Asesor de Velasco, Eyzaguirre y Céspedes: el alto funcionario del Registro Civil que entró en el radar de la Fiscalía por sus nexos con Tesorería y Leonarda Villalobos

La investigación en torno al caso que involucra a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer sigue abriendo diversas aristas, a partir de la sospecha principal: el pago de sobornos a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a cambio de favorecer a los negocios de Factop.

Es en ese contexto que han ido apareciendo distintos antecedentes en la causa que llevan el fiscal Felipe Sepúlveda y su equipo. El primero -y que también apareció en la indagatoria interna del SII- tiene que ver con lo que se ufanaba Sauer: no haber pagado una multa de $3.500 millones, se presume, en el año 2018. Aunque lo que resta saber es si para acceder a este “perdonazo” realizó el pago de $100 millones como soborno, tal cual lo señala en el audio filtrado por Ciper. Y si eso fue así, esclarecer a quién se coimeó.

El segundo antecedente que surgió ha sido de la revisión de cámaras. Hasta ahora no hay pistas sobre el ir y venir de Leonarda Villalobos al Servicio, y tampoco la concurrencia de una persona de la CMF yendo a la oficina de Hermosilla la tarde del 22 de junio. El tiempo que se guardan las imágenes en estos dispositivos de grabación es demasiado corto y no tienen una duración prolongada en el tiempo, según detectaron los investigadores.

Pero hubo otro elemento que surgió a partir de una de las últimas declaraciones de Villalobos: la existencia de un abogado que la asesoraba a ella y Hermosilla en temas tributarios y de boletas.

A partir de esa declaración, y como lo ha hecho con todo lo que ha ido declarando Villalobos en la causa, el Ministerio Público revisó quién podría ser esta persona y lo encontró. Se trata de Adrián Fuentes Campos, abogado, titulado de la Universidad Católica y hoy alto asesor jurídico del Registro Civil.

Desde el 1 de abril es asesor jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil y su última remuneración bordea los $4.8 millones. Su labor no es meramente de escritorio, pues el 7 de agosto, por ejemplo, concurrió con el director del servicio, Omar Morales (PR), a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Su experticia está radicada en la asesoraría en la tramitación de leyes.

El abogado fue citado a declarar por la Fiscalía la semana pasada. Lo hizo en calidad de testigo y allí se le consultó sobre sus asesorías a Villalobos y Hermosilla, y si esto fue o no remunerado, siendo funcionario público, tomando en cuenta que la reunión filtrada en el audio es de junio, y él comenzó a trabajar en el Registro Civil en abril de este año.

Su versión descarta cualquier “irregularidad”. Según transmitió, solo prestó una asesoría a Villalobos, pero respecto a la corrección de un escrito, antes de entrar al Registro Civil, y como abogado particular.

Pero su paso por el servicio público no es nuevo. Entre 2003 y 2010 trabajó como asesor jurídico del Ministerio de Hacienda, siendo asesor de los ministros Nicolás Eyzaguirre (2000-2006) y de Andrés Velasco (2006-2010), coincidiendo en las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

“En el Ministerio de Hacienda (2003-2010) me correspondió participar en la gestión legislativa y seguimiento de avances en la tramitación de proyectos prioritarios del Ministerio de Hacienda. En especial participé en la discusión, redacción y ejecución, entre otras leyes, de la N° 20.119, que modificó las atribuciones de la UAF; N° 20.019, que creó las Organizaciones Deportivas Profesionales; N° 20.283, sobre Bosque Nativo y Fomento Forestal; N° 20.322, que perfeccionó la jurisdicción tributaria y aduanera; N° 20.309, que creó la empresa Casa de Moneda S.A., y N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, dice el propio abogado en su cuenta de Linkedin.

Entre 2010 y 2014 trabajó como funcionario en la Unidad de Lavado de Activos (UAF), organismo especializado en la detección de operaciones de blanqueo de capitales por parte de personas y bandas criminales. Allí su rol era coordinar la entrega de informes y participar en encuentros internacionales.

Terminado ese periodo, que coincidió con la finalización del primer gobierno de Sebastián Piñera, el abogado Flores volvió al Ejecutivo nuevamente con la administración Bachelet. En esa oportunidad lo hizo para asesorar jurídicamente en la tramitación legislativa al ministro de Economía en 2014, Luis Felipe Céspedes.

En Economía no solo estuvo con Céspedes, sino que también con Jorge Rodríguez Grossi. Se transformó en un inamovible para el Ejecutivo, tanto así que su concurrencia al Congreso para la discusión legislativa de los proyectos era reiterada.

Al terminar el gobierno, en 2018, volvió a caer en un puesto clave, como oficial de cumplimiento en la Tesorería General de la República. Es ahí donde los investigadores han clavado sus sospechas y diligencias, ya que dicho organismo es el encargado de cobrar los tributos.

Su especialidad es el derecho administrativo. Por lo mismo, en su perfil dice ser tener “habilidades de liderazgo, destacan su capacidad de negociación, con marcada vocación de servicio y colaboración. Además, cuenta con sensibilidad para detectar y comprender las señales sociales, económicas, culturales, de política pública y políticas del entorno e incorporarlas a la estrategia institucional”.

También se define como “asesor de gobiernos y empresas en temas de índole financiera, mercados regulados, en especial compliance, lavado de activos y, en tal calidad, responsable de análisis de legislación, normativa y regulaciones preventivas del lavado de activos, a nivel nacional y comparativo regional, y la elaboración de informes jurídicos, confección y redacción de resoluciones y contratos en el área económica y financiera”.

Es a raíz de esta experticia, relatan fuentes del caso, que Villalobos pidió su asesoría, dado que tenían un amigo en común. Las versiones de la abogada y del ahora asesor del Registro Civil ya están sobre la mesa del Ministerio Público, quienes serán los encargados de dilucidar si hubo o no algo ilícito en estos servicios.