Armas no letales, financiamiento y control de indentidad: los nudos de la ley de seguridad municipal que se vota hoy en comisión

A minutos de la votación clave para encauzar la ley de Seguridad Municipal en el Congreso, alcaldes de distintos sectores siguen con atención la sesión que se llevará a cabo a partir de las 15:00 en la comisión unida de Seguridad y Gobierno del Senado.

El debate girará en torno a aspectos sensibles para la gestión municipal, como el uso de armas no letales, el financiamiento y la ampliación de atribuciones para los guardias municipales.

Desde hace varios días y más aun considerando algunos sucesos de la semana pasada, como el atropello del que fueron víctimas guardias municipales en Vitacura, las gestiones se intensificaron y si el Ejecutivo desplegó a sus autoridades, entre ellas la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien se reunió con la alcaldesa Camila Merino, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) sostuvo un encuentro en La Moneda con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para dialogar sobre el proyecto y sus implicancias. Todos apuntando a apurar al Congreso.

Durante esta jornada en el Parlamento se seguirá tramitando la ley que fortalece las funciones de seguridad de los municipios. Entre otras disposiciones, la normativa endurece las penas para quienes agredan a guardias municipales, permite aumentar la dotación de estos funcionarios sin tope y distribuye financiamiento para los municipios.

Ante la premura de los últimos hechos se ha acordado acelerar su despacho para el segundo trámite legislativo. Sin embargo, uno de los puntos que siguen generando debate es el uso de armas no letales, en especial la pistola taser.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel José Ossandón, prepara una indicación para reavivar la discusión sobre este dispositivo y buscar su incorporación en el proyecto de ley.

El senador indicó que la ley “no es lo que parece”, explicando que se votará “un proyecto que la gente cree que reforzará la seguridad en las comunas, cuando en realidad solo regula los contratos de los guardias municipales. No es la ley que los municipios necesitan”.

Por ello adelantó que presentará una indicación que, a su juicio, es fundamental: “Voy a ingresar una indicación para la incorporación del uso de pistolas taser, para que los guardias de seguridad tengan herramientas reales para enfrentar la delincuencia”, afirmó.

Pese a la resistencia del Ejecutivo, que actualmente implementa esta herramienta en un plan piloto con Carabineros, algunos alcaldes ya han fijado su postura respecto a estas medidas, que han sido planteadas como “métodos de defensa” ante la delincuencia.

En este contexto, una serie de alcaldes de oposición se reunirán en la Municipalidad de Independencia para seguir presionando por el proyecto de ley. Entre ellos están Agustín Iglesias (Independencia), Camila Merino (Vitacura), José Manuel Palacios (La Reina), Carol Bown (San Miguel), Rodrigo Contreras (Paine), Isabel Valenzuela (Colina) y Paula Gárate (Melipilla).

Uno de los puntos clave que han planteado los ediles es “el aumento de atribuciones municipales en materia de seguridad, como la persecución de delitos en flagrancia y los controles de identidad”. El alcalde Iglesias destacó que este es un punto de consenso entre los alcaldes presentes.

Posteriormente, los jefes comunales se trasladarán a la sede del Parlamento, donde las comisiones unidas de Seguridad y Gobierno del Senado iniciarán la votación del proyecto.

Otro de los puntos que mantienen en vilo la discusión legislativa es el financiamiento del proyecto de ley, el cual ha sido duramente criticado por los alcaldes debido a los bajos ingresos que recibirían anualmente para sostenerlo. Esto, dicen, les dificulta la posibilidad de equipar a los guardias municipales con otros utensilios de protección.

En 2023, bajo la gestión del entonces subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, se ingresó el proyecto de ley con el anuncio de que uno de sus principales aspectos sería la destinación de $5 mil millones anuales a un fondo para que los municipios adquieran elementos de protección para sus guardias municipales. Entre estos se incluyen bastones retráctiles, chalecos antibalas y formación especial para desempeñar estos nuevos roles.

Sin embargo, a pesar del consenso transversal en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, el financiamiento sigue siendo un punto de conflicto. Uno de los principales críticos es el alcalde de Pirque y presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Jaime Escudero, quien ha advertido sobre la creciente presencia del crimen organizado en estas comunas. En los últimos días, por ejemplo, se registró el asesinato de una pareja en la comuna de Graneros.

En ese sentido, el edil afirma que si bien la ley es un avance, sin financiamiento adecuado su implementación será insuficiente. “Nosotros, en general, estamos contentos con esta ley. Hemos sido convocados y la hemos estado apoyando, pero necesitamos que no solo se apruebe la ley, sino que el gobierno garantice su financiamiento para muchas de sus disposiciones. Hoy ni siquiera tenemos la capacidad de contratar nuevos funcionarios pero, obviamente, debe haber financiamiento. Y sí, queremos avanzar, al menos para las comunas rurales, en el uso de armas no letales”.

El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores (DC), advirtió que el financiamiento sigue siendo insuficiente. “Tenemos un problema: la plata no alcanza. Lo que ha señalado el gobierno es que son $5.100 millones divididos en tres años. Con $1.700 millones por año no llegamos a ninguna parte. Y por otro lado, con $200 millones para montar plataformas, quién sabe”.

Además explicó que “vamos a tener un buen proyecto, pero con dificultades para poder aplicarlo. Los municipios ricos podrán implementarlo, mientras que los municipios pobres se quedarán fuera, y los municipios rurales necesitan condiciones especiales de asistencia, a diferencia de los urbanos”, concluyó.