Aguilera vs. Torres: la discusión a altos decibeles que sinceró las diferencias para enfrentar la crisis de las isapres

Como todos los lunes por la mañana, el gabinete del Ministerio de Salud -incluidos las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública- llevó a cabo el pasado 10 de abril su habitual reunión legislativa, aunque con un invitado especial: el superintendente de Salud, Víctor Torres.

Ese día se discutió la situación de las isapres y en ese contexto la ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso los márgenes de la propuesta que su gabinete venía trabajando hace semanas para una ley corta que permita implementar el fallo de la Corte Suprema que dictaminó a fines del año pasado aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Su implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual debe revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.

Según conocedores de la instancia, ese día ambas autoridades sanitarias protagonizaron una discusión “en malos términos”, que refleja la distancia que los dos mantienen en cuanto a cómo enfrentar la crisis del sistema. A esas alturas Torres ya resentía que el Minsal lo hubiese dejado fuera de la redacción de la propuesta y desestimara sus planteamientos, mientras que la ministra Aguilera tenía plena convicción de que la propuesta tendría el respaldo político de La Moneda. Sin embargo, los intentos de Salud por zanjar una propuesta no han sido aprobados por el Ejecutivo, motivo por el cual el Presidente pidió a sus equipos hacerse presente en la discusión.

En la reunión -que según presentes subió de tono en varios momentos- el superintendente se incomodó por una propuesta que consideró un traje a la medida para las isapres, por lo que el exdiputado manifestó sus reparos. Acto seguido, al ser consultado por la ministra si es que tenía algún cálculo que exponer sobre el mecanismo recién presentado, Torres alegó que no podría tenerlo si había sido notificado en ese mismo momento de la redacción del borrador del proyecto, con el que -remarcó- no estaba de acuerdo.

Según personeros de la cartera, la respuesta no le gustó nada a la secretaria de Estado, quien incluso le dijo al superintendente que los cálculos que tenía hasta el momento estaban mal hechos y que estaba haciendo “mal la pega”, enrostrándole que incluso era él quien ganaba más dinero entre todos los ahí presentes. Esto molestó a Torres, quien subió la voz mientras le decía a la jefa de la cartera que por qué decía algo así, cuando él no se refería a remuneraciones de nadie.

“Solo le digo que usted es la persona que más gana en esta mesa y no hace nada”, fue lo que habría apuntado a la ministra según cercanos a las autoridades.

Pero esa no era la primera vez que ambas autoridades se enfrentaban por la estrategia para abordar lo que se ha transformado en una disyuntiva mayor para el gobierno.

Las diferencias entre Aguilera y Torres no son un secreto para nadie en La Moneda. De hecho, fuentes oficialistas aseguran que en cada decisión que el Minsal ha tomado respecto de la implementación del fallo de las isapres ha encontrado resistencia por parte del exdiputado.

Una de las primeras distancias de criterio entre ambos -dicen quienes han conocido de su relación- fue la necesidad de dar a conocer la cifra estimativa de lo que las isapres debían devolver a los afiliados al aplicar la nueva tabla de factores. Mientras Aguilera presionaba al superintendente por un monto en enero pasado, el militante DC advertía que no era bueno entregar cifras de manera anticipada.

Torres tampoco estuvo de acuerdo con que fuese el gobierno el que interpusiera un recurso aclaratorio ante la Corte Suprema -como se terminó haciendo- respecto de las dudas que tenía las aseguradoras en ese momento en torno a los plazos de retroactividad del fallo y cuestiones como la posibilidad de modificar los precios base de los planes para acotar los montos de desembolso.

Fue recién en marzo que el superintendente entregó el cálculo final sobre el monto de devolución que -aplicando los criterios del fallo- deberán pagar las aseguradoras: 1.400 millones de dólares, monto que en primera instancia solo fue presentando a los parlamentarios de las comisiones de salud. Además, la forma en que sus equipos calcularon esa cifra también fue objeto de desencuentro entre Aguilera y Torres.

Pero fue en la reunión de coordinación habitual que tienen los gabinetes de ambos de la semana pasada que la tensión quedó aún más en evidencia. Quienes han conversado con el superintendente aseguran que -tal como lo interpretaron en el comité político y entre los partidos oficialistas, forzando a Aguilera a retroceder- la propuesta inicial de Salud apuntaba a un verdadero “perdonazo” a las isapres. Sobre todo, porque sin explicitarlo formalmente, implicaba una eximición del pago del total calculado por el ente regulador de un 90% (de US$ 1.400 a US$ 140 millones) además de extender de manera “excesiva” los plazos del reembolso de esos montos a los usuarios. Así también, desde el punto vista legal, el análisis es que esta propuesta no era viable, pues el fallo de la Corte Suprema no permite otra forma de cálculo.

Solicitada una versión al Ministerio de Salud, respondieron que entre las autoridades no hay diferencias.