“Ataques terroristas”, “comuneros mapuche” y “delincuentes”: los conceptos de La Araucanía que enfrentaron a Felipe Kast con Anatel

La semántica, o las expresiones lingüísticas para describir los delitos que ocurren entre las regiones del Biobío y La Araucanía nunca ha encontrado un acuerdo transversal. Si al comienzo el gobierno se enredó con la denominación del “Wallmapu”, y la administración anterior acuñó esta agrupación geográfica como “Macrozona Sur” o a los hechos que ahí ocurren como “violencia rural”; esta vez fue el senador por la zona, Felipe Kast (Evopoli), quien quiso sugerir un tratamiento distinto a estas terminologías en la televisión nacional.

En un oficio enviado a través de la secretaría del Senado, Kast pidió a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) que “si lo tiene a bien, se sirva evaluar medidas comunicativas de los diversos medios de comunicación que integra la referida Asociación, con el objetivo de efectuar una justa diferenciación entre los comuneros mapuches y los miembros de bandas de crimen organizado en la Macrozona Sur al momento de informar los distintos hechos noticiosos de esta zona del país, puesto que existe una gran separación entre la población mapuche con sus legítimas demandas indígenas y los violentistas que lucran gracias a negocios ilícitos”.

Anatel está compuesta por un directorio de cinco personas, donde actualmente el presidente es el exdiputado de RD, Pablo Vidal. Hasta antes de su designación quien dirigía la asociación era Ernesto Corona, quien se desempeñó en el cargo desde 2011, siendo el encargado de representar a directores las señales de televisión abierta. El “traspaso de mando” se concretó en mayo.

Antes de irse fue Corona quien recibió la carta de Kast, quien le expuso que “es irrespetuoso mezclar al pueblo mapuche con el grupo de criminales que tienen azotadas a la población de la Macrozona Sur, pues, evidentemente a estos últimos les conviene esconderse detrás de la palabra ‘comuneros’ para procurar gozar de impunidad”, por lo que solicitó “realizar todas las consideraciones que estime pertinente a los efectos señalados, especialmente en lo que dice relación con establecer una comunicación justa, veraz y oportuna para dar a conocer a la opinión pública los ataques terroristas que sufre la ciudadanía en el sur del país”.

Finalmente, la respuesta de Anatel al senador llegó a mediados de este mes, firmada por Corona, desestimando las sugerencias del parlamentario. En el oficio remitido a la Cámara Alta, el gremio expuso que el exministro de Desarrollo Social (2010-2011) “cree necesario entregar orientaciones al trabajo profesional de los medios de comunicación. Nos parecería gravísimo que un representante del Poder Legislativo pretendiera imponer normas al trabajo periodístico, profesional y responsable de los medios de comunicación en general y la televisión en particular. Si ese fuera el propósito, nos vemos en la obligación de rechazar terminantemente esto, por atentar a la libertad de expresión y editorial de nuestros servicios noticiosos”.

En la respuesta de la Asociación, además, se asume que están sujetos a la Ley de Prensa, a la supervisión del Consejo Nacional de Televisión y junto con todos los medios de comunicación, de instancias de autorregulación independientes, como son la Federación de Medios y Consejo de Autorregulación Publicitaria de CONAR.

Corona termina la carta entregando su total “respaldo al trabajo profesional de los directivos de prensa y sus periodistas y me siento orgulloso de su aporte a la información nacional e invito, con el mejor ánimo de colaborar a las inquietudes del señor Kast, a que tome contacto con nuestros periodistas para intercambiar opiniones en un diálogo respetuoso y constructivo”.

El cruce de oficios no escaló más y la terminología se suma a una de las tantas aristas de un conflicto que sigue generando tensiones en todos los niveles.