Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia: “La Comisión contra la Desinformación no va a definir qué es y qué no es verdad”

Una tarea compleja asumirá desde julio la ministra de Ciencia y Tecnología, Aisén Etcheverry. Esta semana se conoció -mediante un decreto en el Diario Oficial y sin mayores antecedentes de parte del gobierno- la creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación, que le tocará presidir, y la que ya ha sido objeto transversal de críticas y respecto de la que se han advertido riesgos como el de la instrumentalización política del gobierno de turno.

¿Por qué no hubo anuncio del gobierno y sólo se hace el trámite administrativo a través del Diario Oficial?

Antes de entrar al proceso, me gustaría aclarar ciertos puntos. Lo primero es que esta no es una comisión que va a definir qué es y qué no es verdad, no va a hacer un análisis ni va a emitir opinión respecto de contenidos. Tampoco se espera que reciba denuncias de fake news ni nada por el estilo, y tampoco se espera que genere una regulación, no es ninguna de esas tres cosas. Esta comisión se crea para comprender un fenómeno social que es la desinformación. Hay un trabajo que se hizo al alero del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a mí me tocó presidir ese consejo y recibí de la mano del presidente anterior, que fue nombrado por el Presidente Piñera, un informe de escenario de prospectiva, de qué estaba pasando en el mundo, y una de las preocupaciones que había era la crisis de la democracia que se explica en gran parte por los temas de desinformación. A partir de ahí, se decidió conformar esta comisión de expertos, que son personas ajenas al Estado, que han estudiado el tema de las comunicaciones y la desinformación, para que nos ayuden a entender qué es este fenómeno y qué implicancias tiene para Chile.

¿Por qué no se hizo un anuncio?

Como parte del proceso hay un hito que es formal, que es este decreto, y hay programado para julio una presentación de la comisión.

Se entendía que esto iba a estar al alero de la ministra Camila Vallejo. De hecho, ella ha representado al país en instancias justamente relativas a esta cuestión. ¿Por qué finalmente queda radicado en Ciencias?

Cuando este ministerio trabajó, por ejemplo, los datos del Covid, lo hizo para el Ministerio de Salud. Cuando se conformó la mesa de recuperación de los incendios, se hizo para el Senapred, de Interior. Y esto es porque una de las funciones del Ministerio de Ciencia es poder hacer este vínculo entre el mundo académico y el mundo de las políticas públicas o de lo que ocurre al interior del gobierno o del Estado.

Comentaban algunos expertos que han cuestionado esta iniciativa que no entendían por qué, por ejemplo, la ministra de Ciencia tiene que presidir una instancia -de hecho, va a tener un voto dirimente en esta comisión-, donde uno de sus principales objetivos es identificar los efectos en las democracias respecto del fenómeno de la desinformación.

La ciencia no es solo la física, la matemática y la astronomía. La sociología, la antropología, incluso las ciencias jurídicas y sociales también son parte de la ciencia. Y tanto es así que nuestro sistema científico, la ex Conycit, y hoy día la ANID, financia proyectos de investigación en todas estas áreas hace no 10, 20, sino más de 50 años. Y lo que la ciencia y la comunidad científica hace es hacerse preguntas respecto de fenómenos naturales y de fenómenos sociales. Y la desinformación es un fenómeno social.

Quería llevarla a la crítica de fondo que también ha surgido a propósito de los riesgos que existen de que este tipo de instancias se instrumentalicen políticamente. En experiencias internacionales también lo hemos visto. ¿Qué va a hacer este gobierno para evitar que eso ocurra?

Lo primero es que todo el trabajo que va a hacer esta comisión va a ser público. Sus integrantes van a tener todas sus credenciales académicas disponibles, los informes que se generen van a ser públicos y de uso para todos los actores que quieran verlo. En las experiencias anteriores, incluso no siempre todos los expertos están de acuerdo. Y esas diferencias se han plasmado en los informes como una señal de transparencia y de respeto al proceso. Junto con eso, y es algo que estamos evaluando, es que las mismas sesiones del consejo o que las audiencias que se generen sean públicas. Y por último, quiero marcar muy bien la diferencia de qué es lo que hace esta comisión y dónde empieza el diseño de las políticas públicas. Esta comisión va a ayudarnos a comprender un fenómeno y lineamientos.

Pero los integrantes de la instancia los define el Ejecutivo. ¿Cómo se garantiza la pluralidad y que no se instrumentalice esto políticamente en favor, por ejemplo, de los intereses de este gobierno en particular?

En general estas comisiones se definen no por el color político de sus participantes, sino que por sus credenciales académicas. Lo segundo es la representatividad de distintas universidades. El objetivo de esta comisión es tener una mirada lo más diversa y basada en ciencia de excelencia para poder tener un insumo que sea útil.

Llama la atención el rol que va a jugar usted en particular: es funcionaria del gobierno y va a tener un voto dirimente en esta instancia. ¿Cómo se resguarda ahí, por ejemplo, esa diversidad?

