“¿Aló?... habla el ministro Giorgio Jackson”: Los detalles de un robo fríamente calculado

A las 23.34 de la noche sonó el teléfono fijo de la oficina de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en calle Catedral, en el centro de Santiago. “Aló, habla el ministro Giorgio Jackson. Tuve un accidente en San Bernardo, pero no le digan a nadie”, decía la persona del otro lado de la línea a los guardias de seguridad del edificio, siendo el comienzo de un robo tildado de “tongo” por la oposición; de una “señal política” por parte del gobierno, y de un “cuento del tío”, por parte de los investigadores. En este caso, al parecer, no hay matices.

Los hechos develan una trama particular. Hasta ahora, los antecedentes recabados por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Centro Norte dan cuenta de cómo fueron esos casi 25 minutos que duró el atraco, donde luego del llamado del hombre que se identificó como secretario de Estado vino un intercambio de WhatsApp que ahora está en manos de la policía.

Los guardias iniciaron una conversación por esta vía con el supuesto Giorgio Jackson. Allí, este les dio instrucciones para retirar del edificio 50 computadores, los que debían ser entregados a su sobrino, pero además, debían registrar desde el segundo al sexto piso del edificio para concretar “la diligencia”. Los vigilantes hicieron caso y comenzó la operación.

El supuesto “sobrino” llegó y también tres personas vestidas con overoles blancos y mascarillas -presentes en el lugar para una supuesta fumigación- quienes, junto a los guardias, reunieron, primero, 23 notebooks.

Pero ese fue sólo el primer arribo de los asaltantes, dado que una vez que retiraron los computadores en un carro de carga, volvieron al edificio, ahora asegurando que tenían que revisar el quinto piso. Es ahí cuando el teléfono vuelve a sonar y, otra vez, era el supuesto Giorgio Jackson dando instrucciones.

“El guardia recibe un segundo llamado por esta persona, quien se identifica nuevamente como el ministro Jackson, y le señala que las mismas personas asistirán al ministerio y efectuarían una fumigación en el quinto piso y retirarían una caja fuerte”, explicó el comandante de Carabineros, Juan Barbosa.

Se trataba de una caja fuerte que operaba como una caja de seguridad, correspondiente a la tesorería del organismo ¿Qué había dentro? ”Sólo documentos del ministerio”, dice el parte policial que consignó el robo ¿Qué tipo de documentos? Fuentes del caso explican que se traba de boletas de garantía de licitaciones y contratos de la cartera que hoy dirige Jackson.

El que los ladrones hayan conocido cada una de las dependencias del edificio hacen sospechar a los investigadores de que se trata de un robo fríamente planificado. Los “overoles blancos” sabían las oficinas donde estaban los computadores y también dónde estaba alojada la caja fuerte.

Ya con el “botín” en sus manos, los delincuentes volvieron a salir del edificio, subieron a un auto marca Chevrolet, modelo Sonic, color gris, y huyeron del lugar. Patente: “no identificada”, consignó la policía.

Los investigadores del caso aseguran que, por ahora, se trata de un “cuento del tío”, que no hay más antecedentes que apunten en otra dirección, pero aclaran que más allá de las motivaciones que pueda haber, ellos investigan hechos. Y el único hecho, hasta ahora, es que se llevaron computadores desde un edificio institucional.

La Fiscalía y el OS-9 trabajan en seguir la huella de tres cosas: el relato de los guardias, para reconstruir los hechos y conocer los registros telefónicos de quien daba las instrucciones por WhatsApp; el valor de los computadores robados, para saber si se trataba de artículos de alta tecnología y todo apuntaría a un robo para reducir estas especies; y tercero, las cámaras de seguridad.

El registro audiovisual es clave para los peritos, sin embargo, hasta ahora no hay mucha claridad sobre si las cámaras que estaban dentro de la oficina grabaron o no los hechos.

Es en ese proceso que están los funcionarios policiales, como también en incautar las cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y así poder seguir el rastro del auto en el que llegan y se van los sujetos vestidos con overoles blancos.

Emanuel Ibaceta, vocero de la Fiscalía Centro Norte, afirmó que “hay diligencias pendientes y ya decretadas por esta fiscalía para dar cuenta de cuál es la identidad de los autores” y que se está “tomando declaración a todas las personas que pudieron haberse visto involucradas en este hecho en la calidad que corresponde ahora como testigo”. Para el abogado se trata de un “robo más”, por ahora.

Para la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), no se trata de un robo más. “Este hecho es de suma gravedad, se entra a las dependencias de un ministerio para sustraer computadores y otros elementos con bastante facilidad, y con la información que tenemos esto no parece ser un robo común”, dijo, acusando que existe “una persecución política brutal en contra del ministro Jackson”.

El guardia del edificio del Ministerio de Desarrollo Social actualmente es una de las personas clave en la indagatoria sobre el robo. El funcionario es trabajador de la empresa HM Seguridad SPA, compañía que se adjudicó el servicio en las instalaciones de Desarrollo Social y que mantiene otros 15 contratos con reparticiones públicas como el Servicio Médico Legal (SML), el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional de la Región Metropolitana, la Defensoría Penal, entre otros.

La seguridad en esa cartera fue adjudicada el 2021 por segunda vez a la misma empresa, en un contrato que dura hasta el próximo año. El contrato actualmente vigente, y por todos los cuatro años que se prestará el servicio, asciende a $ 219.356.865, lo que equivale a un monto mensual de casi siete millones de pesos por mantener la protección de los 18.630 metros cuadrados que tiene el edificio ubicado en la esquina de Catedral con la Avenida Manuel Rodríguez y que tiene seis pisos y cuatro subterráneos.

El edificio corresponde en un total a 65% de oficinas, según el contrato entre la empresa y la Subsecretaría de Servicios Sociales, quien firmó el acuerdo. Según el contrato, al cual tuvo acceso La Tercera PM, los servicios prestados por la empresa contemplan la disposición de al menos dos guardias durante el día, y uno durante los turnos de noche.

Junto con eso, el acuerdo además considera que los guardias de seguridad del inmueble deberán realizar una ronda cada una hora, anotando en un libro de novedades cualquier tipo de incidencia que se registre. También se establece que para el control de ingreso de personas, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que ingresen al edificio en días inhábiles o posterior a la jornada laboral “deberán contar con una autorización emanada por la jefatura directa y visada por la contraparte técnica” del ministerio.

La empresa, en este caso, sin embargo, no se ajustó a lo establecido en la normativa, es decir, el otorgado por el OS-10 de Carabineros y que también está contemplado como requisito en los contratos. Por lo mismo, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó que se realizó una fiscalización, la cual “arrojó que existía personal de seguridad privada que tenía en deuda llevar adelante los cursos de actualización de la labor de seguridad. Esto es una infracción y se cursa una multa”.

Con la investigación en curso, ahora, además del análisis de las pistas encontradas, también ya se activó un plan para dar con los responsables del atraco.