Acusación opositora contra supremos incluye severo juicio ético de RN a una exmilitante (Ángela Vivanco)

Tal como decía una canción en los 80 de Miguel Bosé, ser segundo no es igual que llegar en primer lugar.

Con ese criterio en mente, las bancadas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) ingresarán en los próximos minutos una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, compuesta por dos capítulos contra cada uno (cuatro en total).

Con la presentación de este escrito de 48 páginas, el libelo se dará cuenta en la sesión de esta tarde (a partir de las 17 horas) y se procederá a sortear inmediatamente la composición de la comisión de diputados que revisará en una etapa inicial este primer escrito.

En todo caso, la Cámara está a la espera de que ingresen esta tarde otras dos acusaciones patrocinadas por fuerzas aliadas al Ejecutivo: una redactada por el PS contra Vivanco y otra de la DC contra el ministro de la Suprema Jean Pierre Matus.

No obstante, al ser la primera acción ingresada, el texto de las bancadas opositoras corre con ventaja en ser votado en primer lugar por la Cámara una vez que culmine en trabajo de la “comisión acusación”. De todos modos, los tiempos también dependerán de cuánto se demoren los acusados en contestar a este primer escrito y de la celeridad con la que actúen los diputados integrantes de esta instancia revisora.

Para la oposición era clave ganarle la posición al oficialismo, ya que pone a los diputados de la alianza gubernamental en una encrucijada, aun cuando digan compartir los capítulos acusatorios contra Vivanco. En las bancadas de gobierno, especialmente en el Frente Amplio, el PC y el PS, había dudas de sumarse a una acción contra el juez Muñoz, quien goza de simpatías en la izquierda y la centroizquierda.

Por lo tanto, si eventualmente el oficialismo se ve forzado a resolver en primer lugar esta acusación doble contra Vivanco y Muñoz (que debe votarse en paquete y no se puede dividir), será más difícil justificar un voto en contra o una abstención.

Por su parte, si la acusación contra Muñoz y Vivanco es aprobada, para las bancadas de Chile Vamos sería más fácil no apoyar el libelo del oficialismo dirigido específicamente contra Vivanco, que incluirá alusiones al exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI), factor que complica a Chile Vamos. Con la excusa de que el libelo contra Vivanco ya fue aprobado, la oposición al menos tendría una salida discursiva.

Un elemento que juega a favor de esa excusa es que en el Senado basta que se apruebe solo uno de los capítulos acusatorios contra la alta magistrada para proceder a su destitución y prohibición para ejercer cargos públicos en 5 años. En este caso, las acusaciones no tendrían un efecto acumulativo del punto de vista de la sanción.

El escrito opositor fue redactado por los abogados de RN y la UDI.

Los dos capítulos referidos a Vivanco quedaron en manos de la bancada de diputados de Renovación Nacional, responsabilidad que no era sencilla dada la antigua militancia que tuvo la magistrada en esa colectividad. Incluso, en 1997 ella llegó a ser candidata a diputada por el RN y era parte de los expertos que habitualmente colaboraban con legisladores y el Instituto Libertad, asociado al partido.

Pese a ese lazo político, la bancada de RN redactó un severo juicio contra la magistrada. En primer lugar, se le reprocha haber incurrido en un “notable abandono de sus deberes al ejecutar conductas que afectaron gravemente la imparcialidad y la independencia con que debía obrar como jueza”.

En particular, se le cuestiona mantener contactos indebidos en ciertas causas, especialmente con el abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, con quien no declaró la inhabilidad que le correspondía.

“Hay una serie de gestiones o comunicaciones que han salido a la luz pública en los últimos días y que dejan en evidencia conductas completamente alejadas de valores cardinales en la administración de justicia, con insospechadas consecuencias en el conocimiento y fallo de gestiones judiciales”, dice el libelo.

Uno de los casos expuestos se refiere a la petición que le hizo Hermosilla para que integrara la sala penal de la Suprema.

