Amistades peligrosas: Cómo se han desangrado las arcas de Educación en Quinta Normal

Fue un día de mayo de 2016. El abogado Omar Cabrera Cabezas revisaba las cotizaciones que algunos directores de colegios habían presentado para adquirir materiales a través de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), cuando un detalle le saltó a la vista: las reiteradas faltas de ortográficas de los papeles de los oferentes.

En su cargo de Director de Control Interno de la Corporación Municipal de Quinta Normal (CORPQUIN), observó que las supuestas postulaciones de empresas como Lápiz López presentaban fallas de escritura que lo hicieron sospechar que estaba frente a burdas falsificaciones. Cabrera Cabezas dependía de la Secretaria General de la CORPQUIN, Verónica Montecinos, quien había asumido meses antes esta función. Ella -que posteriormente fue destituida por tomar medidas en contra de los presuntos responsables de las irregularidades-, le ordenó seguir indagando. La investigación derivó en el descubrimiento de una serie de ilícitos que están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte y que, en su última fase, incluye el traspaso sistemático de dineros por parte de trabajadores a la cuenta corriente de la alcaldesa DC, Carmen Gloria Fernández. Esto último, como una especie de "cuota fija" para su primera campaña municipal.

Las irregularidades en el municipio eran algo conocido. En 2015, la Contraloría había evacuado sus últimos informes relativos a dineros excedentes del Programa de Integración Escolar (PIE), destinado a ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. El concejal Francisco Duarte Díaz había sido director de Educación entre los años 2004 y 2012. Al retirarse, y pese a que no correspondía, recibió una indemnización de $21 millones. Durante su gestión, desaparecieron $690.670.071 del PIE. La Contraloría estimó que "al no encontrarse en poder de las instituciones, conforme a las normas señaladas, y no haber rendido cuentas de su destino, sin ser habidos, deben entenderse como sustraídos".

En la indagatoria que se inició por la revisión de compras surgieron otros antecedentes: una serie de nexos entre quienes se repiten como conocedores o partícipes de las anomalías denunciadas. Así, por ejemplo, en el periodo en que el concejal Duarte Díaz era director de Educación, su hermano David, pareja de la hija de la alcaldesa, ocupó el cargo de Administrador Municipal del padre de la actual jefa comunal, quien era alcalde. Otro hermano Duarte Díaz, Osvaldo, se desempeñó en la Gerencia de la Corporación Municipal de Deporte.

Los Duarte Díaz, según los testimonios recogidos en la carpeta de investigación, habrían puesto a gente de su confianza en cargos clave de la Corporación. En el departamento de Educación, por ejemplo, trabajó Penélope López Donaire, hija del otrora director de Finanzas de la Municipalidad, David López Sepúlveda; y en Administración y Finanzas de Gisella Mendoza, hija del director de Deportes, Óscar Mendoza. Este último, entre otras funciones, realizaba una "colecta" obligatoria entre funcionarios para financiar la primera elección de la alcaldesa Fernández.

Los fondos SEP tienen un fin específico: se entregan a los sostenedores de recintos educacionales subvencionados para los "alumnos prioritarios", es decir, aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, previa firma del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

Las Corporaciones municipales administran estos recursos, pero en el caso de Quinta Normal lo que se hizo fue desangrar la partida.

Según consigna un informe encargado por Montecinos al abogado Boris Paredes  -que fue entregado en octubre de 2016 a CORPQUIN y que hoy es parte de la carpeta de investigación del fiscal Marcelo Carrasco-, se falsificaron cotizaciones de las empresas Lápiz López, Rhein, Librería Nacional, Libesa, Comercial Latina, Dimeiggs. Y se adquirieron productos con sobreprecios manifiestos. El ejemplo más claro es el de "Un Juez Rural", libro que se compró a la imprenta Crisines-Crea Editores por $5.960 la unidad. En el análisis se encargó una cotización del texto a la misma compañía. El costo por unidad es de $2.000.

Las anomalías suman y siguen. En el Colegio Grenoble, por ejemplo, se visó la compra de 900 calculadoras. Sin embargo, existen disponibles sólo alrededor de cinco por curso. Las incoherencias se repiten en ítems como vestuario y elementos tecnológicos.

