Alerta en el Poder Judicial y el Ministerio Público: Convención abre la puerta a salida de 104 jueces y de 14 fiscales regionales

En el Poder Judicial y en el Ministerio Público se declaran en alerta ante lo ocurrido en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención. Porque si bien han seguido expectantes el proceso constituyente desde un inicio, y a veces incluso con preocupación, la tensión ha aumentado los últimos días. ¿La razón? La mencionada instancia rechazó las normas que habrían supuesto gradualidad en la entrada en vigencia de artículos que están en el borrador de nueva Constitución y que hacen referencia a la duración de los cargos de ministros de corte y de fiscales regionales. Así, sostienen desde los mencionados organismos, se abrió la puerta a la salida inmediata de al menos 104 jueces y de 14 persecutores.

De acuerdo con una revisión realizada por el Poder Judicial, de no mediar modificaciones y si los artículos son confirmados en el pleno, un vez que entre en vigencia la nueva Carta Magna tendrían que dejar sus cargos siete ministros de la Corte Suprema por tener 70 años o más: Haroldo Brito, Guillermo Silva, Juan Eduardo Fuentes, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Mario Carroza. Además habría que sumar a la fiscal judicial por las mismas razones y al ministro Sergio Muñoz, que ya habría completado 14 años en el cargo, plazo máximo que podría permanecer un juez en dicho cargo de acuerdo a lo ya aprobado.

En el caso de las cortes de apelaciones del país la situación sería aún más compleja ya que en base a lo hoy zanjado tendrían que salir 27 ministros, nueve fiscales judiciales y un secretario, por también tener 70 o más años. Al análisis efectuado también se suman otros 54 jueces y cuatro secretarios. O sea, si no hay ajustes, 104 personas del Escalafón Primario, lo que representa el 5,22% del total, tendrían que abandonar el Poder Judicial.

La ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, comentó a La Tercera PM que en la judicatura están “muy preocupados”. “Venimos hace mucho tiempo diciendo que estos cambios tienen que ser graduales y lo hemos dicho en reunión con la presidenta de la Convención y con la misma comisión. El primer punto era que es muy complicado para la administración de justicia que se cesen de inmediato más de 100 jueces. Es una situación muy complicada y además de muy difícil reposición. Es una situación que compromete la administración de justicia, no es solo que jueces pierdan el empleo sino que también hay tribunales que empezarán a no funcionar o a tener dificultades severas”, comentó la magistrada.

Los supremos han hecho varias propuestas y, según recalcó, lo “más sencillo” sería que las disposiciones aprobadas se apliquen con moratoria, es decir, para los nuevos jueces que asuman. Lo mejor para el sistema, insistió Vivanco, sería que quienes hoy están en los cargos cumplan su periodo completo, o sea, hasta cumplir lo 75 años. “La idea es que las personas que postulen lo tengan claro y que no se interrumpa violentamente la actividad de las cortes, de la Suprema ni de los tribunales”, complementó la vocera.

No todos coinciden en que el rechazo de las mencionadas normas transitorias implica que los jueces deberán dejar sus cargo. Un convencional explica en privado que una interpretación posible está vinculada con uno de los transitorios que deberá votar esta semana el pleno. La norma a la que se hace referencia es la siguiente: “Toda la normativa dictada con anterioridad a la actual Constitución que sea necesaria para la continuidad de la actividad del Estado y sus servicios y el debido aseguramiento de los derechos fundamentales mantendrá su vigencia mientras no sea expresamente derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo al procedimiento establecido en esta Constitución”.

Entonces de eso podría concluirse que tanto el Código Orgánico de Tribunales y la Ley Orgánica del Ministerio Público seguirían mandando y que por lo tanto los jueces y fiscales no tendrían que dejar sus cargos. Pero ante las dudas, agrega la misma fuente, siempre es mejor que el asunto quede clarificado de manera expresa en las normas transitorias.

