Aportes sin un destino claro: Contraloría abre un nuevo flanco en Las Condes por descontrol en millonarias transferencias a organizaciones

Una serie de falencias encontró la Contraloría en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la Municipalidad de Las Condes a diferentes organizaciones. Así lo detectó el informe de la institución dirigida por Jorge Bermúdez en el que se advierte que existe una “debilidad de control” de parte del municipio respecto a cuantiosos recursos públicos.

El ente fiscalizador comenzó el 2022 a realizar una revisión de aquellos municipios que transfirieron más recursos en subvenciones y aportes, La Municipalidad de Las Condes dirigida por Daniela Peñaloza (UDI) formaba parte del listado. El informe de esas indagatorias -al cual tuvo acceso La Tercera- consta de 87 páginas y fue emanado a mediados de octubre.

Específicamente, la Contraloría revisó la rendición de cuentas que deben realizar las organizaciones a las cuales se les transfieren directamente los recursos. “La finalidad de la revisión fue comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, verificando, además, el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron transferidos los recursos y su correspondiente rendición”, justifica el texto.

Es en este contexto que el órgano contralor detectó una serie de falencias en las rendiciones que maneja Las Condes, abriendo un nuevo flanco para la administración de la alcaldesa Peñaloza. Esto, luego de que hace un mes fuera la misma Contraloría la que detectara faltas a la probidad en la compra de terrenos para la construcción de un Cesfam en la misma comuna y que hoy es objeto de una indagatoria penal por fraude al fisco.

El examen realizado por Contraloría analizó las transferencias realizadas por la Municipalidad de Las Condes a la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina -la cual administra el parque Padre Hurtado-, la Corporación Cultural de Las Condes, la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Las Condes, Fundación Integra, Fundación Teatro Municipal de Las Condes y la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera. Además de las agrupaciones de municipalidades de la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO), Municipalidades de Chile (Amuch), Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

En ese sentido, Contraloría detectó que la Municipalidad de Las Condes durante todo el 2021 transfirió en total $1.006.059.827, de los cuales $10 millones fueron para la ACHM, $700 millones para AMSZO, $160 millones para AMZO y $135 millones para la Amuch. Todos los recursos fueron transferidos como aportes o cuotas de dichas organizaciones. Pese a eso, el órgano contralor detectó que dichos recursos nunca se rindieron y tampoco la municipalidad exigió claridad con el destino de los mismos. A esto se suma que $55 millones transferidos por Las Condes para la administración del Parque Hurtado no fueron acreditados.

A esto se suma que la municipalidad autorizó el 2021, más de $846 millones a las organizaciones municipales del sector oriente, los cuales -señala el informe- sin “establecer su destino”. Y es que según señala el texto, los recursos se transfirieron a dichas entidades sin especificar en qué iban a utilizarse, lo que va en contra de la norma.

Todo lo anterior, a juicio de la Contraloría, “obedece a una debilidad de control” de parte de la administración de la alcaldesa UDI, según las atribuciones del municipio.

Pero el informe del órgano contralor también detectó que el municipio, a través de un convenio, transfirió $103.256.172 a la Fundación Integra para el mejoramiento de jardines infantiles de la comuna. Aquello, se justificó -en parte- con el pago de sueldos a funcionarios de dichos establecimientos, sin embargo -se detectó- que esos dineros también provenían de las subvenciones entregadas por el Ministerio de Educación.

Respecto al control interno se halló que la municipalidad tenía una debilidad en la revisión de rendiciones, falta de seguimiento a los convenios realizados y la inexistencia de un procedimiento de prevención de fraudes. Algo que la Municipalidad de Las Condes justificó con la contratación del estudio jurídico Albagli Zaliasnik para elaborar un reglamento, sin embargo, Contraloría reprochó este acto, asegurando que “no procede contratar” debido a que la norma que iban a elaborar no se ajusta a lo que sirve para las municipalidades.