Otra situación particular que se le cuestiona es su actuación ante los recursos interpuestos por la empresa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) en contra de Codelco. Vivanco era cercana al abogado Mario Vargas. “Tiene un vínculo de amistad con la ministra Vivanco que es de público conocimiento y que queda en evidencia de un análisis de las redes sociales de la acusada y de notas de prensa en las que han situado al abogado (Vargas) en reuniones de toda índole en el domicilio de la Sra. Vivanco”.

En el segundo capítulo contra la jueza, también por notable abandono de deberes, se le acusa de “concretar injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos”.

Entre las situaciones cuestionadas mencionan su lobby por el fiscal Carlos Palma, que postuló en 2022 para ser jefe del Ministerio Público.

“La magistrada destinaba parte importante de su tiempo a injerir en distintos nombramientos de la índole judicial”, dice el texto de RN, que agrega que “la conducta de la Sra. Vivanco transgrede la probidad en la función pública”.

“La Sra. Vivanco, para mantener la operatividad de su red de injerencia, incurrió en conductas reñidas con la probidad con que debía actuar, lo que sin duda se materializó para, a cambio, exigir las intervenciones en favor de sus personas de interés. Esto agrava o demuestra en mucha menor medida que la acusada tenía un compromiso con la realización de injerencias indebidas en los procesos de designación, al estar dispuesta incluso a actuar indebidamente en aspectos procesales o judiciales, tal como es el caso de la revelación de fallos no comunicados, ni hechos públicos, con tal de obtener así las dádivas requeridas”, añade el texto redactado por RN.

Los capítulos contra el juez Muñoz quedaron, por su parte, bajo la responsabilidad de la UDI.

Estos tienen directa relación con hechos asociados a su hija Graciel Muñoz, quien también es integrante del Poder Judicial.

El primer capítulo acusatorio señala que Muñoz “incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.

Puntualmente se refiere al proyecto inmobiliario Egaña Sustentable, de la firma Fundamenta, avaluado en US$ 300 millones y que consideraba la ejecución de cuatro edificios en la comuna de Ñuñoa.

Según los antecedentes que hoy están en manos de la Comisión de Ética del Poder Judicial, Graciel Muñoz tenía la intención de comprar al menos un departamento.

No obstante, acusan al alto magistrado de “haber comentado” a su hija “el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo y cuyo contenido aún no era público”. Este fallo, relata el escrito de la UDI, tenía “efectos patrimoniales en su hija”, por lo tanto, Muñoz debió haberse inhabilitado y “no haber fallado una causa en donde el interés patrimonial de una persona de parentesco directo resultaba tan evidente”

“El solo hecho de no haberse inhabilitado en la causa ya constituye según nuestro entender un notable abandono de deberes”, comenta el libelo, que recuerda que a partir de ese antecedente Fundamenta recusó a Muñoz, presentando como prueba el testimonio de una ejecutiva a quien Graciel Muñoz le habría dicho que “mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto”.

El segundo capítulo acusatorio contra Muñoz, igualmente por “notable abandono de deberes”, le reprocha “no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional”.

El escrito recuerda que el primer encargo de la Excelentísima Corte Suprema es tener “tener la superintendencia directiva correccional y económica de los tribunales del país”.

Sin embargo, Graciel Muñoz, jueza titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, residió en Italia y declaró bajo juramento que había sido contacto estrecho durante la pandemia, razón por la cual era necesario el teletrabajo. Asimismo, señalaba que debía cuidar a su madre adulta mayor. En dicha declaración jurada, la jueza Muñoz informó que vivía con su padre.

Por faltas detectadas, la jueza Muñoz fue sancionada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

“Es la omisión del magistrado de denunciar el hecho lo que genera su responsabilidad constitucional y que según el parecer de los acusadores recae en un notable abandono de deberes”, concluye el documento redactado por la UDI.