¿Al congelador? El lío en el INDH por programa que reportó graves vulneraciones a víctimas de violencia en la Macrozona Sur y que la nueva administración descabezó

Poco más de un mes y medio alcanzó a estar operativo íntegramente el “Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, que incluía el despliegue de un equipo especial -integrado por tres profesionales independientes- en la Macrozona sur. Su objetivo era identificar posibles vulneraciones a los derechos humanos entre quienes son víctimas de la violencia rural que se vive en el territorio. Y es que luego de que Sergio Micco dejara la dirección del organismo -tras la petición de cinco consejeros oficialistas- en manos de Consuelo Contreras, que se desempeña como subrogante, la iniciativa fue sorpresivamente suspendida con miras a una supuesta “reestructuración”.

La determinación coincidió con la presentación del primer reporte del trabajo del citado equipo -que coordinaba el experto en emergencias Michel De L’Herbe-, el que durante el periodo que llevó a cabo la etapa de observaciones y recolección de testimonios, dio cuenta de graves vulneraciones que estaban sufriendo varias familias de la zona. Ese informe se entregó al otrora director el 18 de julio pasado (mismo día en que se hace efectiva su renuncia) vía mail, y al día siguiente, durante la mañana, a Contreras, quien habría definido suspender anticipadamente la medida en horas de la tarde.

Como pudo constatar La Tercera PM, Samuel Núñez, jefe (s) Unidad de Planificación, Control de Gestión y TIC, se comunicó con De L’Herbe, durante la tarde de ese martes 19 julio, pidiéndole paralizar todo, incluidas las entrevistas pactadas con víctimas e instituciones. La situación causó asombro en el equipo, pues lo aprobado inicialmente por el consejo del INDH el 11 de abril y de acuerdo a lo establecido en la Resolución n° 89 que formalizaba sus labores en terreno, emitida el 29 de abril, establecía que sus labores tendrían a lo menos una duración de 18 meses.

Pero eso no fue todo. Aunque no se habrían entregado los motivos de la suspensión al equipo que tenía su base operativa en Angol, el lunes 25 de julio, seis días después de la orden de detener las acciones, De L’Herbe fue informado de su desvinculación. Como indicaron fuentes conocedoras, sin mediar mayor argumentación, se le finiquitó, mientras las otras dos profesionales que integraban la misión especial, la psicóloga Marcela Suárez y la socióloga Paola Oviedo, fueron reubicadas, dado que sus contratos establecían un periodo determinado.

Consultados por La Tercera PM, De L’Herbe reconoció lo ocurrido e indicó: “El corazón de este programa contemplaba desde sus orígenes la instalación de una fuerza de tarea en la zona. A mí me tocaba ejercer como coordinador y el día martes 19 de julio se nos comunica que debíamos detener toda acción del programa desde ese mismo instante, y se nos ordena dejar las labores en Angol (...) El lunes 25, de forma presencial, se me notifica del finiquito, en razón de que se estaba estudiando una reestructuración”.

“Las dos principales actividades que se debieron suspender fueron: toma de testimonios de víctimas ya en proceso y suspender asistencia a reuniones con instituciones de FF.AA. y de orden a nivel operativo, a la cual había sido invitado, como parte de los resultados en materia de construcción de relaciones que desarrollamos en terreno, para dar inicio a proceso de observación de derechos humanos en terreno. Cabe señalar que el INDH no hace observación en este nivel en la zona de mayor conflicto con las instituciones mencionadas, siendo esta gestión uno de los elementos fundamentales que motivó el programa”, agregó.

La preocupación respecto de la situación traspasó los límites del INDH y ya son varias las autoridades que han comenzado a pedir explicaciones, entre ellos, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien sostuvo que ha pedido a través de sus equipos que se pueda clarificar lo ocurrido. “Tuvimos conocimiento del despliegue de los funcionarios y lo valoramos mucho, pero luego de la salida de Sergio Micco no hemos tenido ninguna comunicación oficial sobre lo que está ocurriendo, por eso pedimos vía transparencia información sobre lo que han alcanzado hacer”, sostuvo.

En el mismo tono, el pasado 29 de julio -durante la discusión de la cuarta extensión del estado de excepción que rige en La Araucanía y en dos provincias del Biobío- el diputado Andrés Jouannet pidió oficiar formalmente al INDH con miras a obtener respuestas.

“El Instituto de Derechos Humanos comenzó a hacer un trabajo por primera vez con las víctimas de violencia rural y este trabajo se suspendió. Se habían contratado a tres personas para hablar con las víctimas y la conclusión, según el gobernador, es que existe desplazamiento forzado”, sostuvo el parlamentario en esa oportunidad.

Pese a que hasta ahora el INDH no ha entregado mayor información respecto del levantamiento que el equipo realizó en la Macrozona sur, La Tercera PM tuvo acceso al primer y único reporte, un escrito de 46 páginas que hizo presente las vulneraciones que distintas familias han vivido en la zona, como desplazamiento forzado, pérdida de cultura y omisión de denuncias.

