Al otro lado del pizarrón: la acusación de violación que complica al exsecretario de la Asociación de Defensores Penales Públicos

Este martes, en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, fue formalizado por delitos de connotación sexual Francisco Javier Alvarado Sandoval, abogado y exsecretario de la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos de Chile (Adef).

La formalización de Alvarado se dio luego de más de un año de ingresada una querella en su contra, la cual fue presentada en febrero de 2022. A raíz de aquello, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación, la cual derivó en que la Fiscalía de Género Oriente le formulara cargos y le imputara el delito de violación en una audiencia desarrollada este martes.

En los antecedentes de la causa judicial, a los cuales tuvo acceso La Tercera, se señala que los hechos por los cuales se le imputó el delito de violación habrían ocurrido en diciembre del 2021. Durante su formalización, al exsecretario de la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos de Chile se le formularos los cargos por el numeral dos del artículo 361 del Código Penal, el cual imputa el delito de violación. Según dicho texto legal, aquello es para los casos en los cuales “la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse”.

Según la querella ingresada por la persona que denunció a Alvarado, los hechos habrían ocurrido mientras la presunta víctima se encontraba en estado de inconciencia, tras aparentemente haber ingerido algún tipo de medicamento luego de haber bebido un trago junto a su supuesto victimario en el domicilio de este en Macul.

Pese a que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del exsecretario de Adef, el tribunal decidió acoger la petición de la defensa de Alvarado, quien pidió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, argumentando que el presunto autor del hecho se encuentra en una situación de discapacidad. Medida que regirá durante los 35 días que dure la investigación en su contra.

Francisco Alvarado Sandoval es abogado, y se ha especializado en materia penal, proceso penal y derechos humanos. En esa línea, cuenta con un máster y magíster en derecho penal, además de ser académico en litigación oral.

Si bien actualmente no preside la organización, Alvarado encabezó durante años la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos de Chile, teniendo en ese rol apariciones públicas como representante de dicha agrupación gremial. Además de exponer en diferencias instancias respecto a materia penal.

Por ejemplo, durante los últimos años ha firmado columnas refiriéndose a diversos cambios legales en materia penal, como la Ley Emilia, y en los debates por el tiempo que puede durar la prisión preventiva. A lo que se suma su participación en las exposiciones del Consejo Constitucional como representante de la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos de Chile, respecto al rol que la DPP debiese tener en un futuro texto constitucional. Según pudo conocer La Tercera, tiempo antes de su formalización, Alvarado presentó su renuncia a la Adef.

En la Defensoría Penal Pública el abogado no realiza litigaciones en causas penales, debido a que es funcionario del departamento de evaluación de la defensoría nacional.

Consultados al respecto, desde dicha institución señalaron que “tras la decisión del Ministerio Público respecto a formular cargos por presuntos hechos de connotación sexual en contra de un funcionario de la Defensoría Penal Pública, como institución informamos que se han adoptado las medidas acordes con el estado procesal actual de la causa”.

Además de eso, desde dicha institución agregaron que “una vez concluida la investigación penal por parte del Ministerio Público y el término judicial de aquella, se analizará si corresponde o no tomar algún tipo de otra medida administrativa”.

La Tercera contactó a la defensa de Francisco Javier Alvarado Sandoval, encabezada por el abogado penalista Matías Kunsemuller; sin embargo, prefirió no referirse al tema por este medio.

Desde ahora el Ministerio Público cuenta con 35 días para acreditar los hechos denunciados, y decidir si decide no perseverar en la causa o bien levantar una acusación en su contra por el delito de violación por los hechos ocurridos a finales del 2021.