Aranceles regulados, forma de pago y condonación: los grandes nudos en la discusión del proyecto del gobierno que supera al CAE

Apenas el Presidente Gabriel Boric emitió su cadena nacional para presentar los principales lineamientos del proyecto de ley ingresado esta semana por el gobierno y que propone un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, dejando atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y condonando parcialmente las deudas educativas, comenzaron a aparecer algunas dudas sobre ciertos aspectos de la propuesta. Estas, a su vez, hacen suponer que se transformarán en los principales nudos que se tendrán que desatar en la discusión que arrancará formalmente el próximo martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

No por nada el vicepresidente de la UDI y exsubsecretario Máximo Pavez dijo en Radio Cooperativa este viernes que el proyecto “no va a ser ley (…) es un acto de campaña del gobierno y no va a alcanzar a ser tramitado, cóbrenme la palabra”.

La propuesta del Ejecutivo dice que las instituciones de educación superior que adscriban al instrumento de financiamiento se regirán por la regulación de aranceles del beneficio de la gratuidad, aunque con algunas condiciones distintas -más beneficiosas según el Ejecutivo- para las casas de estudio. Estas nuevas condiciones apuntan a que a los estudiantes pertenecientes al decil de mayores ingresos, y no a otros, se les podrá cobrar un monto equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de la institución.

Este punto en particular comenzó a hacer ruido a los rectores apenas se comenzó a rumorear, hace largos meses, que esto podía ser así. Y hoy, con el proyecto ya en mano, ha sido apuntado como un aspecto negativo y que debe revisar sí o sí, incluso desde universidades estatales.

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, advirtió en Desde la Redacción de La Tercera que con los aranceles regulados -dinero que el Estado le transfiere a las instituciones por cada beneficiario- en el FES “hay un riesgo en el largo plazo, y en el mediano incluso”, por ejemplo. Devés, en todo caso, no ha sido la única. Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales, dijo en Radio Duna que el FES “va a producir severos daños al sistema puesto que va a empobrecerlo, sin ninguna duda”.

Expertos e instituciones han dicho que al menos debería discutir el ampliar el copago hacia otros deciles, además de que los aranceles regulados se acerquen al costo real de las carreras, los que, dicen, con el beneficio de la gratuidad hasta aquí les generan detrimentos.

Junto con los aranceles regulados es, quizás, uno de los principales temas de discusión que tendrá el proyecto, que básicamente propone un plan voluntario que abarca a todos los deudores del CAE de forma voluntaria, pero obligatorio para aquellos a los que se les ejecutó o se les vaya ejecutando la garantía estatal del CAE.

Para esto habrá un descuento basal inicial para todos, con distintos montos según la caracterización de deudores; y la posibilidad de prepagar -con un descuento adicional- el saldo tras la condonación parcial inicial. Si es que el saldo es igual a cero, la persona automáticamente ve extinguida su deuda y si no, deberá pagar lo restante en cuotas contingentes a su ingreso. El proyecto actual también suma beneficios tributarios para quienes ya terminaron de pagar su CAE.

Y ya desde antes de su presentación en sociedad esto se anunciaba difícil de destrabar. Incluso dentro del propio oficialismo enfrentó al FA con el Socialismo Democrático. Paulina Vodanovic, presidenta del PS, dijo por ejemplo que era un “ofertón electoral”. También hubo dardos desde la oposición, donde han señalado, entre otras cosas, que es “inmoral”.

“Aquí no podemos hacer un perdonazo”, ha dicho, por ejemplo, Sergio Bobadilla (UDI), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se comenzará discutir el proyecto. Este aspecto en concreto es uno de los intransables del gobierno, pues conlleva cumplir -parcialmente- su promesa de campaña.

El proyecto del Presidente Gabriel Boric se ha presentado como un sistema pensado para que quienes no califiquen a la gratuidad puedan acceder a la educación superior sin costo durante la duración de sus carreras, bajo el compromiso de contribuir con un porcentaje de sus ingresos, sin intereses, una vez en el mercado laboral. El sistema financia los años que dura cada carrera y uno adicional, eximiendo a los estudiantes de pago mientras se forman.

En la propuesta se establece que los beneficiarios quedarán obligados a contribuir al Fisco un monto de dinero anual y contingente a su ingreso, exigible luego de transcurridos doce meses desde el egreso o de la declaración de deserción o eliminación académica de la persona. La contribución se cobrará sobre la renta total de la persona beneficiada, con tramos de ingresos para ese cálculo: las rentas que no excedan de 7,5 Unidades Tributarias Anuales (UTA), algo así como $ 500.000, estarán exentas de esta contribución; sobre la parte que exceda de 7,5 y no sobrepase 11,2 UTA, 13% de ese excedente; y sobre la parte que exceda de 11,2 UTA, 15% de ese excedente. El monto anual de contribución no podrá exceder el 7% de la renta total, pero para quienes ganen más de 45 UTA ($ 3 millones mensuales) el tope sube a 8%.

El proyecto, a su vez, dice que las personas estarán obligadas a pagar la contribución por una cantidad de años equivalente a multiplicar por dos el número de semestres cursados que hayan sido financiados por el instrumento, con un tope máximo de veinte años. Por ejemplo, si una persona estudió 8 semestres con este sistema, contribuirá durante 16 años ininterrumpidos, salvo algunas excepciones reguladas. Nadie podrá “acortar” el tiempo a contribuir.

