisión.

Ambos habían sido querellados por el presunto delito de administración desleal. En el caso de Hagel, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo, mientras que en el proceso de Jacial, la fiscalía se adhirió a la petición de la defensa. Otro punto clave es que en el caso de este último se condenó en costas a la entidad persecutora y no en el proceso contra el otro exgerente. Por otro lado, dicen fuentes del caso, es probable que el litigio contra Jacial pueda estar vinculado de manera más directa al juicio que mantiene la compañía en contra del Fisco en sede civil, donde exige el pago de $ 37 mil millones por los supuestos perjuicios que le habrían ocasionado las órdenes impartidas por el Estado de Chile durante la pandemia.

En el escrito de apelación de CLC al sobreseimiento de Jacial, la entidad apuntó a que se acreditó en la investigación del Ministerio Público que durante la primera ola de la pandemia, en el año 2020, el recinto privado “atendió más de 200 pacientes Covid Fonasa por día, derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) o que ingresaban por el servicio de urgencias”. En ese sentido, se lee en el libelo, esta situación “estaba en conocimiento del gerente general Fredy Jacial Ellis –cuestión fáctica que también consta en la carpeta investigativa–, pero que a pesar de que era un tema arduamente discutido en las sesiones de directorio, el querellado simplemente omitió, de manera dolosa y deliberada, informarlo (...), a pesar de que estaba obligado a hacerlo, provocándole un perjuicio económico al patrimonio de CLC”.

Los abogados del recinto privado piden que se revierta el sobreseimiento y se reactive la investigación penal. Para ello argumentan que “durante el período en que Fredy Jacial fue gerente general de CLC, esto es, entre el 11 de mayo y el 11 de agosto de 2020, se aceptaron pacientes Fonasa derivados por la UGCC del Minsal por sobre el límite impuesto por la autoridad sanitaria. Lo que evidentemente, tomando en consideración el precio que pagaría Fonasa por estas prestaciones (valor GRD), provocó un perjuicio económico para CLC, al admitir pacientes en exceso a la disponibilidad de 64 camas con ventilación mecánica invasiva dispuestas por la autoridad”.

Uno de los puntos que destaca CLC en su recurso es que el Ministerio de Salud, en virtud de las facultades extraordinarias concedidas por la alerta sanitaria declarada en el país y el Estado de Excepción Constitucional, fijó tarifas máximas que Fonasa pagaría a los prestadores privados de salud, como lo es Clínica Las Condes, para la atención de pacientes Covid-19 que provenían de Fonasa y que fue llamado “valor o pago por Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD)”.

“La imputación penal apunta a que el querellado omitió informar al Directorio, a sabiendas, el número de pacientes Fonasa derivados por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) en exceso a lo dispuesto por la autoridad sanitaria. Prestaciones de salud que tendrían un pago inferior en un 50% del costo de CLC, ya que se pagarían por el mecanismo o valor GRD. Lo que, ocasionó un grave perjuicio económico en el patrimonio social de Clínica Las Condes S.A.”, se lee en el escrito presentado por el abogado Marcelo Sanfeliú, quien representa a CLC.

En conversación con La Tercera PM, Trinidad Luengo, defensora de Fredy Jacial, calificó la apelación como “pobre” y apuntó a que “persiste en acusar a mi cliente de haber aceptado pacientes por sobre el límite impuesto por la autoridad sanitaria en circunstancias que aquello no es efectivo (...). La autoridad sanitaria impuso un límite al número de pacientes a admitir, lo que la autoridad sanitaria definió fueron pisos mínimos de camas con ventilación mecánica que las clínicas debían tener disponible para la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC)”, explicó.

“Lo relevante es que la decisión del 4º Juzgado de Garantía de Santiago es categórica con respecto a que Fredy Jacial actuó conforme a la normativa vigente y a las exigencias que les impuso la autoridad sanitaria a los recintos hospitalarios en el contexto de la pandemia y aquello va en la línea de ser un administrador diligente. Acá no puede haber delito de administración desleal si tú tienes a un gerente general que actúa conforme a la normativa vigente. Aquello, sin duda alguna, es actuar conforme al interés social”, añadió la abogada.

“Es un buen administrador y cumplió a cabalidad la legislación vigente, porque de lo contrario la clínica se habría expuesto a sanciones. El incumplimiento de resoluciones sanitarias acarreaba sanciones penales y administrativas”, indicó.

En otro frente de conflicto que mantiene el recinto médico, Nueva MasVida solicitó en la Corte de Apelaciones de Santiago rechazar el recurso de protección que presentó el doctor Mario Montoya, quien denunció haber recibido medicamentos genéricos en su tratamiento contra el cáncer en Clínica Las Condes (CLC).

En su respuesta, la isapre desestimó algún tipo de afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en la Carta Fundamental, ya que a su juicio se han otorgado constantemente todas y cada una de las coberturas de conformidad a la ley y demás normas administrativas sobre la materia.

“Más aún, isapre Nueva MasVida voluntariamente le ofreció una cobertura excepcional y extracontractual a fin de ayudarle, dejando más en claro aún no solo su legítimo obrar, sino también su buena fe. Finalmente, no debe olvidarse que, para dichas prestaciones, si procede el financiamiento de acuerdo con el plan complementario de salud del recurrente, ergo, en ningún caso el señor Montoya ha quedado en la indefensión ni sin cobertura para dichas prestaciones”, detalló.

En su recurso de protección, Montoya solicitó que la isapre y CLC financiaran su tratamiento en contra del cáncer en Clínica Santa María. El caso fue dado a conocer por La Tercera PM y provocó la renuncia de parte del hematoncólogo Hernán López del recinto privado.