El informe original fue complementado con otros antecedentes que dan cuenta de que además del manejo irregular de los fondos destinados a niños vulnerables se abusó nuevamente de los recursos del Programa de Integración Escolar (PIE). En enero de 2017, declaró en Fiscalía el abogado Raúl Roger Señoret, que trabajaba en la Dirección Jurídica. Aseveró que en la gestión de Montecinos se comenzaron a comparar las ofertas de diferentes proveedores "y rápidamente se llegó a la conclusión que el proveedor Rómulo, que era casi el único de la Corporación, tenía sobreprecios. Es un proveedor que vendía de todo, hasta impresoras Braille. Cuando esto se detecta, se paran las compras".

Rómulo Ltda había ingresado como proveedor en el año 2013 y se mantuvo en esta condición hasta fines de 2014. Según diversos testimonios, su giro era sumamente amplio: todo se compraba a esta empresa.

Respecto de las máquinas destinadas al uso de personas ciegas, Roger Señoret detalla que "las dos impresoras que se iban comprar más los accesorios, costaban $11.409.628 en Braille Chile. Y se le compró a Comercializadora Rómulo por $15.445.665, con una diferencia de $4.036.037. Esa cotización la hizo Paulino Díaz, quien está a cargo del Programa PIE y es primo de Francisco Duarte. Él se la entregó a Gisella y ella se la compró a Rómulo".

La Fiscalía persigue ahora la pista acerca del nexo de Rómulo Ltda con los funcionarios de Corpquin.

A fines de 2013, Augusto Prado Sánchez, entonces Secretario General de CORPQUINy Gisella Mendoza Yáñez, a la fecha directora de Administración y Finanzas de la misma institución, determinaron firmar un contrato con la Sociedad Asesoría Mayer y Abogados Asociados Limitada.

Se trataba, asegura Roger Señoret en su testimonio, de un gasto innecesario. "Me informé que se había contratado a una empresa de nombre Mayer, si mal no me parece, para obtener la devolución de unos recursos de Subvención General que ascendían a unos $260 millones y nos cobraron el 30% por hacerlo. Esta contratación se hizo sin que se me informara, y se le pagó esa cantidad de dinero a título de comisión una vez recuperados los fondos. Este tipo de 'asesorías' son inhabituales y completamente innecesarias, porque equivalen a llenar un formulario y presentarlo en ventanilla. La operación es tan burda que la empresa nos emitió y se le pagó por orden de Gisela, la factura N° 01. Eso quiere decir que la empresa se constituyó para hacer esto exclusivamente", explica.

El pago a la compañía se cursó en enero de 2014 por $72.772.657.

La compañía aparece mencionada en otra indagatoria. En junio de 2017, Arlette Rozas Saavedra, exsostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje "Juguemos en el Bosque" de Maipú fue condenada por fraude al SEP. En este caso se comprobó que Rozas Saavedra accedió a pagar $25 millones a Wladimir Poblete Vidal, entonces funcionario de la Unidad Regional de Subvenciones de la Región Metropolitana, del Ministerio de Educación, para realizar gestiones entre 2011 y 2013 que significaron un pago en exceso para su escuela.

Rozas Saavedra también presta testimonio en esta investigación. Se le consulta por una serie de cheques de CORPQUIN que cobró de la empresa Sociedad Asesoría Mayer y Abogados Asociados Limitada. Relata que no conoce a nadie de la compañía y que acudió a prestar su firma para canjearlos por solicitud de Poblete Vidal, a quien le entregó el dinero en efectivo. "Wladimir me dijo que le hiciera como favor que le cobrara unos cheques, porque andaba sin carnet. Wladimir andaba con una mujer, creo que era su pareja. No recuerdo cuántos cheques eran, pero me pidió que los cobrara yo y le entregara el efectivo inmediatamente". En otra oportunidad, cuenta, hizo lo mismo, a petición de Poblete Vidal, con un desconocido.

La Tercera PM tomó contacto con el gabinete y la jefatura de prensa del Municipio. Pese a los reiterados llamados y el envío de correos electrónicos, declinaron referirse al tema. Lo mismo ocurrió con el concejal Francisco Duarte.