El tema es que el proyecto el pago se establece en una medida de tiempo y no de dinero, por lo que podría haber casos en que algunos profesionales -los con mayores ingresos- terminarán pagando “más” de lo que realmente le costó estudiar. Y eso es lo que ha sido cuestionado por algunas personas y que tendrá que ser destrabado en la discusión que se viene. Por ejemplo, Ignacio Gepp, socio de Puente Sur Tax, decía hace unos días a Pulso que “el exceso que la persona paga al sistema, porque la contribución al sistema sería mayor al costo de la carrera potencial, vendría siendo un híbrido entre lo que podría denominarse un impuesto y un interés, porque la persona aportará más al sistema de lo que el sistema le aportó”.

“Los sistemas anteriores estaban diseñados para que el deudor pagara, a lo sumo, el monto de su deuda; es por ello que eran concebidos como créditos. El FES, en cambio, es, en la práctica, un impuesto al graduado y por eso para ciertas personas -buena trayectoria laboral- la retribución que realicen les implicará pagar más o bastante más que lo que el Estado haya gastado en sus estudios”, dice Juan Eduardo Vargas, vicerrector académico de la U. Finis Terrae y exsubsecretario de Educación Superior.

En el Ejecutivo justifican esto señalando que el sistema es voluntario y que al hacer esto incluyen el componente solidario que siempre se comprometió. Pero también, que quienes terminen pagando “de más”, será una porción menor de estudiantes, recordando que incluso habrá algunos que no deban pagar.

La iniciativa del Ejecutivo posterga la gratuidad universal en educación superior, toda vez que se propone que los requisitos económicos actuales que el país debe cumplir para ir ampliando el beneficio, que por ahora alcanza al 60% de la población, se eleven. ¿La razón? Que la universalidad de la gratuidad se aplace y los recursos que habría que desembolsar para abarcar más deciles no compitan con los que necesita el FES para instalarse. Pero la postergación de la gratuidad no es el único efecto colateral del proyecto.

El Informe Financiero de la Dirección de Presupuestos (Dipres) dice que “también serán reemplazadas las Becas de Arancel de la Ley de Presupuestos”, que son las becas de Educación Superior. “Se considera que seguirán vigentes las becas de reparación y cumplimiento de sentencias, de vocación de profesor y de hijos de profesionales de la educación”, se lee.

“Con este proyecto de ley estamos ordenando los instrumentos de financiamiento estudiantil, reemplazando las becas y créditos por el FES”, dijo al respecto a La Tercera el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agregando que en el tránsito al nuevo sistema “hemos planteado un cambio en el ritmo de implementación de la gratuidad y en el actual sistema de becas racionalizando los gastos fiscales en aras de garantizar que el país cuente con los recursos necesarios para resguardar el derecho a la educación en este nivel y en todo el sistema educativo, en consonancia con la perspectiva de trayectoria que hemos impulsado desde el ministerio”.

Al respecto, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, señaló en redes sociales que el hecho de haber establecido que “la postergación de la gratuidad sea un ahorro es una jugarreta” y que “eliminar las becas, confuso, y tendrá que ser explicado”. Esto, dicen en la oposición, deberá ser mejor argumentado.

A su vez, y con el recuerdo fresco de la polémica que se generó una vez conocido el millonario sueldo que percibía la exministra de Educación, Marcela Cubillos, en su época de académica de la U. San Sebastián con personas defendiendo la independencia de la casa de estudios, en el proyecto se establecen exigencias en materia de información pública a las instituciones de educación superior que accedan al instrumento, incluyendo a las privadas, las que tendrían que cumplir en un plazo de 3 años y que apuntan a mantener a disposición su estructura organizacional; la planta del personal con las correspondientes remuneraciones y las transferencias de fondos públicos o donaciones que perciban.

Otro de los nudos y dudas que deberá despejar La Moneda es sobre los costos reales que tendría aplicarlo. De hecho, diversos expertos han cuestionado el informe financiero del proyecto que reemplaza al CAE, que entre otras cosas dice que el sistema generará ahorro neto para el Fisco a partir del segundo año.

“El sistema propuesto posee numerosos elementos y mezcla los flujos derivados de múltiples componentes, desde los desembolsos e ingresos debido al FES, hasta ahorros debido a la postergación de la gratuidad. Ello hace difícil evaluar en conjunto, no obstante, las proyecciones presentadas se basan en una serie de supuestos que sí es posible cuestionar debido a que son, en el mejor de los casos, inciertos”, sostuvo la economista de LyD, María Paz Arzola.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, su sumó a las críticas. Lo primero que menciona es que “para estimar el costo fiscal de un proyecto de estas características, donde no es posible estimar todos los posibles comportamientos, usualmente se hace con escenarios de los estudiantes que optan por las nuevas condiciones, aquellos que deciden tomar un crédito con estas condiciones, especialmente aquellos que van a tener que pagar 3 o 4 veces el monto de la carrera, de recaudación, entre otros”.

En esa línea, el ministro Mario Marcel aseguró en los días posteriores a la presentación del proyecto que “taxativamente, esta es una propuesta que no cuesta más de lo que hay actualmente y lo que hacia el futuro habría costado el sistema vigente. Muchas veces en la discusión pública hay quienes intervienen suponiendo que el CAE era gratuito para el Estado, que no le costaba nada”, y que la propuesta de condonación “busca justicia, equilibrio y reconocer el esfuerzo y los problemas de cada uno”.