Alcalde de San Antonio y desalojo de la megatoma: “Lo complejo son las personas, porque no tenemos ninguna posibilidad de acogerlas”

Después de un año desde que la Corte de Apelaciones dictaminara el desalojo de la megatoma de San Antonio, el tribunal de alzada confirmó que el próximo jueves 27 de febrero comenzarán las operaciones en el sector. El tribunal estableció que el desalojo se deberá efectuar “en etapas” y de forma “razonable y paulatinamente”. Además, será la Municipalidad de San Antonio, junto a la Delegación Presidencial Regional y Carabineros los que deberán “coordinar una división cuadricular para llevar a cabo el desalojo”.

Y ante la crítica situación, que afecta a más de 3.000 familias (10.000 personas, según cálculos de las autoridades), el gobierno espera que este lunes haya un acuerdo con los propietarios. “Nosotros esperamos que el lunes entre los propietarios y los organismos de gobierno, también el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino”, puntualizó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Respecto a las negociaciones y las complejidades técnicas y económicas que rodean el tema del desalojo, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, sostuvo a La Tercera que espera que todo se solucione y que no se repitan los bloqueos y grandes manifestaciones que se produjeron en ocasiones anteriores cuando se intentó sacar a la gente que reside en el megacampamento.

“Esperemos que eso no ocurra (manifestaciones), estamos haciendo la gestión necesaria tanto con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo como con los propietarios de los terrenos, de tal manera de poder llegar a un acuerdo y evitar que se produzcan conflictos como lo ya vivido”.

¿Cuáles son las complejidades o mayores retos de este desalojo?

Las complejidades son las personas, son las familias, son los niños, son los adultos mayores, son los discapacitados... Lo complejo son las personas en general, a las cuales no tenemos ninguna posibilidad de acoger en algún albergue.

Se dijo que el desalojo se llevará a cabo de manera paulatina, ¿existen más detalles sobre cómo se desarrollará esta estrategia?

No tenemos ninguna información al respecto.

Pero ya se manejan opciones para las personas que quedarán sin vivienda luego de su desalojo...

Indudable que el municipio no tiene las posibilidades ni económicas ni técnicas como para poder responder a un desalojo de esta naturaleza, y menos el poder proveer viviendas alternativas. Si no se tiene espacio, menos.

Si usted dice que no hay espacio para alojar a los habitantes de la toma, es posible que se trasladen a otro terreno y hagan lo mismo. ¿Qué haría si esto concluye en otro asentamiento?

Esa es la complejidad que representa justamente este desalojo. Reitero, la municipalidad no cuenta con albergues para acoger a más de 3.000 familias. Esto está informado a la Corte de Apelaciones, está informado al gobernador regional y a la delegada provincial, así también al Ministerio de la Vivienda, quienes en definitiva, en conjunto por supuesto con el municipio, deberán buscar fórmulas para resolver esta temática que hasta el momento no existe.

¿Cuál es la postura de los propietarios? ¿Hay comunicación con ellos?

Con los propietarios y su representante hemos tomado contacto en forma permanente. Ellos están esperando un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de un punto clave que está pendiente. Yo debo entender que ese tema iba a ser abordado la semana recién pasada, no obstante por el duelo que afecta al señor ministro de la Vivienda, eso quedó suspendido. Esperamos nosotros que en los próximos días eso se pueda retomar y a lo mejor ahí se podría buscar alguna solución a este conflicto.

¿Es una posibilidad la intervención de las FF.AA. y de Orden durante los desalojos?

“Siempre se ha dicho que las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, no están habilitadas ni tienen las condiciones como para poder abordar esta temática. Esto está dado en gobierno interior, que significa la delegada regional, la delegada provincial y Carabineros”.