Ahora es el turno de Hassler: exalcaldesa pide a la justicia que resguarden “bajo llave” sus chats

Una batería de acciones judiciales es la que se está desplegando en la investigación contra la diputada PC Karol Cariola y que involucra a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler.

A mitad de esta semana, el abogado de la exjefa comunal, Miguel Schürmann, presentó una querella por el delito de violación de secreto contra todos quienes resulten responsables, luego de que se filtraran diálogos entre Cariola y Hassler contenidos en el informe 487, donde proferían críticas al gobierno y, particularmente, al Presidente Gabriel Boric. En esos chats también se leía un ofrecimiento de Cariola a Hassler para que la Municipalidad de Santiago contratara a un funcionario de su confianza.

En la acción judicial, Schürmann solicita llamar a declarar al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y al fiscal de la causa, el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Pero antes el municipio de Santiago ya había desplegado sus armas. El 13 de marzo, Desbordes se querelló contra Hassler y Cariola por el delito de tráfico de influencias. Con esa presentación, la exalcaldesa pasó de ser testigo a imputada en la causa que lleva el fiscal Cooper.

Las acciones del equipo jurídico de Santiago no quedaron ahí. Esta semana, ya como interviniente en la causa, el asesor legal de la Municipalidad de Santiago, Sergio Contreras, pidió estar presente en la próxima reunión entre el abogado de Cariola –Juan Carlos Manríquez– y el fiscal, para participar en la discusión acerca de qué chats deben ser descartados en la investigación por revestir un carácter personal. Contreras, quien hizo una solicitud formal, hasta este mediodía no había tenido respuesta de parte del Ministerio Público.

Tal como había hecho Manríquez a inicios de mes, Schürmann solicitó una audiencia de cautela de garantías buscando que “se adopten medidas” en torno a las conversaciones que se encuentren en el teléfono de Irací Hassler y que puedan ser parte de la investigación.

En concreto, explicó el abogado a este medio, busca que los conversaciones de Hassler sean separadas y guardadas en custodia de la fiscalía, tal como ordenó el Séptimo Juzgado de Garantía se hiciera con los chats de la diputada Cariola. Según solicitará, estas deberán quedar resguardadas “en un aparato electrónico con acceso restringido y que, si se deben presentar sea cumpliendo la normativa ordenada por la Fiscalía Nacional”.

La audiencia fue fijada para el 4 de abril, pero el profesional pidió que esta se lleve con mayor prontitud a esa fecha. La preocupación por las filtraciones llevó a que el Ministerio Público abriera una investigación penal por el delito de violación de secreto que quedó en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. “La fiscal Perivancich investigará los delitos de violación de secreto sin perjuicio de otros hechos que puedan aparecen en el curso de la investigación. Además, la persecutora podrá actuar apoyada por los fiscales adjuntos que designe si lo estima pertinente”, señaló la fiscalía.

En ese contexto, el defensor privado de Hassler pidió una reunión con la fiscal Perivancich donde planteará sus inquietudes en torno a las filtraciones.

El lunes, en el último día de plazo, se concretó la reunión ordenada por el juez Mario Cayul entre el fiscal Cooper y el abogado Manríquez, para comenzar a acordar cómo separarían el contenido del teléfono de Cariola. En esa reunión concertaron que durante esta semana el equipo informático de la Fiscalía de Coquimbo trabajaría en fijar las especificaciones técnicas de los equipos que necesitarán usar los intervinientes para extraer los archivos seleccionados.

Manríquez se encontraba a la espera de que este viernes se le comunicara qué equipo tecnológico debía tener para la extracción y luego proveerlo la próxima semana, cuando emprenda el rumbo hacia Coquimbo para reunirse personalmente con el persecutor del caso.

Por último, tanto Manríquez como Schürmann se encontraban a la espera de la respuesta que daría la Policía de Investigaciones sobre la solicitud de realizar un sumario por el polémico allanamiento que los funcionarios policiales llevaron adelante el 3 de marzo en la casa de Cariola, justo el día en que estaba dando a luz a su primer hijo.