Por los mismo, un grupo de convencionales se reunirá a las 9.00 horas de mañana martes para buscar un camino alternativo, ya sea para reponer lo rechazado o para incluir nuevas disposiciones en un segundo informe.

Según el convencional Ignacio Achurra (FA), quien integra la comisión, el cambio debería ser gradual y no aplicar para los actuales magistrados. “Nuestro criterio ha sido que la aplicación de las normas no debe aplicarse a los actuales jueces y ministros. Por eso consideramos que el cese de funciones a los 70 años de edad, así como la duración de catorce años en el cargo de ministro de la Corte Suprema debe aplicarse para los nuevos nombramientos una vez en vigencia la nueva Constitución”, afirma Achurra.

Esa mirada da cierto grado de esperanza a los ministros, pues como recalcó Vivanco, es necesario que se repongan ciertas normas transitorias rechazadas. “Esto no es un tema político, no se trata de guardarle el trabajo a determinadas personas. Esto es un tema sobre el funcionamiento del Poder Judicial y por eso tiene tanta importancia para todos, porque todos somos usuarios del Poder Judicial y, en consecuencia, una cesación masiva genera consecuencias para todos”, argumentó la magistrada.

La situación en el Ministerio Público también genera temores en los fiscales. En la votación del viernes la comisión de Normas Transitorias también rechazó el artículo que hacía referencia a la duración de los fiscales regionales.

“Los cargos de fiscales regionales en funciones a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución deberán permanecer en el ejercicio de sus cargos por el tiempo que esta establezca y en caso que su desempeño se haya extendido por un término superior, deberán cesar de inmediato, no pudiendo ser reelegidos ni postularse nuevamente al mismo cargo”, decía la propuesta de la comisión.

La disposición fue rechazada por los convencionales por lo tanto no se formulará propuesta al pleno. En ese caso, interpretan algunos convencionales, tendría que regir de inmediato la norma que fija que los fiscales regionales dejarán de durar los ocho años actuales y pasarán solamente a tener un periodo de cuatro años.

Si eso se mantiene, y no existe transitorio que haga una excepción para que la transición sea gradual, entonces 14 fiscales regionales -de un total de 19- tendrían que cesar en sus cargos. El número corresponde al 74% de los actuales jefes regionales.

La situación afectaría al fiscal regional de Tarapacá Raúl Arancibia; de Antofagasta, Alberto Ayala; de Atacama, Alexis Rogat; de Coquimbo, Adrián Vega, de la zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, de la Metropolitana Occidente, José Luis Pérez; el de la Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz; el suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias; el del Maule, Julio Contardo; la de Ñuble, Nayalet Mansilla; la del Biobío, Marcela Cartagena; el de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez; el de Aysén, Carlos Palma; y el de Magallanes, Eugenio Campos.

Por lo mismo en el Ministerio Público están analizando la situación ya que todavía no existe claridad de cuál es el efecto de que no exista un transitorio sobre el asunto. Además podría tomar fuerza la interpretación de que se deben respetar las duraciones actuales hasta que se cumplan los ocho años. ¿Qué pasaría si los 14 deben irse? Eso tampoco se sabe.

En el borrador se establece que es función del fiscal nacional “designar a los fiscales regionales, a partir de una terna elaborada por la Asamblea Regional respectiva”. El actual fiscal nacional, Jorge Abbott, estará en su cargo hasta que cumpla 75 años, lo cual ocurrirá el 1 de octubre de este año, semanas después del plebiscito de salida. Por lo mismo hay quienes adelantan que podría darse el escenario de que sea Abbott quien, justo días antes de dejar la institución, pueda designar a esos 14 nuevos fiscales regionales. Esa opción se ve poco probable ya que a esa fecha no existirán aún las asambleas regionales que deberán crear las ternas.

Los integrantes de la Comisión de Normas Transitorias comentan que esto es algo que deberá resolverse más adelante. Algunos podrían reponer indicaciones en el pleno, pero la opción más viable es proponer una solución en el segundo informe de la comisión y así ganar tiempo para llegar a una salida de consenso.