Alcaldesa San Martín de Las Condes ficha al mismo estudio de abogados de Vodanovic en Maipú para investigar periodos de Lavín y Peñaloza
La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, contrató al estudio BACS Abogados para auditar a la Corporación de Salud y Educación municipal desde el 2016 al 2024, algo similar a lo que hizo el 2021 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien recurrió a los mismos profesionales para investigar a la exalcaldesa Cathy Barriga. Esta última hoy cumple prisión preventiva por esta embestida judicial.
Casi dos meses han pasado desde que asumieron las nuevas autoridades comunales sus respectivos municipios. Desde entonces, cada nuevo alcalde ha tomado las primeras medidas de su gobierno comunal, como es el caso de Las Condes, donde Catalina San Martín (Ind.-ex Evópoli) ha hecho lo propio fichando a un estudio de abogados para indagar presuntas falencias o hechos de corrupción de sus antecesores, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza, ambos UDI.
Se trata del estudio de abogados Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS), quienes actualmente representan a la Municipalidad de Maipú en el proceso penal iniciado el 2021, tras asumir Tomás Vodanovic la administración, en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga (Ind.-UDI) por presuntos delitos de corrupción y que derivó en que hoy la exautoridad comunal esté en prisión preventiva, en la cárcel de San Miguel, por fraude al Fisco.
El fichaje de San Martín a los abogados de Vodanovic, se concretó durante los últimos días, según quienes conocen del proceso, y busca que se audite la Corporación de Salud y Educación desde el 2016 al 2024.
Lo anterior, dado que es en esa repartición municipal donde han surgido una serie de cuestionamientos de parte de organismos como Contraloría. Incluso fue la propia San Martín quien durante su periodo como concejala pidió transparentar las compras y contrataciones de esa repartición, desde donde nacieron casos como la fallida compra del Cesfam que ahora, incluso, es investigado por la Fiscalía.
Auditar y querellar
El 2021, luego de que Vodanovic asumiera el municipio del sector poniente de la capital, presentó una querella en contra de Barriga. Esa acción judicial es encabezada, hasta ahora, por los abogados José Pedro Silva y Marcos Contreras -socios del estudio BACS- y derivó de una auditoria al interior de la Municipalidad de Maipú de esos profesionales.
Lo mismo es lo que busca realizar la alcaldesa San Martín en Las Condes, por lo que -según fuentes de La Tercera- después de un proceso de consulta a diferentes abogados, encabezado por la propia autoridad, se decidió contratar a BACS, explican las mismas fuentes, debido a la experiencia penal que tiene el estudio integrando por los abogados Contreras, Silva, además de Alejandro Awad, Esteban Barra, Antonio Bascuñán, Francisco Bassi, Miguel Schürmann, entre otros.
Los mismos abogados, además, están desarrollando el mismo tipo de investigación en el municipio de Tiltil, otra de las razones que habría motivado la contratación de la alcaldesa de Las Condes.
Por lo mismo, el acuerdo alcanzado entre Las Condes y BACS, es en los mismos términos de Maipú, ya que este mandata al estudio a realizar una investigación al interior de la Corporación además de permitir presentar querellas en caso de que se detecten, tras este análisis, presuntos delitos de corrupción. Esto en contra de funcionarios, de cualquier rango, en quienes se advierta una posible responsabilidad penal en las irregularidades ya advertidas en la repartición.
El análisis de los abogados, en el caso de Las Condes, apuntaría, principalmente a la revisión de contrataciones -de empresas y funcionarios-, compras de la Corporación, así como también analizar los procesos de contrataciones de la repartición y sus actuales proveedores. Luego de aquello, los profesionales del derecho entregarán un informe a la alcaldesa con los principales hallazgos.
Los abogados que también trabajan con Maipú, ya se habrían reunido con el director de la Corporación de Las Condes, con el fin de iniciar el proceso de revisión que ya realizaron en el municipio encabezado por Vodanovic, donde además lograron revertir la decisión del tribunal de excluirlos como querellantes, además de conseguir la incautación de recursos de Barriga y la solicitud de prisión preventiva en contra de la exalcaldesa.
En el caso de Las Condes, la Corporación ha colaboradora con todo el proceso que inicia, así como también con la Contraloría. Por otro lado, el municipio además presentará licitaciones para auditor otros proceso al interior del organismo con el fin de mejorar su operación.
Un nuevo proceso
La contratación del estudio de abogados para realizar la auditoria a la Corporación, se une a la serie de indagatorias administrativas y penales que se siguen al interior de Las Condes. Y es que además del nuevo proceso, la propia Contraloría también se encuentra realizando una auditoria en el municipio encabezado anteriormente por Lavín y Peñaloza.
A esto, y además de la investigación de la Fiscalía por el Cesfam, se suma otras auditorias administrativas solicitadas por el Concejo Municipal de Las Condes al término del periodo de Peñaloza y que detectó el pago de más de $45 mil millones en horas extras y donde se sugirió investigaciones a las corporaciones municipales.
La revisión y auditoría de las administraciones anteriores había sido anunciado por la propia alcaldesa San Martín antes de asumir su cargo, sosteniendo que sería una de sus primeras medidas. Esto, luego de que se conocieran una serie de irregularidades en el municipio durante su periodo como concejala, el que además del Cesfam -denunciado por los ediles, entre ellos la ahora alcaldesa-, también se advirtieron cuestionadas contrataciones a funcionarios, dobles contratos, el pago de millonarias horas extras, entre otras irregularidades.
Durante el último tiempo, la Fundación América Transparente -presidida por Juan José Lyon- dio a conocer los millonarios sueldos al interior de la Corporación de Salud y Educación de Las Condes, así como también la contratación durante la pandemia de funcionarios cercanos a altos cargos del municipio para realizar trabajos de salud para los que no estaban calificados.
Antecedentes que ahora deberán revisarse y, presuntamente, terminar en la justicia.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.