¿Acusaciones constitucionales tras plebiscito? Los ministros de Boric que la derecha tiene en la mira

Es un comentario que solo se atreven a decir en privado. Pero entre las bancadas de diputados de Chile Vamos transmiten que posterior al plebiscito de este domingo podrían endurecer su tono como oposición contra el gobierno de Gabriel Boric. Y la forma de hacerlo sería a través de un mecanismo que el sector no ha impulsado formalmente todavía: las acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado.

En el bloque siempre existió consenso de evitar ser una oposición “dura” como califican que fue la izquierda cuando fueron gobierno con Sebastián Piñera. Por lo mismo, apostaron por intentar instalar la idea de ser una “oposición constructiva” y se restaron de acusaciones constitucionales como la que impulsó el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Izkia Siches. A eso además se sumó el factor de querer evitar que este tipo de ofensivas perjudicara al Rechazo de cara a los comicios.

En los últimos días -y bajo el escenario de que esperan que triunfe el Rechazo- tomó fuerza la idea de que posterior al plebiscito de salida, podrían comenzar a aplicar acusaciones constitucionales en contra del gabinete. Todo ello dependerá, dicen en Chile Vamos, de si los secretarios de Estado no son antes removidos en el cambio de gabinete que se espera que realice Boric luego del referéndum, la próxima semana.

La primera autoridad a la que apuntan es a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Fue este martes en el Congreso Nacional que hubo una reunión entre los jefes de bancada de Chile Vamos, Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) en la que abordaron la crisis de Gendarmería en Angol, luego de que se supiera que una cárcel de esa localidad autorizó el traslado de unos reos mapuches hacia otros recintos, lo que ocurrió después de que el alcaide de ese penal fuera amenazado de muerte por grupos radicales mapuches. El tema generó que se pidiera la renuncia de la titular de Justicia -cuya cartera está al mando de Gendarmería- y que se produjeran protestas de los propios gendarmes.

En ese encuentro, los jefes de bancada acordaron que si Ríos no renuncia, o no adopta medidas para revertir y solucionar la polémica decisión, la acusarán constitucionalmente. Sin embargo, hasta ahora no han querido transmitir públicamente esa decisión. La bancada de diputados del Partido Republicano -encabezada por Cristóbal Urruticoechea- también prestaría sus votos para empujar ese libelo.

Otra autoridad que tienen en la mira es la propia Siches, a quien se le acusa de varias polémicas en su cargo. La primera fue la fallida visita a Temucuicui, que terminó con disparos hacia su comitiva; luego la falsa denuncia que hizo en contra del proceso de expulsiones de migrantes del gobierno anterior, a lo que se suman polémicos dichos, como cuando afirmó que Carabineros era una entidad “autónoma” o cuando planteó que los diputados se habían “pegado en la cabeza”.

En la derecha están convencidos de que Siches después del plebiscito saldrá del Ministerio del Interior. Sin embargo, estiman que Boric eventualmente podría conservarla en el gabinete dejándola en otra cartera, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia o el Ministerio de Salud. Fuentes de la bancada afirman que, si eso se llegara a concretar, podría haber más ánimo para acusarla, ya que provocaría molestia entre los diputados lo que sería visto como un “premio de consuelo”.

Sin embargo, si Siches llega a salir del gabinete no perseverarían las ganas de acusarla, pese a que la Constitución actual contempla un periodo de meses adicionales para presentar este tipo de acciones para autoridades que hayan dejado su cargo. En Chile Vamos afirman que, de todos los ministros del gobierno, Siches es la más “acusable”.

Un caso distinto es el que podría darse con Giorgio Jackson (RD), titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Si bien el secretario de Estado está cuestionado por la mala relación que tiene con los senadores y por no poder aprobar algunos proyectos de la agenda legislativa del gobierno, en la derecha denuncian que desde su cartera se han hecho actos de intervencionismo electoral a favor del Apruebo en el plebiscito de salida.

En Chile Vamos piensan que si se impone el Apruebo en el plebiscito de salida, y si se mantiene en el gabinete, se podría acusar a Jackson con la idea de denunciar que es culpable de intervencionismo electoral. En el Partido Republicano incluso pensaron en acusarlo luego de que la Contraloría afirmara que el ministro “no se ajustó a la necesaria prescindencia” luego de impulsar un rol articulador de propuestas para modificar la nueva Constitución, en caso de que se aprobara.

Debido a los flancos que tiene con el propio oficialismo, en la derecha esperan que saquen a Jackson del gabinete y lo muevan al Segundo Piso de La Moneda como asesor.

Otra autoridad a la que apuntan es a la ministra de Salud, Begoña Yarza. Ella ha tenido polémicas como una denuncia de la que se tuvo que retractar por supuestas torturas en un recinto clínico, a lo que se suma cuestionamientos que ha tenido por el manejo de la pandemia. En la colectividad liderada por el senador Rojo Edwards la tienen en la mira por las cifras del proceso de vacunación, mientras que en Chile Vamos si bien han bajado los reparos en su contra, siempre han tenido un análisis crítico sobre el proceso de vacunación, lo que provocó que la interpelarán. Yarza también es una candidata a salir del gabinete en un eventual cambio.

También esperan aumentar la fiscalización contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien responsabilizan por la gestión del Ejecutivo en lo relativo a la inflación.