Así, por ejemplo, se asevera que “las situaciones de violencia vividas por las personas y sus familias que nos entregaron sus testimonios, varias refieren que previo a los hechos que nos relatan, existieron situaciones en las que se vieron expuestos a amenazas, de carácter explícito y reiterado. Si bien es cierto que no todas recibieron amenazas previas, se debe señalar que esta situación se dio en la mayoría de los relatos, siendo una situación que eventualmente podría constituir un elemento común entre víctimas de violencia al momento de ir incorporando nuevos relatos y reportes”.

En ese sentido, una de las víctimas les relató: “A ustedes les debe pasar que cuando llegan a descansar a su casa del trabajo, en la tarde, en la noche... unos llegan a descansar, duermen y lo hacen relativamente tranquilos con una sensación de seguridad, acá pasa lo contrario, acá la gente no quiere llegar a la casa, no quiere que llegue la noche. ¿Por qué? Porque eso significa la muerte, significa que llega el fuego”.

Respecto de respuestas que han recibido de parte del INDH, el reporte hace presente que “la totalidad de las familias entrevistadas señalan no haber sido contactadas por la institución y en general, la percepción que existe en materia de derechos humanos es que éstos son garantizados para los “delincuentes” y no para las personas “honestas y trabajadoras”. En algunas de las entrevistas se plantea que los derechos humanos deberían ser para todas las personas, sin embargo, sienten que el Estado no los ha protegido en esta materia y cuando han sido víctimas no se les ha contactado”.

Lo anterior lo grafican al exponer el testimonio del coordinador territorial de las Comunidades de Lleu-Lleu, Santo Reinao, quien les señaló: “Yo llamé personalmente... yo llamé a alguien que es de acá, de la región del Biobío... hablamos por teléfono, yo creo que me conoce, me conoce por mi trayectoria política... era la jefa regional y todavía es la misma jefa, la llamé porque ella no podía llamarme, porque no estaban trabajando en las oficinas (época teletrabajo por pandemia) me conseguí el número y la llamé. Y le hablo de coordinar una conversación, una reunión en Concepción quise hablar por lo mismo que les digo a ustedes”.

Igualmente, se expone que el Lonko Aniceto Norín, quien le expuso a los observadores que, a su juicio, el Estado estaría incumpliendo el fallo que dictó a su favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, como se relata en el informe, lo habría intentado advertir al director regional del INDH de La Araucanía, Federico Aguirre, quien no le habría dado respuesta. “Si tú me preguntas que ha hecho el INDH yo te diría: tengo una condena, la primera en favor de un Lonko, y no se supervisó, no se vino a ver, aquí el Estado no ha cumplido, el INDH no ha cumplido, no se ha dado el tiempo de venir a ver a una autoridad ancestral”, cita el reporte.

Considerando la tensión que reina habitualmente en la zona, el informe también hace referencia a que familias viven con miedo permanente, “y los niños, niñas y adolescentes no están ajenos a esas emociones, estando además invisibilizados. Algunos de los niños/as de los relatos recogidos están o han estado tan expuestos al conflicto armado y al miedo, que en algunos casos duermen vestidos porque si pasa algo pueden salir de la casa más rápido. En otro relato se nos cuenta que al menor de edad le han enseñado que si llegan desconocidos a la casa debe salir corriendo, sin intentar sacar nada, sólo salvar su vida”.

“Sin embargo, ninguno de los casos entrevistados señaló contar con apoyo psicológico especializado y garantizado por el Estado para los menores de edad afectados. Tampoco se observan intervenciones sistémicas especializadas en zonas de conflicto”, se especifica.

Asimismo, los profesionales explicitaron que algunos de los testimonios recogidos “plantean la idea de moverse de su lugar de vida, para “vivir en paz”. Lo visualizan como la única alternativa de dejar atrás la situación de violencia en la que se encuentran, y el también temor de ser nuevamente atacados. Sin embargo, en todos estos casos esa es la última alternativa que identifican y entienden que no es una opción, sino más bien se encuentran obligados a tomar este camino dado que sienten que corre peligro su vida y la de sus familias”.

Consultados por los alcances de la suspensión del programa y por los eventuales alcances del reporte enviado al organismo, tanto Constanza Valdés como Cristián Pertuzé descartaron que el asunto haya sido abordado en reuniones del consejo y negaron haber recibido información oficial sobre lo ocurrido. Por lo mismo, ambos indicaron que solicitarán que se pueda abordar el tema en la instancia.

Por su parte, la directora (S) Consuelo Contreras manifestó que “el programa para fortalecer las oficinas regionales del INDH en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos en ningún caso se ha suspendido, el programa continúa a cargo de Samuel Núñez, jefe (s) Unidad de Planificación, Control de Gestión y TIC”.

“Para tales efectos hay ocho personas contratadas, dos profesionales para cada región y otras dos para el levantamiento de información en los territorios. De hecho mañana (hoy) hay una reunión con los jefes regionales involucrados en Temuco para a ver el estado de avance de dicho programa”, agregó la trabajadora social.

Durante la tarde, además, desde la dirección nacional se compartió un comunicado en que reforzaron la continuidad del plan, sin embargo, no hubo pronunciamientos respecto de las observaciones advertidas por los profesionales que componían la misión especial en la zona.