Ahora el foco apunta a las autoridades: Fiscalía pide a Ripamonti detallar qué planes tenía de prevención y evacuación ante megaincendios

Informes de seguimiento, análisis de tráficos telefónicos y declaraciones de testigos resultaron clave para que la Fiscalía y la PDI pudieran lograr la detención de los dos principales sospechosos de haber originado el megaincendio que afectó, en febrero, a la Región de Valparaíso.

Los detenidos, luego formalizados y hoy en prisión preventiva, fueron identificados como Francisco Mondaca (22), voluntario de la 13° Compañía de Bomberos de Placilla, y Franco Pinto, brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Sin embargo, el caso no terminaría ahí.

En la investigación que dirige el fiscal Osvaldo Ossandón también se despacharon diligencias para responder otra de las grandes interrogantes del caso: ¿Hubo o no responsabilidad de las autoridades al no prevenir el incendio?

Y es para despejar esa duda que el Ministerio Público trabaja en otra de las aristas de la causa, donde solicitó a la Municipalidad de Viña del Mar conocer si existieron o no planes especiales orientados a prevenir este tipo de emergencias.

En un oficio dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), el fiscal Ossandón pidió que se le informara sobre dos puntos. El primero dice relación con “remitir” al ente persecutor la “existencia de Plan de Prevención y/o Evacuación ante Emergencias ante incendios de la magnitud del presente caso, regulación y descripción” y, segundo, “señalar si existió algún programa especial o específico de prevención establecido para la zona después del incendio del 22 de diciembre de 2022 en Viña del Mar”.

El siniestro al cual se hace referencia, ocurrido el 22 de diciembre del 2022, se registró en las cercanías de la Villa Nueva Esperanza, entre el aeródromo Rodelillo y el sector de Las Palmas.

Esa noche, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, en coordinación con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), declaró alerta roja para la comuna y ordenó la evacuación de los sectores de Tranque Sur, Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabritería, Forestal Alto y la toma Felipe Camiroaga. Se registraron dos fallecidos, 200 lesionados, 410 viviendas afectadas y más 1.000 personas damnificadas.

El rol de la alcaldesa es uno de los focos en la indagatoria, pues sobre ella pesa una querella interpuesta por los abogados Mario Zumelzu, Luis Eduardo Cantellano y Pablo Cantellano. En la acción judicial se detalla que “la negligencia inexcusable de parte de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se centra en el hecho que siendo la máxima autoridad comunal no reparó a tiempo lo que los medios periodísticos evidenciaron luego de la catástrofe del pasado 2 de febrero de 2024, esto es la inexistencia, en la práctica, de un plan de riesgos actualizado y eficiente para la comuna, así como de un plan de emergencia que previniera de forma coordinada con las autoridades regionales y nacionales una emergencia como la vivida en nuestra región”.

Pero no solo es sobre la Municipalidad de Viña del Mar que se han solicitado detalles de los planes preventivos.

El fiscal Ossandón también pidió a la Dirección Regional del Senapred de Valparaíso responder sobre cuatro puntos: describir el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana, “en específico la forma de decidir la alerta, condiciones, y otros”; posibilidad de sistema alternativo de alerta ante inexistencia o caída de red o antenas; “existencia de otras medidas de prevención de emergencias ante incendios de la magnitud del presente caso, regulación y descripción”, y “señalar si existió algún programa especial o específico de prevención establecido para la zona después del incendio del 22 de diciembre de 2022 en Viña del Mar”.

El director regional suplente de Senapred de Valparaíso respondió a la Fiscalía, el 22 de marzo. Allí detalla que “para emergencias forestales suscrito entre Senapred y Conaf actúa de manera complementaria con el Plan Nacional de Emergencia y Planes Regionales, y con los anexos específicos por variable de riesgo incendios forestales, también de cobertura nacional y regional”.

Además, se lee en el oficio que “a nivel nacional, en ambos planes, se establece la definición de la existencia de un mando conjunto, instancia operativa, donde Conaf ejerce el mando técnico y Senapred el de coordinación o Bomberos en caso de ausencia de Conaf . Asimismo, se define cada una de las alertas que declara el Senapred para el Sistema y la comunidad en general, considerando sus características, amplitud y cobertura”.

Fuentes del caso explican que durante las próximas semanas seguirán decretando diligencias, entre otras cosas, para cerrar el círculo de la planificación del siniestro, como también para explorar si hubo o no responsabilidades de las autoridades regionales de la Quinta Región.

Sobre la responsabilidad en el manejo de la emergencia, esta jornada la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, dijo que desde el inicio de la investigación se dispuso “evaluar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el momento en que se estaba desarrollando el incendio, las horas previas, determinar cuáles fueron las conductas de las autoridades en torno a las alertas”.

“No puedo adelantar que esto signifique, en algún momento, una formalización, eso no lo sé hoy día, de manera que sería muy arbitrario que señalara que nos conducimos hacia allá. Lo estamos investigando porque hemos recibido desde las querellas interés en orden a que se ahonde en ese aspecto y es por lo mismo que estamos desarrollando diligencias desde el inicio de la investigación que estén orientadas también a esa búsqueda, como he dicho por ahora, de información, de antecedentes que pudieran contribuir y conducirnos a alguna conclusión en algún tiempo, esperemos, no muy extenso”, comentó.