Ana María Celis, la gestora del convenio entre la fiscalía y la Iglesia

"La Iglesia chilena acaba de ser condenada por encubrir abusos sexuales y ahora el Ministerio Público se compromete en un convenio a resolver todo amigablemente. ¿Qué significa esto".

Ese fue el tuit de José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Karadima, respecto del convenio de colaboración e intercambio de información que este martes 30 de abril firmaron el Ministerio Público con la Conferencia Episcopal de Chile (Cech).

La firma se rubricó en la sede de la Fiscalía Nacional, entre el persecutor nacional, Jorge Abbott, y el secretario general de la Cech, obispo Fernando Ramos.Como objetivo central, según se informó mediante un comunicado, se estipuló "favorecer el desarrollo de investigaciones pasadas, en curso o próximas, que involucren delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en contra de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad".

¿Cómo se llegó a este protocolo? Y, ¿quiénes fueron sus gestores principales? En rigor, la idea para acercarse al Ministerio Público estuvo siempre presente en la Conferencia Episcopal, al menos después de 2011, cuando se creó el Consejo de Prevención de Abusos -post Karadima-, originalmente encabezado por el obispo Alejandro Goic, actualmente uno de los ocho prelados a quienes el Papa Francisco les aceptó la renuncia.

El tema se retomó a mediados del año pasado, ya estallada la crisis de la Iglesia chilena producto de los casos de abusos y con los 34 obispos renunciados ante el Papa Francisco.

En la asamblea extraordinaria de julio de 2018, en Punta de Tralca, los prelados criollos dieron a conocer un documento titulado "Declaración, Decisiones y Compromisos de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Chile".

Entre las decisiones que se detallaron en el escrito la Cech informó que se incluirá, dentro de las normas que rigen las diócesis del país, un anexo respecto de la colaboración con el Ministerio Público.

En ese momento, se dijo que el documento se daría a conocer una vez que se formalizara el acuerdo de colaboración. También se señaló que, a contar de ese mes de julio, se darían a conocer públicamente todas las investigaciones previas sobre presuntos abusos sexuales de menores de edad realizadas en sus jurisdicciones, lo que también se pidió a los superiores de las diferentes congregaciones.

Las negociaciones para la firma del convenio las llevaron en particular tres personas por parte de la Iglesia, todas miembros del reformulado Consejo para la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas (que ahora sí tiene facultades para recibir denuncias): la abogada canonista Ana María Celis, su actual presidenta; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; y Pilar Ramírez, directora del departamento de Prevención de Abusos.

La principal agente, sin embargo, fue Ana María Celis. Y por el lado de la fiscalía, si bien la voz oficial era la Unidad Especializada en DD.HH., Violencia de Género y Delitos Sexuales, actualmente encabezada por la abogada Ymay Ortiz, quien sostuvo buena parte de las reuniones con Celis fue el abogado asesor de esa unidad, Maurizio Sovino.

No obstante, un punto crucial en el bosquejo del trabajo fue el encuentro que el 13 de junio del año pasado sostuvieron el arzobispo de Malta Charles Scicluna con el fiscal nacional Jorge Abbott. Después de ese encuentro, el religioso dijo: "El compromiso es el de la mayor colaboración". Y puntualizó que "se habló sobre la necesidad existente entre Iglesia y Ministerio Público de cooperación para poder establecer la existencia de los hechos y las responsabilidad de los integrantes de la iglesia en materia de abuso".

En ese momento, quedó claro que la "mano vaticana" también estaba sobre este tema.

Desde entonces, ambas instituciones trabajaron en la redacción del protocolo. Fernando Ramos, secretario general del Episcopado, al volver del encuentro realizado en febrero en Roma sobre la protección a menores en la Iglesia, explicó que se estaban realizando los últimos ajustes.

La firma de este convenio se extiende a las 27 diócesis del país, con sus respectivos obispos y sacerdotes. Las congregaciones, sin embargo, solo forman parte de él en la medida que sus provinciales responsables firmen el acuerdo. Para la firma inicial se invitó a seis congregaciones e institutos seculares (debido a su cantidad de casos investigados y la voluntad que han mostrado para entregar antecedentes), de las cuales solo lo han suscrito  tres: salesianos, maristas y Padres de Schoenstatt.

Ayer, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Chile y la Fundación Para la Confianza emitieron un comunicado titulado "Basta de privilegios", en el cual expresaron su preocupación por el acuerdo suscrito. "No entendemos los beneficios que este convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia", se lee en el escrito.

Helmut Kramer, vocero de la Red y denunciante del jesuita Leonel Ibacache, afirmó que "nos parece inexplicable que se haya firmado un convenio entre el poder público y una organización que está siendo investigada por delitos".

Según cifras de la propia fiscalía, actualmente hay 221 personas investigadas en la Iglesia Católica chilena, entre ellas 152 sacerdotes y 10 obispos, producto de eventuales delitos contra 248 víctimas.

Respecto de las críticas que han surgido, en la Fiscalía Nacional se informó a La Tercera PM que "el convenio suscrito tiene como objetivo obligar a todas las diócesis del país a que denuncien los casos de delitos sexuales cometidos por miembros de la iglesia católica contra niños, niñas y adolescentes y personas adultas en situación de discapacidad, en aquellos casos en que no se encuentran obligados por la ley (Artículo 175 Código Procesal Penal). Con ello se busca elevar el estándar legal de obligación de denunciar y reforzar las medidas de protección a las víctimas, incluyendo a las mayores de edad, respecto de las cuales las Fiscalía no puede investigar de oficio".

También se indicó que "lo que  hace el protocolo es regularizar y hacer vinculante en todo el país el proceso de trabajo iniciado en 2018 con la Comisión de Escucha, creada por Charles Scicluna, consistente en facilitar la derivación directa hacia la Fiscalía de víctimas que denuncien en instancias de la Iglesia, con el fin de facilitar su participación y evitar que desistan del proceso penal. Esta forma de trabajo ha permitido que, a la fecha, la Fiscalía haya recibido más de 50 denuncias por esta vía, con lo cual se han iniciado las respectivas investigaciones o, bien, se  han entregado esos antecedentes a las fiscalías que ya estaban investigando  tales  hechos".

Respecto de la obligación de investigar, la institución indicó que "bajo ninguna circunstancia se ha declinado el compromiso y obligación legal de investigar y proteger a las víctimas con la máxima diligencia, incluso respecto de delitos que pudiesen estar prescritos. Al respecto, el Fiscal Nacional ha reiterado el llamado a las víctimas de delitos sexuales  a  denunciar ante la Fiscalía de Chile, ya que es la única forma de que el Ministerio Público tome conocimiento de estos hechos, los investigue y promueva las sanciones que correspondan".

También se indicó que "la Fiscalía de Chile ha invitado a la Fundación para la Confianza a sostener una reunión para aclarar todo tipo de dudas que puedan tener sobre el convenio, invitación que extenderá a todas las asociaciones de víctimas o similares que así lo requieran".