El voto de dirimente tiene principalmente que ver con el funcionamiento de la comisión. Y alguien alguna vez me dijo “el único activo que tiene un académico es su nombre”. Y, por lo tanto, ningún académico firma un documento en el que no esté 100% de acuerdo, por mucho que haya un voto de dirimente, porque son espacios de generación de conocimiento, no son espacios de deliberación.

Pero eso aplica para los académicos, acá también hay elementos políticos. Entonces, me imagino que no le parece raro que genere suspicacia que el gobierno tenga un rol tan preponderante en una instancia como esta. Sobre todo, en momentos en que el Presidente Gabriel Boric se ha enfrentado duramente a los medios de comunicación.

Creo que es muy importante que haya un debate profundo de esta materia, mucho más allá de esta comisión. Esta comisión es un insumo más para un debate que tiene aristas políticas, académicas, sociales, culturales, muchas otras. Nosotros estamos abordando la arista que es más del conocimiento científico en torno a un proceso. Creo que el objetivo de esta comisión, que es comprender la desinformación como un elemento que debilita a las democracias, que no lo digo yo, lo dice la OCDE, lo dicen todos los informes internacionales, lo relevó incluso el gobierno anterior a través de su consejo CTCI (...). E insisto, esto no es una comisión deliberativa y no va a ser un proyecto de ley.

Hay estándares internacionales que advierten que este tipo de instancias no deben estar al alero de los gobiernos de turno.

Es importante entender esas recomendaciones en toda su complejidad, no solo en el titular. Lo que estas organizaciones desrecomiendan es que existan instancias al alero de un gobierno que efectivamente se aboquen a definir qué es verdad y qué no es verdad, porque eso efectivamente es peligroso. Si queremos hablar de libertad de expresión en serio, no debiese existir un ente gubernamental que decidiera qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Y esta comisión que estamos formando está diez pasos antes. Es una comisión académica que busca comprender el fenómeno en nuestro país.

A propósito del tema del contexto que hablábamos antes, ¿esta instancia va a analizar el rol de los medios de comunicación, apunta a las redes sociales?

Probablemente va a ser un análisis multifactorial. Estamos definiendo los perfiles para tener a personas que vengan del mundo de las comunicaciones, del mundo de la sociología, de la antropología, por el componente cultural que tiene todo esto. Entonces, no me puedo adelantar cuál va a ser el foco específico, porque eso va a ser tarea probablemente de la primera sesión del grupo.

Se lo pregunto porque al menos en los medios tienen regulaciones legales y éticas. ¿El gobierno tiene alguna intención, por ejemplo, de regularlos de manera distinta?

Yo pensaría que no. Parte del fenómeno de la desinformación tiene que ver precisamente con cómo ha cambiado la forma en cómo consumimos información a lo largo del tiempo. Hace 15 años estaban los canales de televisión, la radio, los medios escritos. Y había normas superclaras respecto de quién era el responsable del contenido. Si yo sentía que mi honra estaba afectada podía recurrir al medio de comunicación, había una obligación de corrección, si es que había un error. Hay toda una regulación que existe y que funciona, pero que se ha visto alterada porque aparecieron nuevas formas de comunicación. Y, por lo tanto, es necesario entender cómo en este nuevo mundo, donde ocurren cosas digitales, esas reglas sociales que ya aceptamos todos, aplican o no aplican en algunos casos. Eso es parte del objetivo de la comisión.

Usted dice que desde el Presidente hasta las autoridades de menor rango tienen la misma mirada respecto a la libertad de expresión. Pero hay sectores del gobierno, por ejemplo, del Partido Comunista, que han defendido una mayor regulación a los medios de comunicación. En algún momento la misma ministra Camila Vallejo difundió información falsa en sus redes sociales. Y vemos también autoridades del gobierno que confunden lo que es desinformación con el rol de la prensa. ¿Qué entiende hoy día el gobierno por desinformación?

Hoy día, cuando vemos cómo la información fluye a una velocidad que es abrumadora en algunos casos, donde el tiempo que hay para chequear y contrachequear cosas es infinitamente menor al que teníamos previo a que todo esto circulara por Internet. Frente a esa dificultad nosotros tenemos, creo yo, la obligación de tomar medidas para que todos tengamos las herramientas necesarias para poder hacer nuestro propio juicio respecto de lo que leemos y poder informarnos de la manera que sea más libre posible.

Usted dice que luego vendrán otras reflexiones que pudiesen terminar, por ejemplo, en medidas administrativas o quizás en proyectos de ley. ¿Cuál es el camino que evalúan?

No hay una posición definida y, de hecho, este ejercicio, así como la participación en el hub de desinformación de la OCDE del trabajo que está haciendo el Consejo de CTCI y las muchas otras instancias que se puedan abrir de discusión en torno a estas materias, es lo que nos va a permitir construir una posición.

¿No están pensando, por ejemplo, en subir penas en ese tipo de delitos?

No.