Finalmente, entre otras cosas cuestionadas por la Contraloría, está la falta de rendición de cuentas de las organizaciones municipales. Si bien organizaciones como AMSZO dieron a conocer sus gastos 2021 este año, otras como AMUCH aseguraron que deben ser fiscalizadas por Contraloría y no por el municipio. Sin embargo, la institución dirigida por Bermúdez apunta a que son las municipalidades socias a las cuales se les debe entregar los detalles de en qué se gastaron los dineros fiscales.

La dirección de Control de Las Condes argumentó a Contraloría que no les corresponde fiscalizar a las entidades de las cuales son parte. Según fuentes conocedoras de la entidad edilicia, aquello sería una demostración de la pugna interna que existe en el municipio, y es que dicha repartición, que cuenta con funcionarios de extendida experiencia en la municipalidad, tiene otra interpretación jurídica, incluso contraria a las de la propia administración de Peñaloza. Algo que también se habría demostrado en los cuestionamientos de la institución dirigida por Bermúdez por la compra de terrenos del Cesfam.

Pero no sólo las rendiciones fueron cuestionadas por Contraloría a las organizaciones municipales. Y es que según el informe también se detectó que hay funcionarios que tiene “duplicidad de funciones”. Y es que se advierte que una serie de trabajadores contratados por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, ejercían sus labores en la Municipalidad de Las Condes.

También relacionadas a las organizaciones municipales, esta vez para la administración del Parque Padre Hurtado, Contraloría sostiene que se pagaron horas extraordinarias las cuales no pudieron ser acreditadas de que efectivamente las hayan realizado. Mismo caso que para el pago de un bono de productividad de la Corporación Cultural de Las Condes.

Todos los antecedentes anteriores fueron derivados por Contraloría al Concejo de Defensa del Estado (CDE).

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Las Condes señalaron que ”respecto a la rendición de las transferencias a instituciones privadas, la interpretación histórica de las Unidades Técnicas de Control del municipio sostenía que aquellos recursos no debían ser fiscalizados al ser transferidos a “instituciones de naturaleza privada”, argumentando además que el municipio era “parte socia” y que, en definitiva, estaríamos “fiscalizándonos nosotros mismos”. Postura que fue desechada por Contraloría”.

A lo que agregaron que el municipio “instruyó a todas sus Unidades Técnicas de Control a dar estricto cumplimiento a lo indicado por Contraloría y, de manera proactiva, no se transferirán nuevos recursos a las entidades incluidas en el informe hasta que no sean subsanadas todas las observaciones”.

Durante el último concejo municipal de Las Condes el tema fue abordado por los propios concejales, quien dieron cuenta -en parte- de los cuestionamientos levantados por Contraloría al proceso de transferencias del municipio a organizaciones.

La primera en referirse al tema fue la concejala Catalina San Martín (exEvopoli) quien solicitó a la alcaldesa un “punto de tabla” para el próximo concejo municipal, precisamente para tratar el tema. San Martín pidió “de manera urgente, ya sea el administrador municipal, la dirección de control, secretaría municipal, dirección jurídica o quien la administración considere pertinente, nos expongan el resultado del informe final porque francamente es bastante complejo para el municipio de Las Condes”.

En esa línea, afirmó que el motivo para tratar el tema en el concejo siguiente era para que como instancia “pidamos informes de rendición de cuentas a todas las organizaciones receptoras de fondos municipales, tantas personas jurídicas de derecho público y de derecho privado para el año 2022 y 2023. Aquí será necesario por supuesto con la dirección de control para ver cuáles de esas instituciones entregaron informes y cuáles será necesario que ellos entreguen”.

Las palabras de la otrora militante de Evópoli fueron apoyadas en la solicitud por la concejala Catalina Ugarte (Republicano). Sin embargo, ambas peticiones -al menos en la sesión- no tuvieron respuesta de parte de la alcaldesa Peñaloza.