¿Alerta de retroexcavadora?: Las quejas de la oposición a Justicia por abogados integrantes de las cortes
Así como el nombramiento de ministros, la decisión del gobierno sobre los abogados integrantes también se evalúa con criterio político. Importan los equilibrios.
"Nos pasaron la máquina"; "No hubo neteo, fue masacre"...
Los lamentos son de un par de abogados penalistas cercanos a la oposición que esta semana vieron con decepción los nombramientos del gobierno para abogados integrantes de las cortes de apelaciones del país, quienes asumieron hoy sus funciones, según lo previsto en el Decreto 95 dado a conocer por el Ministerio de Justicia el 31 de enero.
El recambio de los abogados integrantes de las cortes siempre visto con atención por los inquilinos de tribunales. Así como el nombramiento de ministros, la decisión del gobierno sobre los abogados integrantes también se evalúa con criterio político. Importan los equilibrios.
La conclusión del mundo opositor fue que, esta vez, la balanza favoreció principalmente a profesionales cercanos a la derecha. Una vuelta de la tortilla, porque el actual oficialismo reclamó lo mismo al Ejecutivo en el gobierno pasado. En su versión, antes los favorecidos eran profesionales progresistas y, habitualmente, de la Universidad de Chile.
Una baja que varios lamentan es que en la Corte de Apelaciones de Valparaíso quedó fuera el académico Juan Carlos Ferrada, cercano al PS, quien fue propuesto en primer lugar de las ternas por la Corte Suprema, aun cuando no había postulado.
También quedó fuera de la Corte de Valparaíso, Eduardo Morales Espinoza, que también era una de las primeras propuestas de la Suprema. El profesional fue intendente de Atacama en el gobierno de Eduardo Frei.
La decisión del gobierno es que la lista de integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso estuviera encabezada por el abogado Fabián Elorriaga de Bonis, académico de la Universidad Adolfo Ibánez. En la Corte de Apelaciones de Santiago, en tanto, quedó como primer abogado integrante Carolina Coppo.
También llamó la atención que el gobierno nombrara en la Corte de Apelaciones de San Miguel a dos ex ministros que ya habían jubilado por cumplir el límite de edad para ocupar el cargo: Claudio Pavez y Ana María Arratia.
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