Columna de Matías Petersen: Al final de la fila

El martes pasado, el gobierno del Presidente Boric anunció la ampliación y adelanto de las vacaciones de invierno, aumentándolas de dos a tres semanas, las que tendrán aplicación desde la Región de Arica a la de Los Lagos, pero manteniendo el período de tres semanas establecido para las regiones de Aysén y Magallanes. La medida causó polémica, en parte por los desencuentros entre el gobierno y el consejo asesor de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP). ¿Cuáles son las razones que llevaron al gobierno a tomar esta medida?

La más importante tiene que ver con la alta tasa de ocupación de camas críticas pediátricas. La extensión del período de vacaciones, argumenta el gobierno, puede ayudar a descomprimir a un sistema de salud pública que se encuentra bordeando su capacidad límite. En abstracto, todo parece razonable. Sin embargo, en concreto, no lo es tanto. Si consideramos los estragos que ha causado el cierre de escuelas durante la pandemia en la salud mental y en los procesos de aprendizaje de los niños chilenos, la decisión del gobierno puede decirnos algo respecto del lugar que ocupa la educación en su lista de prioridades.

Por si fuera poco, sabemos que una mayoría importante del consejo asesor de la CNRP señaló que no es del todo clara la efectividad de una medida como esta. En su minuta del día 10 de junio esta entidad señaló que “existe incertidumbre en el impacto que puede generar el adelantar las vacaciones dentro de la saturación de la red asistencial pediátrica”. A pesar de esta advertencia, el gobierno decidió ignorarla, aduciendo que la evidencia internacional avala la medida.

La decisión inevitablemente evoca las palabras pronunciadas por Gabriel Boric en enero de este año: “Yo he insistido en esto, y aunque pueda sacar ronchas, los colegios deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrarse”. Se dirá que el contexto es otro, que las palabras del Presidente hacían alusión a los difíciles momentos de la pandemia, y que esta medida busca aplacar el impacto del virus sincicial o la influenza. Sin embargo, el problema de fondo es exactamente el mismo. A la hora de tomar decisiones sopesamos costos y beneficios, y la decisión del gobierno revela que el impacto negativo del cierre de escuelas y la advertencia del consejo pesan poco en relación a su interpretación de la evidencia epidemiológica.

Hay, además, otro entuerto con la decisión del gobierno, y es que no es consistente con la retórica —presente en la campaña presidencial y con ecos claros en la discusión constituyente— que apela a entregar las comunidades locales más autonomía del poder central. Visto desde ese ángulo, la medida parece un caso ejemplar de centralismo paternalista. En efecto, es necesario preguntarse si es igual de alarmante la situación de camas críticas en San José de la Mariquina que en Providencia. Según los datos del propio Minsal, no lo es. Entonces, ¿por qué imponer una medida homogénea a casos tan disímiles? ¿Por qué no intentar mitigar, aunque sea en parte, el impacto negativo que producen los cierres de escuelas?

Por último, el actuar del gobierno raya en lo irrisorio cuando un día después de tomar esta decisión, se anuncia que, al menos en algunos casos, quienes no asistan al colegio a educarse sí podrían hacerlo para recibir alimentación, anulando así el posible (pero incierto) impacto de la suspensión de clases.

Lo que el gobierno parece ignorar por completo es que el camino del progreso social se juega, en parte importante, en la educación escolar básica. En palabras de Gonzalo Vial, la batalla decisiva por el futuro y el progreso de Chile se libra a diario, secretamente, en las miles de escuelas dispersas a lo largo del país. Son esos mismos niños quienes, ante la primera señal de alerta sanitaria, son ubicados al final de la fila.